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Después del revés judicial que tuvieron las resoluciones del Ministerio de Seguridad de Chubut, el gobernador debió rubricar un nuevo decreto para adecuarse a las medidas del Gobierno nacional. Se mantienen las restricciones a la circulación. Se habilita la ejecución de obra pública y privada y otras actividades comerciales, además de puntos de cobro extra bancarios no regulados por el BCRA. Leé el texto completo del Decreto 305.

El gobernador Mariano Arcioni firmó este lunes por la noche un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que en su parte centraladhiere al contenido y condiciones que estableció el Gobierno nacional en el comienzo del aislamiento socialpreventivo y obligatoria, el pasado 20 de marzo.

El DNU de Arcioni precisa, además, lasprohibiciones y excepciones, y realiza un ordenamiento de la normativa aplicable en el territorio provincial en el marco de la pandemia de coronavirus.

El decreto, que lleva el número 305, incorpora como permitidas las actividades que fueron acordadas por el gobernador Mariano Arcioni y los intendentes, y que recibieron el aval de la Jefatura de Ministros de la Nación. Estas se suman a las autorizadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó el Gobirno provincial en un comunicado.

De ese acuerdo, que se elaboró el 14 de abril pasado en Rawson, se habilitaron las obras de infraestructura y construcción, sean públicas o privadas, y se comprenden todos aquellos servicios profesionales, técnicos, matriculados en caso de corresponder, y servicios afines. Dicha autorización tendrá validez de lunes a viernes de 8 a 16.

También se habilitó a la denominada “red de cobranza extra bancaria” que no requiera autorización del Banco Central, y allí quedan comprendidos municipios, Cooperativas de Servicios Eléctricos y Agua Potable y operadores de TV e Internet. Podrán atender al público, con las restricciones vigentes en cuanto a la permanencia simultánea de personas, de lunes a viernes de 8 a 16.

Se establece además que dichas actividades se podrán ampliar cuando lo dispongan normas nacionales o provinciales.

También se limita el horario de atención al público en todos los establecimientos comerciales hasta las 19:30, a excepción de las farmacias de turno, estaciones de servicio, panaderías, casas de venta de comidas ya elaboradas y los que integran el rubro gastronómico.

En el caso del rubro gastronómico y otros productos alimenticios podrán funcionar a puertas cerradas delunes a viernes de10a 19:30, bajo la modalidad “comida para llevar”, y de 10 hasta las 22 bajo la modalidad de “reparto a domicilio”. Los viernes y sábados el horario de venta bajo la modalidad “reparto a domicilio” se extenderá hasta las 23.

Se establece además que los comercios dedicados a la venta de productos alimenticios, cualquiera sea su modalidad o dimensión, se encuentran impedidos de comercializar productos de indumentaria, artículos de electrónica, electrodomésticos y afines de manera presencial.

Restricciones a la Circulación

Se dispone que los vehículos particulares no podrán circular con más de dos ocupantes en el interior de su cabina; salvo motivos de urgencia o fuerza mayor, o razones debidamente justificados.

La circulación dentro de los ejidos de las ciudades de Chubut se limita a las actividades autorizadas y se deberá cumplir de acuerdo a las reglas y los protocolos sanitarios establecidos a esos fines.

El Ministerio de Seguridad autorizará excepciones a través de la plataforma digital del Ministerio de Seguridad de Chubut. En caso de que, por motivos de conectividad, no se pudiere implementar eficientemente la plataforma, en cada uno de los municipios y comunas, se establecerán lugares a los fines de la obtención de las autorizaciones pertinentes.

También continúa limitada la circulación entre las ciudades de la provincia, a excepción de la relacionada con emergencias médicas, laborales debidamente autorizadas y a los transportes de cargas. Y se dispone la suspensión de los servicios de las líneas interurbanas de todas las empresas de transporte de la Provincia.

Además se restringe al 50% la capacidad de los servicios de transporte de pasajeros en las líneas urbanas de todas la Empresas de Transporte de la Provincia.

El gobernador Mariano Arcioni firmó este lunes por la noche un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que en su parte central adhiere al contenido y condiciones que estableció el Gobierno nacional en el comienzo del aislamiento socialpreventivo y obligatoria, el pasado 20 de marzo.

El DNU de Arcioni precisa, además, las prohibiciones y excepciones, y realiza un ordenamiento de la normativa aplicable en el territorio provincial en el marco de la pandemia de coronavirus.

El decreto, que lleva el número 305, incorpora como permitidas las actividades que fueron acordadas por el gobernador Mariano Arcioni y los intendentes, y que recibieron el aval de la Jefatura de Ministros de la Nación. Estas se suman a las autorizadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, informó el Gobierno provincial en un comunicado.

De ese acuerdo, que se elaboró el 14 de abril pasado en Rawson, se habilitaron las obras de infraestructura y construcción, sean públicas o privadas, y se comprenden todos aquellos servicios profesionales, técnicos, matriculados en caso de corresponder, y servicios afines. Dicha autorización tendrá validez de lunes a viernes de 8 a 16.

También se habilitó a la denominada “red de cobranza extra bancaria” que no requiera autorización del Banco Central, y allí quedan comprendidos municipios, Cooperativas de Servicios Eléctricos y Agua Potable y operadores de TV e Internet. Podrán atender al público, con las restricciones vigentes en cuanto a la permanencia simultánea de personas, de lunes a viernes de 8 a 16.

Se establece además que dichas actividades se podrán ampliar cuando lo dispongan normas nacionales o provinciales.

También se limita el horario de atención al público en todos los establecimientos comerciales hasta las 19:30, a excepción de las farmacias de turno, estaciones de servicio, panaderías, casas de venta de comidas ya elaboradas y los que integran el rubro gastronómico.

En el caso del rubro gastronómico y otros productos alimenticios podrán funcionar a puertas cerradas delunes a viernes de10a 19:30, bajo la modalidad “comida para llevar”, y de 10 hasta las 22 bajo la modalidad de “reparto a domicilio”. Los viernes y sábados el horario de venta bajo la modalidad “reparto a domicilio” se extenderá hasta las 23.

Se establece además que los comercios dedicados a la venta de productos alimenticios, cualquiera sea su modalidad o dimensión, se encuentran impedidos de comercializar productos de indumentaria, artículos de electrónica, electrodomésticos y afines de manera presencial.

Restricciones a la Circulación

Se dispone que los vehículos particulares no podrán circular con más de dos ocupantes en el interior de su cabina; salvo motivos de urgencia o fuerza mayor, o razones debidamente justificados.

La circulación dentro de los ejidos de las ciudades de Chubut se limita a las actividades autorizadas y se deberá cumplir de acuerdo a las reglas y los protocolos sanitarios establecidos a esos fines.

El Ministerio de Seguridad autorizará excepciones a través de la plataforma digital del Ministerio de Seguridad de Chubut. En caso de que, por motivos de conectividad, no se pudiere implementar eficientemente la plataforma, en cada uno de los municipios y comunas, se establecerán lugares a los fines de la obtención de las autorizaciones pertinentes.

También continúa limitada la circulación entre las ciudades de la provincia, a excepción de la relacionada con emergencias médicas, laborales debidamente autorizadas y a los transportes de cargas. Y se dispone la suspensión de los servicios de las líneas interurbanas de todas las empresas de transporte de la Provincia.

Además se restringe al 50% la capacidad de los servicios de transporte de pasajeros en las líneas urbanas de todas la Empresas de Transporte de la Provincia.

Fue luego de la difusión de una información falsa que circulaba por las redes sociales.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, desmintió haber firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer el uso obligatorio de barbijos o elementos de protección que el Ministerio de Salud aconseje.

“Es falso”, enfatizó Arcioni al ser consultado por los periodistas.

Agregó que “este tipo de cosas que mal informan de manera malintencionada”, y solicitó que “seamos por favor responsables aquellos que manejan redes sociales, porque mienten, desinforman y generan pánico”.

El mandatario explicó que “por esa razón damos un parte diario oficial para que no haya desinformación, y toda la que se distribuya sea información oficial”.

“Esas cosas molestan porque lo único que hacen es confundir. Por suerte son los menos y los chubutenses están tomando con mucha conciencia cada medida que hemos tomado”, concluyó Arcioni.

El Gobierno envió a los diputados provinciales el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dota al Ministerio de Salud con $90 millones para adquirir equipamiento e insumos con la finalidad de combatir el Coronavirus.

Crea una Comisión Supervisora para el control de las compras y advierte que esta autorización no afectará las facultades de la ley de Contrataciones.
La gestion del gobernador Mariano Arcioni envió a los diputados del oficialismo y la oposición el DNU vinculado a la autorización al Ministerio de Salud para realizar compras para hacerle frente al Coronavirus.

“Que en tales condiciones, debe disponerse un curso de acción que permita de modo inmediato y sin obstáculos la adquisición del equipamiento y los insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia del Covid-19”, sostiene el DNU al que accedió EL CHUBUT.

Esgrime que en lo estrictamente sanitario, “el contexto actual en modo alguno resulta favorable para llevar a cabo los necesarios procedimientos de prevención, planificación y ejecución de acciones ante la certeza e incógnita que genera un factor extraordinario como el Covid 19”.

Justifica este mecanismo en “la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones», celeridad que queda impedida «con los trámites ordinarios previstos en las Leyes vigentes para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado provincial”.

El artículo 1 autoriza a la cartera sanitaria “a realizar las compras de equipamientos e insumos médicos que resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid-19 de manera directa”.

Asimismo, el artículo 2 precisa que la autorización “no afectará las restantes facultades que el Reglamento de Contrataciones otorgan a las autoridades del organismo”.

Los organismos que componen la Comisión

La Comisión Supervisora de las contrataciones y compras realizadas con los 90 millones de pesos que destinará el Gobierno provincial para combatir la pandemia será controla por los ministerio de Economía y Crédito Público y de Gobierno; por el Contador General; el Fiscal de Estado; el presidente del Tribunal de Cuentas; el Presidente de la Legislatura provincial; los presidentes de cada uno de los bloques integrantes de la Casa de las Leyes; el Presidente del Superior Tribunal de Justicia; el Procurador General; y el Defensor General.

“La Comisión tendrá a su cargo la supervisión de las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto, como así también el control de la utilización de los capitales provenientes de fondos de asignación específica”, sostiene el artículo del DNU al que accedió EL CHUBUT.

Deja en claro que se le correrá vista de las actuaciones que se generen, en forma previa al dictado del acto administrativo que decida la compra, “a los integrantes de los órganos a los fines de que formulen las observaciones que consideren pertinentes en el plazo de 48 horas hábiles”.

Luego del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que estableció un aislamiento obligatorio por el avance del coronavirus, la primera dama Fabiola Yañez compartió un vídeo bajo la premisa «Quedate en casa».

En el spot participaron figuras como Lionel Messi, Tini Stoessel, Alejandro Lerner, Marley, Luisana Lopilato y Facundo Arana. Todos unidos bajo el mismo lema, quedarse en casa y reducir la propagación del virus.

¡Mirá el spot oficial, acá!

Tal como se indica en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), emitido ayer por la Presidencia de la Nación.

El Gobierno de la Provincia, a través de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), informó que «de acuerdo a lo indicado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado ayer, 19 de marzo de 2020, las actividades operativas portuarias están comprendidas dentro de las excepciones».

Al respecto, autoridades portuarias explicaron que «tal como se indica en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia, quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios”.

«Las actividades portuarias se ven comprendidas en los siguientes apartados: actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca y actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior” detallaron desde la Administración.

Actividades portuarias

Asimismo, se informó que «se realiza la descarga de dos buques poteros en los sitios 5 y 6 del Muelle Almirante Storni, está operando un buque containero en el sitio 3, que lleva entre otras cosas lana y langostino de exportación y se espera para la tarde de hoy el ingreso de un buque mercante para realizar carga de aluminio».

Cabe mencionar que «en todos estos casos las actividades se llevan adelante cumpliendo con los controles sanitarios que se venían realizando para preservar de esta manera la salud de la comunidad portuaria y en general».

El sistema pasará de la órbita del Ejecutivo a la del máximo tribunal penal, tras el reclamo de «arrepentidos» que declararon en causas contra el kirchnerismo y que temen por su seguridad.

A menos de un mes para dejar la presidencia Mauricio Macri firmará en las próximas horas el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que transfiere del Gobierno al Poder Judicial el programa de protección de testigos. Con esta medida el sistema quedará a cargo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Se espera que el documento que reglamenta el traspaso se publique el jueves en el Boletín Oficial.

La medida responde al reclamo que hicieron varios «arrepentidos» como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz, que temen por su seguridad ante la vuelta del kirchnerismo al poder. Ya que declararon en la Justicia e involucraron a empresarios y exfuncionarios K en causas como los cuadernos de las coimas, La Ruta del Dinero K y Ciccone.

Las alarmas de preocupación entre los testigos protegidos se prendieron en las elecciones primarias, en las que Alberto Fernández se impuso por 17 puntos ante Macri. En ese momento se produjeron una gran cantidad de reclamos para transferir el programa, y los pedidos siguieron luego del triunfo del Frente de Todos en las presidenciales.

Preocupados ante el cambio de rumbo político los testigos protegidos hicieron sus reclamos ante el Ministerio de Justicia, liderado por Germán Garavano. El funcionario consultó sobre la posibilidad del traspaso con jueces de la Corte Suprema e incluso con Casación, que se mostraron disconformes. La Justicia considera que deberá hacerse cargo de una estructura grande sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que dependen del Gobierno, informó TN.

Desde el Ejecutivo adelantaron que transferirán los recursos que sean necesarios para garantizar el cumplimiento del programa, consigna La Nación. Los fondos estarán incluidos en el presupuesto que administra el Consejo de la Magistratura, que recibirá los activos asignados al sistema.

El Gobierno nacional dispuso reducir las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.

El Poder Ejecutivo estableció, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones, la aplicación del siguiente criterio:

— A los fines del cálculo del valor del ingreso base se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor.

— Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

— Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta la fecha en que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente a la tasa de variación de las RIPTE en el período considerado.

— En caso de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) no pongan a disposición el pago de la indemnización dentro del plazo debido, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a 30 días del Banco Nación, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral.

El Gobierno justificó esta medida al recordar que el año pasado se dictó una resolución que impulsó el pago de indemnizaciones por parte de las ART, permitiendo que estas utilicen reservas técnicas para la celebración de acuerdos conciliatorios.

«Se elevó el monto mínimo de reserva por juicio, fijando una actualización periódica para que el transcurso del tiempo no afecte la relación entre ese pasivo constituido y la realidad económica imperante a lo largo del tiempo», puntualizó el Poder Ejecutivo.

Y añadió que por «la manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema instituido en beneficio de los trabajadores».

«Actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al 90%», señaló el DNU.

En ese sentido, el texto oficial indicó que «el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma».

Por ese motivo, la Casa Rosada resaltó que «ante los recientes acontecimientos económico-financieros que son de público conocimiento, es indispensable adoptar medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo», así lo reseña Elonce.

Mientras la oposición presiona por la emergencia alimentaria, la Casa Rosada evalúa la chance de un DNU en caso de no poder destrabar la ley de refinanciación cuando regrese el candidato a presidente del Frente de Todos.

Mientras espera una señal de Alberto Fernández, el Gobierno advierte que el peronismo difícilmente se decida a acompañar un proyecto de ley que lo habilite a refinanciar la deuda emitida bajo jurisdicción local y entonces, aunque sin demasiado apuro, empieza a analizar la posibilidad de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia. 

La iniciativa se encuentra virtualmente estancada desde que fue anunciada por el Gobierno. Es que debía haber llegado el viernes pasado al Congreso, pero ante la falta de consenso el oficialismo decidió postergar su envío para poder negociar con la oposición; por lo que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; decidió cancelar su presentación ante la Bicameral de Control de la Deuda, prevista para el miércoles.

La intención de consensuar un proyecto con la oposición obedece a la necesidad de evitar cuestionamientos, para que su aprobación holgada implicara una señal de confianza a los mercados.

Sin embargo, con Alberto Fernández de gira por Europa y el peronismo enfocado en discutir la emergencia alimentaria, más que dispuesto a fijar una postura en un tema que, entiende, debe resolver el Gobierno; los plazos se estiran más de lo previsto por la Casa Rosada.

Si bien los puentes y el diálogo entre los principales interlocutores se mantiene, y en el Gobierno avisan que primero “se agotarán todas las instancias de negociación”, el Ejecutivo comienza a analizar la posibilidad de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia. “Viene lento y el DNU es una alternativa. Pero tenemos tiempo”, planteó una voz del oficialismo que participa de las negociaciones.

El DNU fue, en definitiva, una de las propuestas que hizo la oposición en las charlas informales que hubo hasta el momento. El primero que lo sugirió fue el líder del Frente Renovador Sergio Massadías atrás en la reunión que, tal como reveló Clarín, mantuvo esta semana en sus oficinas de la zona de Retiro, con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y su vice, Sebastián García de Luca; y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

También fue lo que plantearon desde el Bloque Justicialista del Senado al presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo; y a Miguel Pichetto, compañero de fórmula de Macri.

Aunque también están quienes lo objetan y advierten que podría ser impugnado judicialmente porque “se necesita sí o sí una ley”, el decreto sería, en cualquier caso, una salida intermedia al asunto: serviría para ganar tiempo en medio de la crisis económica y cambiaria que se reavivó tras las PASO.

Como publicó Clarín en su edición impresa de este viernes, Agustín Rossi, jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria;  dijo estar “en desacuerdo que sea un DNU”. “En mi opinión personal, no hay urgencia porque es un título (el Bonar 2020) que vence el año que viene”, expuso ante este diario. 

Pero en la oposición hay quienes ven al DNU como una salida alternativa. Consideran que ese decreto podría evaluarse en el Congreso luego de las elecciones del 27 de octubre y que, ante un eventual triunfo de Alberto Fernández, podría ser el presidente electo quien en tándem con los legisladores pueda imponer las nuevas fechas de vencimiento de mediano y largo plazo; lo que le permitiría al nuevo Gobierno tener poder de decisión sobre el tema y no arrancar condicionado por decisiones de Mauricio Macri.

Según pudo saber Clarín, tanto el cordobés Carlos Caserio, titular del Bloque PJ en el Senado; como Massa; estuvieron en contacto con Alberto Fernández. En el Gobierno entienden que más allá del diálogo con los distintos representantes parlamentarios, la llave la tiene el candidato a presidente, que sigue en contacto con Macri, pero no muestra apuro en dar definiciones sobre el tema.

Aunque el oficialismo se esfuerza en mantener la expectativa de que las negociaciones van a llegar a buen puerto y confía en que una vez que regrese Alberto F. puede intentar consensuar un proyecto, la estrategia del peronismo es clara: por el momento no va a obstaculizar un proyecto, pero tampoco va a pagar el costo de resolverlo. “Es un tema que tienen que solucionarlo ustedes”, fue el mensaje que le transmitieron a dos interlocutores del Gobierno.

Una curiosidad: mientras el Gobierno dice que negocia con la oposición, desde el entorno del ex ministro de Economía y candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna; aseguraron a este diario que todavía “nadie del Gobierno se contactó” para dialogar sobre la refinanciación de la deuda. “No llegó ni el borrador ni nadie nos contó de que se trata el proyecto”, indicaron, informó El Clarín.

La arquitectura del borrador ya está siendo diseñada por el ministro Cerdá de Hidrocarburos; Antonena de Economía; y Martínez de Fiscalía de Estado. Tendrá el respaldo de operadoras, sindicatos y la Ofephi. El stand by en los aumentos de los combustibles por 90 días impacta en el crudo que se comercializa en el mercado interno.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 566/2019, que congela el precio del crudo y del dólar por tres meses a los valores de cierre del 9 de agosto, generó irritación en los sectores vinculados a la actividad hidrocarburífera y ya hay en marcha un aluvión de amparos.

Este volantazo del Gobierno nacional por el duro revés electoral obliga a las empresas a comercializar los combustibles con un dólar a $ 45,19 y una cotización del Brent a u$s 59 por barril.

Este desfasaje también impacta en las alicaídas arcas de la provincia del Chubut, en donde las regalías representan aproximadamente un 30% del total de ingresos.

Frente a este escenario, según el diario El Chubut los ministros Martín Cerdá (Hidrocarburos) y Oscar Antonena (Economía); y el Fiscal de Estado Christian Martínez, ya trabajan en la ingeniería de un amparo que buscará declarar la inconstitucionalidad del DNU firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Cerdá confirmó que el martes viajará a Rawson para reunirse con el encargado de las finanzas provinciales y precisar con exactitud la pérdida de ingresos que registrará Chubut con este congelamiento.

Con el dato exacto de la merma de ingresos por regalías, Martínez comenzará a volcar la información a la demanda y finalmente la revisará el gobernador Mariano Arcioni. «El viernes estaríamos presentado el amparo», vaticinó el fiscal de Estado.

“NO NOS CONSULTARON”

Un dato de vital importancia y que robustecerá la presentación de la demanda, es que tanto las empresas petroleras, como los sindicatos y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) respaldarán el amparo no solo de Chubut, sino también de Neuquén y de Santa Cruz, que fueron los distritos que activaron en forma inmediata medidas judiciales para frenar los efectos del DNU.

Cerdá no ocultó su malestar por esta medida de Macri, principalmente porque “no nos consultaron, no nos dieron la posibilidad de escuchar nuestra postura, nos cerraron todas las puertas, por lo tanto vamos a ir a la Justicia”.

El ministro de Hidrocarburos detalló que el congelamiento en el precio del barril y del dólar resentirá la recaudación por regalías petroleras y precisó que el impacto medular se dará en la producción que se comercializa en el mercado interno.

“Todo ese volumen de crudo está afectado por ese decreto, poniéndole un tope al valor del barril en 59 dólares. Pero también fija el dólar a 45,19 y es ahí donde se genera uno de los perjuicios más grandes”, recalcó el funcionario que conduce la cartera de Hidrocarburos. Más del 50 por ciento de la producción de la Cuenca del Golfo se destina al abastecimiento del mercado interno, particularmente a las refinerías que son las que compran el crudo.

Cerdá puntualizó que el decreto “nos generará una merma del ingreso por regalías que rondará en el 10 por ciento”. El número aún no está pulido, aunque pronosticó que el techo de las pérdidas no será superior al 15 por ciento.