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Los dólares para cumplir con los vencimientos hasta fin de año, están. Pero al Tesoro le faltarán pesos.

El control de cambiosimplementado por el ministroHernán Lacunzaconsiguió estabilizar al dólar, un logro que parece sencillo pero que se presentaba muy difícil después del resultado de las PASO.

Lacunza aparece ahora «sentado» sobre la caja de dólares administrando lagran cantidad de trabasy dificultades propias de pasar de un sistema de amplia libertad a otro de manejo discrecional caracterizado por la escasez de divisas frente a un escenario político-económico incierto.

Una fotografía de la caja de dólares del Gobierno ,muestra que las reservas «netas»del Banco Central, que incluyen las propias del organismo y los US$7.200 millones del Fondo Monetario destinados a fortalecerlas, rondan los US$11.00 millones.

En la partida de enfrente, los vencimientos de compromisos en dólares, tanto con privados como con los organismos financieros internacionales, supera por poco losUS$ 7000 millonesdesde ahora hasta fin de año.

A primera vista, el Gobierno no debería tener problemas para cumplir con los compromisos de dólares hasta fin de año pero le faltan los de pesos.

Según los cálculos de Daniel Artana,economista jefe deFiel,esas obligaciones rondarían los $250.000 millones los que habría que adicionarle otros $150.000 millones por el déficit fiscal primario lo que haría un total de$400.000 millones.

Con un mercado externo cerrado para la colocación de deuda argentina, las necesidades de pesos las deberían cubrir con financiamiento doméstico y es en ese punto donde surge la posibilidad de tener que recurrir a la vieja y conocida emisión monetaria.

A tres semanas del control de cambios y con una inflación que en septiembre podría rondar 5,5% el Gobierno optó por aflojar elcorsé monetario y en la semana anunció nuevas pautas de crecimiento para la cantidad de pesos en circulación. No haberlo hecho, opinan los expertos, sólo hubiese conducido a profundizar el impacto recesivo del salto cambiario posterior a las PASO del 11 de agosto.

El aflojamientode la dureza monetaria será uno de los temas que tratará en la semana Lacunza con los funcionarios del FMI en Washington que ahora tienen un argumento adicional para justificar la demora del desembolso deUS$5.400 millonesque, según entienden dentro y fuera del Gobierno, llegaría después de las elecciones del 27 de octubre.

La acción del Gobierno es intensa: aplicó el control de cambios y logró serenar al dólar. Los bancos reconocen queel goteo de depósitosse redujo en forma sensible. La autorización de 4% de suba en los combustiblesdemuestra que los congelamientos se puede vulnerar en caso de cambios importantes en variables clave como el petróleo y, por último, sacó una extensa resolución sobre operaciones de comercio exterior para fijar con más precisión las liquidaciones de exportaciones.

En resumen, todo sea para cuidar los dólares en el entendimiento de que los ingresos de divisas serán contados en las próximas semanas. Y despues, según la visión de los operadores financieros, el curso cambiario dependerá de las señales que emita Alberto Fernández en caso de ganar la elección.

Hasta ahora dejó en claro que piensa renegociar la deuda con el FMI y con los acreedores privados, que buscaráexpandir el consumo en base a un acuerdo de precios y salarios con empresarios y sindicalistas y alentar las exportaciones de la mano de un dólar alto con un régimen especial para la energía deVaca Muertay un regreso a lasretenciones para las exportaciones agropecuarias para tratar de bajar el déficit fiscal.

La idea de un dólar alto aparece como denominador común de los pronósticos económicos para los próximos años. Sin un dólar de ese tipo  que, por otra parte sería el resultado de la escasez, es dificil que las exportaciones repunten. Pero esa sería una condición necesaria pero insuficiente en un mundo en el que el comercio mundial va para abajo.

El panorama económico se presenta colmado de restricciones y la necesidad de un plan sustentable cobra relevancia día a día. Mientras tanto, los ahorristas se refugian en los dólares esperando a que los acontecimientos sucedan, informó El Clarín.

Esa es la resolución de la autoridad monetaria frente a las gestiones que impulsaron desde el sector inmobiliario.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó este jueves que las personas que requieran acceder a dólares para comprar su primera vivienda podrán comprar hasta U$S100 mil a pesar del esquema de control cambiario.

A través de su comunicación 6787, la autoridad monetaria confirmó que se «permitirá acceso al mercado de cambios de las personas humanas para la compra de inmuebles en el país destinados a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente».

La misma circular indica que «el acceso se realiza por hasta el monto del préstamo o el equivalente a 100.000 dólares estadounidenses, el monto que resulte menor».

Se aclaró que se contemplarán «fondos provenientes de préstamos hipotecarios otorgados por entidades financieras locales» y que «en caso de existir codeudores, el acceso se registre en forma individual a nombre de cada persona humana por hasta el monto prorrateado que les corresponda».

La definición se conoció luego de una serie de reuniones que los representantes del sector inmobiliario mantuvieron con funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Banco Central para solicitar un mecanismo que permita el acceso a los dólares para la compra de viviendas a raíz de los controles cambiarios que se fijaron a principio de mes, que en el caso de las personas humanas fijan un límite mensual de 10.000 dólares, informó El Clarín.

Está en el menor nivel histórico: 5,5 por ciento anual. Una decisión celebrada por el presidente Jair Bolsonaro, que intenta reanimar la economía del país.

El Banco Central de Brasil recortó este miércoles en medio punto porcentual la tasa de interés de referencia, Selic, para llevarla al menor nivel histórico, de 5,5% anual, una decisión celebrada inmediatamente por el presidente Jair Bolsonaro, que intenta reanimar la economía del país.

La esperada decisión del Comité de Política Monetaria (Copom) del banco fue unánime y, en un marco de estancamiento económico e inflación controlada, representa la segunda rebaja consecutiva de la Selic.

En la nota en la que divulgó el recorte, el el Copom indicó que el escenario externo «sigue incierto» y también que permanecen vigentes «los riesgos asociados a una desaceleración más intensa de la economía global».

Pese a eso, aseguró que el ciclo de aflojamiento monetario que inició en julio podrá seguir.

«La consolidación de un escenario benigno para la inflación prospectiva deberá permitir un ajuste adicional en el grado de estímulo” económico, dijo el Copom, que consideró esencial para la continuidad estructural de la baja de tasas mantener el proceso de reformas y ajustes de la economía brasileña.

«En nuestro gobierno, por segunda vez, la más baja tasa de interés de la historia de Brasil. Es la economía funcionando», comentó Bolsonaro tras la decisión del Copom.

El colegiado de nueve miembros, que se reúne cada 45 días, decidió la rebaja en un contexto de economía estancada e inflación baja, que este año se situaría en 3,4%, por debajo del centro de la meta perseguida por el Banco Central, que es de 4,25% este año, con un margen de tolerancia de 1,5%.

El Copom, además, recortó su proyección de inflación anual para el 2019, a 3,3%, desde 3,6% en julio. Para el año próximo, la estimación pasó a 3,6%, desde un 3,9% previo.

La decisión de recorte de la tasa referencial sigue a una rebaja también de medio punto tomada en julio luego de 16 meses de estabilidad.

El mercado financiero brasileño apuesta a un nuevo recorte de 50 puntos básicos el próximo mes, en la que sería otra medida de relajamiento monetario para impulsar el crecimiento de la economía del país, la mayor de América Latina.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil avanzó un 0,4% entre abril y junio respecto al primer trimestre. El mercado financiero brasileño prevé para este año una expansión de la economía de apenas 0,87%, informó El Clarín.

El Fondo adelantó que “en las próximas semanas dialogará con las autoridades sobre estos y otros temas” y reiteró que “sigue comprometido con Argentina”.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reaccionó este miércoles a los recientes cambios en la política monetaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y ratificó que «sigue comprometido» con el país. 

«El BCRA anunció nuevas metas monetarias hoy. Esperamos que las reuniones con las autoridades argentinas en las próximas semanas sean una oportunidad para dialogar (sobre estos y otros temas)», indicaron voceros del organismo multilateral de crédito a Clarín.

La autoridad monetaria que conduce Guido Sandleris informó este miércoles que «las nuevas metas contemplan un crecimiento de la base monetaria del 2,5% mensual en septiembre y octubre».

«Para garantizar el carácter contractivo de la política monetaria, el Comité de Política Monetaria juzga necesario aumentar el límite inferior para la tasa de interés de las Letras de Liquidez (LELIQ) del 58% actual a 78% en septiembre, durante el pico inflacionario. Para octubre, este límite se establece en 68%, de manera consistente con las proyecciones del mercado respecto a una desaceleración en la tasa de inflación», detalló la comunicación del BCRA. 

Asimismo, mediante una breve manifestación, reiteraron que «el personal del FMI sigue comprometido con Argentina y continúa trabajando con las autoridades para abordar la difícil situación que enfrenta la Argentina». 

El de este miércoles fue el segundo que realizó el FMI en menos de una semana para respaldar a la Argentina. El pasado jueves, su portavoz Gerry Rice aseguró durante una rueda de prensa en Washington que están «plenamente comprometidos con seguir adelante».

«La situación siguió siendo sumamente difícil, el nivel de inflación siguió siendo muy elevado y eso hizo incrementar la tasa de pobreza, la actividad económica disminuyó», advirtió el vocero del FMI al hacer referencia a la situación que atraviesa la Argentina a raíz del cimbronazo financiero posterior a las elecciones primarias. 

Rice también confirmó que a finales de este mes recibirán en Washington a una delegación que encabezará el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza para continuar con las conversaciones respecto al crédito por U$S56.300 millones que se le otorgó al país y se presume que se analizará la situación del próximo desembolso por U$S5.400 millones, informó El Clarín.

Son quienes cobran el haber mínimo y no acudieron a moratorias, a quienes les correspoden 11.582 pesos. Habían cobrado 11.528.

ANSeS informó que, con los haberes de octubre, 1,1 millón de jubilados y pensionados cobrarán un retroactivo de 54 pesos.

Este reajuste es porque, con el aumento con vigencia desde el 1° de agosto pasado, el salario mínimo, vital y móvil se fijó en 14.125 pesos. En consecuencia, a los jubilados que cobran el haber mínimo y se jubilaron sin acudir a la moratoria les corresponde el 82% de ese importe, o sea 11.582 pesos. Y cobraron el haber mínimo, entonces de 11.528 pesos, sin ese plus porque la suba del salario mínimo se aprobó después que los jubilados percibieron sus haberes. Por eso, el próximo mes, cobrarán ese retroactivo de 54 pesos (11.582 menos 11.528).

Ese plus no se extiende a septiembre porque el haber mínimo aumentó durante este mes a 12.937,22 pesos, superando el 82% del salario mínimo.

En cambio, como ya informó Clarín, en octubre el 82% del salario mínimo -que será 16.875 pesos- equivale a 13.837,50, lo que representa 900 pesos por encima del haber mínimo. Lo mismo pasará en noviembre. Y ya en diciembre, el haber mínimo volverá a superar el 82% del salario mínimo.

Ese incremento se efectivizará solo por dos meses. Y es restringido,  porque la ley que entró en vigencia a fines de 2017 fijó un piso del 82% sobre el salario mínimo, vital y móvil para quienes se jubilaron con los años completos de aportes sin haber ingresado a moratorias.

Los que perciben el haber mínimo y se jubilaron recurriendo en forma total o parcial a la moratoria recibirán solo el monto mínimo bruto de 12.937 pesos.

Así, en octubre y noviembre habrá dos haberes mínimos: de 12.937 pesos -para los que se jubilaron con moratoria- y de 13.837.50 pesospara los que se jubilaron con al menos 30 años de aportes.

Reciénen diciembre, con el aumento previsto del 8,71%, ambos haberes mínimos se unificarán en 14.064 pesos. Y eso pasará porque el 82% del salario mínimo volverá a ser inferior a la jubilación mínima.

Así las cosas, y después de haber sufrido una fuerte pérdida en 2016 y 2018 frente a la inflación, con los cuatro aumentos trimestrales de este año, las jubilaciones tendrán un incremento nominal del 51,03%.

De este modo, y con una inflación estimada en el 55% según el último relevamiento de las consultoras privadas, los jubilados no solo no recuperarán ni recortarán lo perdido en los últimos años, sino que volverán a perder frente a la suba de precios, informó El Clarín.

Un fallo prohibió operar vuelos nocturnos. El Gobierno apeló. Qué dice Alberto Fernández. Qué quieren los gremios.

Hasta el momento, sólo en lo que va del año, las tres aerolíneas «low cost» que operan en el país transportaron dos millones de pasajeros. ¿Se los quitaron a Aerolíneas Argentinas? Todo indica que no: tanto en julio como en agosto, Aerolíneas superó por primera vez el récord de más de 900.000 pasajeros trasportados por mes,en vuelos de cabotaje.

Para cuando termine el año, habrán volado dentro de la Argentina casi cuatro millones más de pasajeros que cuatro años atrás. El total de pasajeros, entre vuelos nacionales e internacionales, superará el récord de 30 millones.

Tanto Macri como su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich se refieren a este fenómeno como la «revolución de los aviones». ¿Si Alberto Fernández resulta elegido presidente, su política será la que piden los gremios aeronáuticos, sin aerolíneas «low cost» y con Aerolíneas/Austral como actores excluyentes del mercado? Parte de respuesta está en la pulseada políticaque hay en estos días en torno al aeropuerto de El Palomar.

La Cámara Federal de San Martín tiene en sus manos la decisión de una causa que implica algo más que la legítima preocupación vecinalpor el «derecho al descanso», o, en términos más generales, por las consecuencias del funcionamiento de un aeropuerto comercial dentro de una «región densamente poblada».

Esos son los términos según los cuales la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, ordenó que a partir del próximo lunes 23 dejen de funcionar los vuelos nocturnosen el aeropuerto de El Palomar. Pero todo indica que detrás de esa causa hay además una pulseada política, y que la cámara de apelaciones bonaerense pasó a ser el árbitro de la disputa.

En El Palomar operan dos de las tres aerolíneas «low cost», Flybondi y JetSmart, las cuales junto con Norwegianllegaron a la Argentina de la mano Macri y Dietrich. Los ejecutivos de las dos líneas aéreas ya explicaron que si se les limita el horario de operaciones, directamente deja de tener sentido el negocio en sí, el cual consiste en tener a sus aviones volando la mayor parte del día. «Nosotros operamos desde las seis de la mañana hasta pasada la medianoche», dijo el gerente general de JetSmart, Gonzalo Pérez Corral. «Esta medida pone en riesgo la sustentabilidad de las operaciones», agregó Sebastián Pereira, CEO de Flybondi.

Fue por ese motivo que, días atrás, Dietrich planteó, con tono de intimación, que si la Justicia persiste en sostener la decisión de cancelar el horario nocturno de este aeropuerto, «hay un serio riesgo» de que deje de operar por completo. El razonamiento es que si para las «low cost» no es negocio dejar sus aviones en tierra entre las 10 de la noche y las siete de la mañana, entonces se tendrán que mudar. Y las 800 personas que hoy trabajan en el aeropuerto, de las cuales (según fuentes del Gobierno nacional) al menos un 80% viven en esa misma localidad o localidad vecinas, perderían sus fuentes de trabajo. Lo mismo ocurriría para taxis, remises y otros proveedores de bienes y servicios.

Desde que el Gobierno sugirió en 2017 que habilitaría a El Palomar como aeropuerto comercial, hubo vecinos o entidades vecinales que se opusieron. Una de las primeras voces en contra provino del colegio Emaús, que en su predio de seis hectáreas de El Palomar imparte educación primaria y secundaria. «Les contamos cómo sería la actividad del aeropuerto y dejaron de objetarnos», dijeron esta semana fuentes del ministerio de Transportes.

Otra de las objeciones fue un recurso de amparo contra la decisión oficial que presentó el abogado Lucas Marisi, titular de un «colectivo» que bautizó«Stop Flybondi»ante la jueza Forns. En marzo de 2018 la jueza,integrante del foro Justicia Legítima(es Revisora de Cuentas suplente de la entidad) se excusó de seguir entendiendo en la causa, alegando «violencia moral» por parte de Marisi, por declaraciones que el joven abogado había hecho en su contra en el canal Crónica TV.

Dieciocho meses más tarde de aquella decisión, en la semana que siguió al triunfo en las PASO de Alberto Fernández, la jueza Forns dio lugar a un nuevo pedido de Marisi y ordenó que las operaciones en el aeropuerto cesen todos los días, de 22 a 7 de la mañana. En sus considerandos mencionó el «derecho al descanso» de los vecinos, planteado por el denunciante, así como la noción de que El Palomar es una zona «densamente poblada». Un criterio que, de mantenerse, podría ser aplicado a futuro en aeropuertos geográficamente insertos en sus respectivas ciudades, como son Aeroparque o incluso Córdoba.

Pero la cuestión de fondo es otra y se refiere a la continuidad de las «low cost» frente al posible triunfo del Frente de Todos en las elecciones de octubre. El candidato Fernández ya mostró sus reparos cuando dijo en declaraciones a Radio Mitre: «Tengo que mirar el caso Flybondi, de los viajes low cost. Han desvalijado a Aerolíneas», informó El Clarín.

Superará al pico de este año, que fue 4,7% en marzo. Pegará de lleno el impacto de la devaluación post PASO.

Después del salto que pegó en agosto, tras la devaluación post PASO, la inflación de septiembre iría mucho más lejos aún. Según los cálculos de los economistas, el incremento de los precios oscilaría entre el 5 y el 6,5%. Es decir, sería el número más alto del año.

Javier Alvaredo, es uno de los economistas que tiene las proyecciones menos optimistas: 6,5% estima desde su consultora ACM, como producto del pasaje a precios de la devaluación (pass through) y un arrastre de 2,5 puntos, como mínimo, de la inflación de agosto.

Según la consultora LCG el dato de septiembre también va a estar por encima del 6% (un 10% en total que se reparte en el bimestre agosto-septiembre). En cambio, otros analistas sostienen que la suba, en el mes de la Primavera, estará en el orden del 5%, como es el caso del estudio Ferreres&Asociados. Su director, Fausto Spotorno comentó que las subas más fuertes se dieron en electrodomésticos, equipos de vídeo y de audio.

También maneja una proyección del 5%, el economista Ramiro Castiñeira, quien siempre explica que la inflación es producto de la alta emisión monetaria. «Al emitir tantos pesos, el Gobierno quiso contenerlos aumentando la tasa, que llegó al 85%, y eso siempre termina matando el nivel de actividad», explica.

«Si bien los precios están más vinculados a la variación del dolar oficial, la brecha entre el éste dolar y el paralelo (de prácticamente el 25%) habla de la gran presión que hay», según el analista. «Por otro lado, la devaluación del peso superior al 30%, fue directamente a los precios y los que reaccionan con más rapidez, en este sentido, son los alimentos, aún con la medida que adoptó el Gobierno de quitar el IVA a un conjunto de 14 productos básicos, explicó.

Alvaredo apunta que, en septiembre, incidió la recomposición de márgenes en otros productos como la indumentaria y los artículos para el hogar, más atados a la variación del dólar, además de los alimentos. En éstos, el ajuste se hizo visible, por caso, en la renovación del programa oficial de Precios Cuidados, donde se admitió que la suba promedio fue de 4,66%.

Para la consultora Ecolatina, la suba en los alimentos durante agosto, fue importante, a pesar de verse atenuada por la quita de IVA en alimentos. «Estos aumentos impactaron parcialmente el mes pasado y terminarán de verse reflejados en el próximo dato. Así, el salto del dólar habrá causado que la inflación del bimestre agosto-septiembre trepe hasta alrededor de 10%», señaló en un reciente informe.

Acerca de qué pasará con los precios en adelante, según Ecolatina «en el último trimestre del año, la dinámica de los precios dependerá de que se pueda contener el tipo de cambio. Si la cotización del dólar se mantiene estable en los niveles actuales, podríamos volver a ver una desaceleración paulatina del ritmo de aumentos. De cualquier manera, estimamos que la inflación se ubicará por encima del 50% este año, superando todos los registros desde el inicio de la convertibilidad hace casi 30 años», informó el Clarín.

El organismo aprobó subsidios para pymes y cooperativas en nueve pequeñas localidades de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Buscan reducir la brecha digital y mejorar la conectividad.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que preside Silvana Giudici, aprobó subsidios por $44,7 millones, para nueve cooperativas y pymes en pequeñas localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El programa es financiado por el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, al que aportan el 1% de sus ingresos los operadores de servicios de telecomunicaciones.

El programa busca reducir la brecha digital y mejorar la conectividad en localidades con menos de 10.000 habitantes. Desde su creación, en 2016, ya entregó $317 millones, en 186 localidades de todo el país.

El mayor proyecto lo tiene la empresa con participación estatal Jujuy Digital, a la cual en junio pasado le asignaron $23,9 millones para conectar 19 localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional 40, como Coyaguaima, Loma Blanca y Susques, entre otras. «Este acuerdo forma parte del Plan de Conectividad que impulsa el gobierno del presidente Macri, que consigna como fundamental que cualquier argentino, no importa donde viva, tenga acceso a Internet de calidad», dijo en ese entonces Silvana Giudici.

La presidenta del ENaCom, Silvana Giudici, junto al director Miguel Giubergia y la titular de SAPEM Jujuy Digital, en junio pasado, durante la firma del acuerdo para conectar 19 localidades jujeñas.

El Concurso de Aportes No Reembolsables del Servicio Universal tiene un financiamiento de $900 millones y está abierto a nuevos proyectos que busquen mejorar las redes fijas de acceso a Internet en áreas con necesidades insatisfechas.

«A través del fondo, se financia un 80% de inversiones del proyecto presentado, contemplando tanto los componentes de red como el equipamiento de las mismas, por un máximo de 5 millones de pesos por localidad y hasta 30 millones para todas las localidades objeto del proyecto», dijo una fuente de la Secretaría de Gobierno de Modernización.

El vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, también anunció la semana pasada otro beneficio para las pymes y cooperativas, al bajar y congelar la tarifa mayorista de acceso a Internet de Arsat. En esa ocasión, el precio por mega bajó de US$ 10 (unos $580) a $447, para que los prestadores del servicio de Internet puedan ofrecer conexiones de mayor velocidad, sin aumentar los precios de sus planes. Esa nueva tarifa se mantendrá sin cambios hasta el 31 de enero y luego irá aumentando en forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Hay más de 600 pymes y cooperativas que comercializan el servicio mayorista de Arsat, cuya red federal de fibra óptica tiene más de 30.000 kilómetros de fibra iluminada en todo el país, informó El Clarín.

Se abonará en dos cuotas. Los estatales jubilados percibirán un bono de $ 2.100. En los dos casos, será para quienes cobraron menos de $38.300 en agosto.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal se sumó, en plena campaña electoral, a las iniciativas para compensar a los empleados estatales bajo su órbita.

Así, la provincia determinó el pago de un Bono Extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de $3.000 para el personal activo y de $2.100 para el personal pasivo de la Administración Pública Provincial. Los docentes están excluidos del bono porque tienen cláusula gatillo, advirtieron fuentes de la gobernación.

En el instructivo firmado por la Gobernadora, se explicó que el bono se pagará al personal activo (de $3.000 por persona), en una suma única y fija, «cualquiera sea el organismo/modalidad/estatuto legal bajo el que los agentes efectúen la prestación de los servicios», señaló.

En cuanto a las condiciones para percibir el bono, se detalló que serán «agentes que, en el mes de agosto de 2019, hayan percibido una retribución mensual neta de descuentos asistenciales y previsionales, conformada por aquellos rubros salariales sean remunerativos o no remunerativos, regulares, habituales y permanentes, con exclusión de horas extras y asignaciones familiares, de hasta $38.300.

El bono se va a pagar en dos cuotas iguales de $1.500 cada una. La primera cuota será abonada el día 20 de septiembre y la segunda el 18 de octubre de 2019. La cuota se paga al personal que esté activo al momento del pago de cada una de ellas.

Según el instructivo, «quienes se encuentren percibiendo anticipo jubilatorio en el mes de agosto de 2019 y hubieran obtenido el cese por jubilación con anterioridad al 31 de agosto de dicho año, les corresponde el bono de $2.100 a ser abonado por el Instituto de Previsión Social al momento del pago de la prestación previsional.

En el caso de los trabajadores pasivos, a quienes les corresponde el bono de $2100, la provincia de Buenos Aires aclaró que lo cobrarán quienes, «en el mes de agosto de 2019, hayan percibido un haber mensual neto de descuentos de ley, con exclusión de asignaciones familiares, de hasta $38.300.

En este caso, se harán acreedores del bono, los beneficiarios de haberes jubilatorios y/o pensiones contributivas del Instituto de Previsión Social. Quedan excluídos del cobro, «los  beneficiarios de jubilaciones y/o pensiones correspondientes a la Ley 10.579». 

Para los agentes pasivos, el bono se cobrará en dos cuotas iguales de pesos mil cincuenta ($1.050) cada una, las cuales serán abonadas el día 20 de septiembre la primera cuota y el 18 de octubre de 2019 la segunda, informó El Clarín.

De esta manera se corta la racha descendente de los últimos meses. En lo que va del año, la suba de precios llega al 30% y trepa al 54,5% en la medición interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó este jueves lo que se esperaba: la inflación tuvo un fuerte repunte en agosto y alcanzó el 4 %, a tono con las estimaciones de las consultoras privadas.

Así, se corta la racha descendente de los últimos meses, que tuvo su punto más bajo con el 2,2% de julio. Y en septiembrese espera que el alza sea aún mayor.

Con el índice de agosto, el aumento en precios acumula un 30 % en lo que va del año y trepa al 54,5 % en los últimos 12 meses (agosto 2018-agosto 2019).

El nuevo salto inflacionario se explica principalmente porla devaluación después de las PASOdel 11 de agosto, en la que el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, superó por 16 puntos al presidente Mauricio Macri. En los días posteriores el dólar se disparó de 46 pesos hasta llegar a los 62, para luego estabilizarse en torno a los 57-58.

El IPC de agosto tuvo enAlimentos y bebidas no alcohólicasuno de los rubros con mayor alza (4,5 %), pese a la quita del IVA en los productos de la canasta básica, informó El Clarín.