o que amenazaba con ser una tormenta tropical terminó en apenas una garúa. Los presidentes de cámaras federales de todo el país, reunidos ayer en Resistencia, Chaco, apenas si debatieron problemas de funcionamiento del Poder Judicial y no se pronunciaron sobre las críticas de Alberto Fernández a la Justicia Federal, dijeron a LA NACION participantes del encuentro.

Fernández había dicho en su discurso de toma del mando en el Congreso que vio en tribunales «persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática». Por eso prometió: «Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos».

Alberto Fernández dijo que mandará leyes de reforma al Congreso «en los próximos días», aunque el asunto se pospuso ahora uno o dos meses hasta después del verano.

Algunos de los jueces federales de Comodoro Py coincidieron con el diagnóstico de Fernández, pero la mayoría rechaza esta idea del Poder Judicial y la justicia federal.

Al punto es así que anteayer la Cámara Federal reeligió como su presidente a Martín Irurzun, el camarista que para Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner es uno de los íconos de la Justicia que denuncian. Los camaristas le dieron respaldo a Irurzun como un mensaje interno a todo el Poder Judicial, según comentaron a quien quisiera escuchar.

Con esta impronta llegaron al Chaco los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, algunos de ellos dispuestos dar la batalla para introducir en un documento las quejas contra el diagnóstico del Presidente. La ocasión fue la celebración del 70 aniversario de la Cámara Federal de Resistencia.

Pero no lograron nada de ello. La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales debatió en cambio un orden del día que pasa por reclamar cuestiones de organización, por ejemplo, que el producido de la venta de bienes secuestrados se deposite en cuentas bancarias a nombre del tribunal que hizo el procedimiento, pedir vehículos oficiales, reclamar por problemas con el sistema informático Lex 100, demoras en la renovación de contratos, en los avances de obras, o los problemas de la Cámara Federal de Seguridad Social en materia de infraestructura y recursos humanos, entre otros.

Los jueces del interior no apoyaron las ideas de sus colegas porteños e interpretaron que los cuestionamientos presidenciales estaban más dirigidos a Comodoro Py que a la totalidad de la Justicia Federal.

Al mismo tiempo primó la idea de que primero hay que ver y analizar los proyectos de ley que prepara el Poder Ejecutivo para hacer reformas a la Justicia y luego pronunciarse.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, finalmente decidió no concurrir al acto de cierre de la celebración del aniversario de la Cámara Federal chaqueña.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, llegó al acto central para participar del homenaje. Algunos de los jueces que participaron de la reunión se mostraron desencantados ante la ausencia del magistrado en las deliberaciones y que solo llegara para el cierre.

Los jueces elaboraron un documento final y elevarán a Rosenkrantz esa conclusiones para que sea el vehículo de sus reclamos. En otras ocasiones los pronunciamientos de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales fueron disparadores de grandes cambios en la política judicial.

En 2013, en abril, el organismo le presentó a la Corte Suprema una serie de observaciones a los denominados proyectos de ley para la «democratización de la justicia».

La Corte recibió esos reclamos al tiempo que los proyectos pasaban por el Congreso. Pero luego, pronunciamientos judiciales concordantes con los planteos del organismo, determinaron que la promovida «democratización de la Justicia» del kirchnerismo quedara en la nada.

Asimismo, esta junta también formuló objeciones al procedimiento de designación de jueces subrogantes, lo que fue acogido por la Corte que declaró la inconstitucionalidad de ese mecanismo y estableció nuevas pautas.

Los jueces y los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández se volverán a ver las caras pasado mañana, cuando se realice la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

Es una ocasión donde se reúnen al menos 500 jueces nacionales y federales, fiscales y funcionarios judiciales. El presidente de la Asociación, el camarista, Marcelo Gallo Tagle, prepara un discurso de bienvenida al nuevo gobierno, medido, sin estridencias. El mismo tono promete la respuesta de la ministra Losardo, quien confirmó su asistencia, al igual que Rosenkrantz.