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El abogado penalista Sergio Miranda, que lleva adelante la querella de los diputados Blas Meza Evans, Alejandra Marcilla y Gabriela Dufour del Frente Para la Victoria, se sumó a los alegatos de los fiscales y sugirió a los jueces que a la hora de la sentencia tengan en cuenta el poder de Das Neves y lo millonario que se hizo Correa.

«Se decía que era una causa política y no lo vemos así. No es política, porque la prueba que se trajo a este proceso es muy extensa», señaló Mirando en el inicio de sus alegatos.

Con el objetivo de exhibir el rol clave y medular que tenía el principal imputado de la causa, recordó que Das Neves comenzó su mandato en 2003 y desde esa fecha «Correa era su mano derecha».

Recalcó que la asociación ilícita «quedó comprobada» y puso como ejemplo que a penas adquieren Dual Core «compran una camioneta de $ 700.000».

«Había un jefe que no era ni más ni menos que el secretario privado de Mario Das Neves», deslizó Miranda.
El abogado realizó un pedido particular: «Le pido al Tribunal que recuerde quién era Das Neves y cómo Correa realizó millonarios negocios. No duden a la hora de condenarlos».

En otro orden, apuntó contra la declaración del contador Federico Gatica, quien había expresado que conoció a Correa en 2016 en el marco de reuniones que hacía Das Neves con los síndicos de las empresas con participación estatal.

«Gatica formó parte del gobierno de Das Neves en 2004, no lo conoce a Correa en 2016, antes ya compartía reuniones y asados políticos», disparó Miranda, así lo informó El Chubut.

Asimismo, advirtió que el dinero para la construcción del emprendimiento de los consultorios médicos «lo ponía Correa y no Gatica, porque los pagos grandes los hacía Luthers que era el secretario de Correa».

En torno a las diferentes planillas que confeccionaba Diego Luthers, el abogado querellante puntualizó que «el mismo Correa le pidió a Luthers que haga la planilla para tener un control de los bienes que tenía».

A diferencia del resto de los acusadores, la querella del Frente Para la Victoria extendió los pedidos de absolución, alcanzando no solo a Darío Correa, sino también a Giuliana Mc Leod y al maestro mayor de obra, Jorge Godoy.

A través de un comunicado, la Asociación desmintió categóricamente que los jueces en la provincia cobren salarios de hasta $ 659.041,71 y  $ 592.803.18 como salario para la función de Secretario, información falsa que fue divulgada por medios nacionales.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut manifestó su preocupación por la divulgación en medios nacionales, de una información falsa sobre supuestos salarios percibidos por integrantes del Poder Judicial de la Provincia.

A través de un comunicado, la Asociación desmintió categóricamente que los jueces en la provincia sobren salarios de hasta $ 659.041,71 y  $ 592.803.18 como salario para la función de Secretario. Y reiteraron que los haberes que perciben la magistratura y funcionariado de la justicia de Chubut “distan de los que se  han dado a publicidad”, indicaron.

Además destacaron que “La mera referencia a cifras con imputaciones a retribuciones  inexistentes, además de desinformar y tergiversar la realidad salarial de un sector público provincial, menoscaban  la imagen y actuación de quienes desempeñamos tareas en este Poder del Estado, cuya delicada tarea es la de juzgar  y cuando lo hace ingresa en el hogar de cada persona, decide sobre su vida, su libertad, sus vínculos familiares, su reputación o su  propiedad”.

Asimismo, la Asociación aclaró que para corroborar la información, basta con acudir al Superior Tribunal de Justicia que cuenta con dicha información y proveerá a cualquier ciudadano los datos solicitados, con la sola petición, por tratarse de información pública.

“Damos a conocer que el sueldo de un  Juez de Cámara -la jerarquía más alta de la carrera judicial que se obtiene por concurso público e inferior inmediata al cargo de Ministro del Superior Tribunal, con veinte (20) años de antigüedad, se ubica en el rango 11° de la escala nacional y promedia en los $214.081,07”, detallaron en el documento.

“Apelamos a la prudencia y solicitamos la adopción de acciones de prevención en tanto volcar información inexacta en momentos de tanta conmoción no colabora para la consecución de la paz social pero si coadyuva a generar mayores conflictos”, señalaron.

La justicia laboral ha ido al extremo haciendo problemas que no tienen reparos en daños a las pequeñas empresas que inviertan en la ciudad de Trelew.-

Ha sido llamativo un Fallo judicial que condenó a la Clínica San Pablo SRL a pagar una suma millonaria a una empleada que se considera despedida. Cuando el reclamo principal era por una suma por indemnización; increíblemente el juez de primera instancia del Juzgado Laboral n ° 1, dr. Adrián DURET, y después de la Cámara de Apelación, de las Dras. Florencia CORDÓN y Natalia SPORTURNO, aumentaron dicho monto casi cuadruplicándolo.-

La justicia laboral ha ido al extremo haciendo problemas que no tienen reparos en daños a las pequeñas empresas que inviertan en nuestra ciudad.-

Lo más grave fue que decretaron un embargo por casi cinco millones de pesos a la empresa demandada, congelando las cuentas bancarias, poniendo en peligro el pago de sueldos de todos los empleados y los compromisos con proveedores.

La empresa debió a salir a buscar préstamos a tasas imposibles para poder afrontar el embargo, el cual resultó ser absolutamente exagerado.

El valle es así, que luego el mismo juez Adrián Duret que admite que el embargo había superado los gastos, el monto que se tuvo que pagar, y decidió devolver una suma millonaria que al día de la fecha no se ha devuelto (La urgencia no es justa al parecer), eso sí, tres meses después y poniendo «en jaque» a la empresa.-

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Quién paga el interés por el préstamo que tuvo que pedir empresa, ¿la «equivocación» del juez DURET? Al parecer siempre es fácil poner cifras millonarias cuando la plata no es de uno.

¿Cuál era el apuro de hacer un embargo preventivo de 5 millones de pesos sin tener definida la sentencia? ¿Pruebas, la mala actitud con el que ha actuado el Dr. Duret? Esto no tiene precedentes y sin dudas traerá serios problemas en la jurisprudencia laboral.

Será necesario que se efectúe una investigación para poder saber el por qué del ensañamiento con la Clínica San Pablo SRL- Se espera que pronto se efectúen las denuncias en el Consejo de la Magistratura para que los responsables den las explicaciones a tanta injusticia.-

Massoni volvió a cuestionar las protestas en las rutas. Cargó contra la Justicia y acusó a los magistrados de desentenderse de la situación. Los sindicatos estatales mantenían los cortes y hoy definirán en asambleas si levantan esperando que se complete el pago de julio.

«Un corte de ruta es un delito y ya hemos realizado presentaciones ante la Justicia Federal», dijo ayer el jefe de Gabinete de Chubut, Federico Massoni, en una embestida contra la protesta de los gremios estatales que iniciaron cortes por 48 horas, pero que podrían extenderse hasta que se complete el pago de sueldos de julio que no contemplan los aumentos firmados en paritarias.

El ministro Coordinador no asistió a la reunión del viernes con la Mesa de Unidad Sindical y los representantes gremiales por primera vez reconocieron alguna voluntad real de diálogo del Gobierno.

Ayer Massoni volvió a pronunciarse sobre la protesta y confirmó que avanzará con una nueva presentación ante la Justicia. «Un corte de ruta es un delito, están cortando rutas nacionales como la 3; 3 y 26; 3 y 39; y ya hemos realizado presentaciones ante la Justicia Federal pero caemos en una inacción de los jueces, hay una irresponsabilidad sobre los cortes de ruta», dijo.

Además, anunció que el juez Marcelo Nieto Di Biasi le informó que ya suspendió el hábeas corpus que se se había interpuesto evitando que el Gobierno avance en una acción de intentar despejar las rutas por las protestas de estatales.

Y adelantó Massoni que «voy a hacer una presentación porque necesitamos que no lo cierre y tome determinaciones, que busquemos el camino para que no haya afectación a terceros o quienes generan el ingreso de divisas que permitan salir de esta crisis lo antes posible».
Una vez más cargó contra los estatales por llevar su reclamo interrumpiendo el tránsito en las rutas, y dijo: «Yo puedo entender cualquier tipo de manifestación que respeto cuando el reclamo tiene una legitimidad, pero no puedo ni comprender ni avalar que un reclamo se esté sustentando en un delito como el corte de ruta.
Quiénes son estas personas, que sufren un perjuicio, para decir usted puede pasar y ustedes no», cuestionó.

ASAMBLEAS EN LAS RUTAS

Mientras tanto, los cortes en diferentes rutas nacionales de Chubut continuaban ayer por parte de trabajadores estatales pertenecientes a distintos gremios. Y aunque estaba anunciado que seguirían hasta hoy, como adelantó EL CHUBUT las medidas podrían extenderse al menos hasta el viernes.

El secretario general de Atech, Santiago Goodman, confirmó ayer desde el piquete en Ruta 3 al sur de Puerto Madryn, que ese corte «seguirá al menos hasta mañana (por hoy miércoles) y luego decidiremos en asamblea los pasos a seguir».

El corte de la ruta comenzó poco antes del mediodía del lunes y, según dijo el integrante de la MUS, se extenderá porque «no solo es por el pago del salario, que todavía no se completó, sino la regularización de la obra social y la mejora en la infraestructura escolar».

Dejó en claro además el líder sindical que «nosotros no estamos corriendo el eje del conflicto, estamos repitiendo lo mismo que dijimos desde un principio», insistiendo en que la Legislatura debe tratar un proyecto de ley para que se fije una contribución extraordinaria a los grandes capitales.

Los cortes también continuaban en la zona sur de la provincia afectando los accesos a los yacimientos petroleros. Lo mismo ocurría en la zona cordillerana con la protesta de estatales.

Lo mismo sucederá con fiscales y defensores de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn. Forma parte de las medidas adoptadas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut ante la falta del pago de los haberes de junio a la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial. Avanzarán con acciones civiles y penales contra el Gobierno provincial.

Tres de las siete jurisdicciones judiciales de Chubut solo atenderán desde este lunes causas urgentes y la medida podría replicarse en el resto de la Justicia ordinaria provincial. Es a partir de la crisis derivada del retraso en el pago de los sueldos por parte del Gobierno, quien todavía no ha podido cumplir con la liquidación de la masa salarial de junio. Además, la Asociación de Magistrados comunicó, a través de un documento institucional, que avanzará con acciones civiles y penales concretas.

De esa manera, a pocos días de iniciarse el octavo mes del año, los jueces, fiscales y defensores de las circunscripciones de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia acordaron atender solo aquellos casos relacionados con delitos graves y en los cuales hay personas detenidas, en tanto que no se llevarán adelante audiencias ni se continuarán con investigaciones o procesos en marcha en los cuales no haya detenidos.

Si bien los operadoras judiciales evitan hablar de un paro, se trata en la práctica de una virtual inmovilización del servicio de justicia en las tres ciudades más habitadas de la provincia y con un caudal de causas que sobrepasa al resto de las jurisdicciones.

La medida definida es mantener las guardias mínimas, pero solo para aquellos casos urgentes, con detenidos, en tanto que se suspenden todo tipo de audiencias de apertura de investigación, preliminares, juicios que no tengan detenidos y también se suspenden las investigaciones.

Al tiempo que se adoptaba esta decisión, se concretaron reuniones informales para analizar los pasos a seguir en el caso de que el Gobierno no logre cancelar la deuda salarial con los integrantes del Poder Judicial. En ese sentido se analizó la posibilidad de avanzar en denuncias por presunta malversación de fondos, o bien denuncias de auditoría a otros organismos nacionales y provinciales, aunque lo más extremos incluso plantearon que ante la virtual falta de funcionamiento de alguno de los tres poderes del estado se podría incurrir en causal de pedido para la intervención federal

Al pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut en las últimas horas se sumaron manifestaciones de adhesión de parte de organizaciones profesionales de nivel federal.

GUARDIAS MINIMAS

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, comunicó durante la noche del sábado que “en virtud de la información recibida en la reunión que se realizó el 26 de julio de 2019, a las 14 horas, en el Superior Tribunal de Justicia, con su Presidente Dr. Mario Vivas, a la que asistieron voluntariamente representantes de la Asociación, que da cuenta que más allá de los últimos 40 millones de pesos depositados por el Gobierno Provincial, insuficientes por cierto para el pago total de lo adeudado, no tenían ningún tipo de información concreta ni certera sobre cuando se recibiría el resto del dinero para terminar de abonar los haberes del mes de junio de 2019 y que el Superior Tribunal de Justicia, en esta coyuntura, no llevaría adelante ningún otro tipo de medidas por fuera del diálogo que mantiene de manera constante con el Poder Ejecutivo, en el entendimiento que es este el único medio a su alcance para obtener los fondos necesarios para afrontar el pago de los sueldos, hace saber que se está trabajando arduamente en acciones civiles y penales concretas, a presentarse en lo inmediato”.

Según el comunicado difundido, “ya se enviaron notas al Gobernador de la Provincia Esc. Arcioni, al Ministro de Economía Contador Tarrio y al Presidente del Banco Chubut S.A. Contador Julio Ramírez, en las que además de solicitar – a los dos primeros- el pago inmediato de los sueldos, se requirió se disponga la prórroga de los vencimientos de las tarjetas de crédito y créditos, para evitar se cobren los intereses que se devengaran por la falta de pago en término. (Todas ellas presentadas el 25 de julio de 2019)”.

Señala además que “se remitirán notas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio de Justicia de la Nación a fin de poner en conocimiento la grave situación que atraviesa el Poder Judicial de la provincia y solicitarle su inmediata intervención –con las medidas que estimen convenientes- para encontrar una solución a la mayor brevedad posible.

El comunicado dice que “se solicitará formalmente al Superior Tribunal de Justicia informe por escrito fecha y monto de las sumas depositadas, cómo también cuál es la suma faltante para abonar la totalidad de los sueldos. También se requerirá se informe si cuenta con dinero propio en caja o en plazos fijos, que pudieran -con las autorizaciones legales correspondientes- ser utilizados para el pago de los salarios faltantes”.

Y que “se pedirán reuniones con los distintos bloques políticos de la Legislatura Provincial y se intentará introducir nuevas preguntas al interrogatorio publicado por los medios para la interpelación del Ministro de Economía Contador Tarrio.

“Se requerirá a la SIGEN – Sindicatura General de la Naciónrealice una auditoría de los fondos remitidos por la Nación para verificar que los mismos hayan sido utilizados para los fines a los que se encontraban designados”.

“Por último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Pcia. del Chubut, insiste en la gravedad de la situación que ha generado el Poder Ejecutivo Provincial, que lejos de habernos convocado para mínimamente informar con certeza la real situación financiera de la provincia y la fecha de pago de los sueldos, ha ignorado de manera constante nuestros legítimos reclamos. Con ello, además de violar los derechos laborales más elementales, que integran el conjunto de derechos humanos, afectan la garantía constitucional y convencional de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, toda vez que es imposible que la magistratura y los/as funcionarios/as, puedan – sin la colaboración de los/as empleados/as que también se han visto afectados por la falta de pago de sus salarios y por esa razón han emprendido un paro de actividades por tiempo indeterminado- cumplir correctamente y en término con la demanda diaria. Está a la vista que el Poder Ejecutivo Provincial no le asigna a dicha garantía constitucional el carácter esencial que tiene para la convivencia social en una república democrática, puesto que no ha demostrado con hechos un interés real en informar y en definitiva en solucionar esta situación. Si así lo hiciera, además de cumplir con su responsabilidad de pagar los salarios de los empleados estatales, estaría evitando una mayor afectación del servicio de justicia, al ya observado en estos últimos días, que ha sido puesto públicamente de manifiesto por los Colegios de Abogados de las diversas circunscripciones, reclamando por sí y por sus representados”, finaliza.

En medio de la crisis que vive la provincia en general y el Poder Judicial en particular, en la que más de la mitad de los trabajadores no han cobrado sus haberes, los jueces, fiscales y defensores manifestaron su preocupación ante el anormal funcionamiento de la Justicia chubutense y es por ello que piden las explicaciones pertinentes respecto a la situación real que atraviesa la provincia.

“Nosotros nos reunimos a los efectos de saber qué vamos a hacer ante esta situación que nos está afectando a todos y fundamentalmente a la comunidad porque todas las actividades judiciales no se están desarrollando con normalidad. Hemos pedido una reunión con el Superior Tribunal, el Defensor General y el Procurador para que nos puedan transmitir cuál fue el resultado de la reunión que tuvieron con el gobernador y tener previsibilidad para los meses futuros, cómo se va a resolver esta situación”, indicó Gladys del Balzo, Defensora Jefa.

SIN INFORMACION

Por su parte, la jueza penal Patricia Asaro explicó que “el servicio de Justicia que estamos dando es deficiente porque estamos con guardias mínimas porque están todos adheridos al paro. Lo que exigimos es que se cumpla con la publicidad de actos de gobierno, que tengamos noción de cuál es el estado financiero de la provincia, no podemos estar manejándonos a través de la información que dan los diarios y la prensa, no tenemos un comunicado del gobernador, más allá de lo que todos conocen que no hay dinero y que se paga a medida que ingresa dinero a las arcas provinciales”.

Asaro reconoció también que “nosotros somos empleados y nos encontramos en una situación de desamparo, porque no es solamente la cuestión de los haberes, sino también de la obra social. Todo repercute en el servicio público, donde tenemos que respetar los derechos del imputado como de las víctimas”.

“TAMBIEN SOMOS TRABAJADORES”

Luis Amarfil, coordinador del Servicio de Asistencia a la Víctima, recordó que están imposibilitados de realizar medidas de fuerza “por cuestiones legales” y agregó que “estamos limitados como trabajadores de poder reclamar. Entonces, esta es una forma de reclamo sin vulnerar el marco legal.

Nosotros tenemos muchas preguntas y necesitamos terminar con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar nuestros salarios, somos trabajadores como cualquier otro”. Patricia Reyes, jueza penal de nuestra ciudad, recordó que el año pasado también tomaron algunas medidas simbólicas “como diciendo ´estamos juntos en este reclamo´”, cosa que hasta ahora no han realizado.

SITUACION AMBIGUA

“Nosotros queremos tener información concreta respecto a la respuesta que les tenemos que dar a los justiciables a fin de cumplir con todos los derechos que hacen a las personas que se encuentran privadas de libertad, imputadas en alguna causa penal, como también al resto de los justiciables en el ámbito civil, comercial, laboral”, expresó Stella Eizmendi, jueza penal, quien agregó que “nosotros debemos cumplir con nuestra misión y en este caso en particular nos encontramos en una situación ambigua, primero como asalariados de la provincia, sino también con lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra magistratura”.

El tribunal decidió entregar los formularios de la AFIP con sus bienes. El documento muestra por primera vez el patrimonio total de los jueces, entre 2015 y 2017.

Los cinco miembros de la Corte de Justicia de la Nación aceptaron difundir sus patrimonios, a raíz de un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

El documento, que difundió el diario La Nación, muestra por primera vez el patrimonio total de los jueces, entre 2015 y 2017, inclusive. En casi todos los casos se vio duplicado en los últimos años.

Carlos Rosenkrantz ya percibía un total de $39,5 millones en 2017 y según los cálculos, eso se duplicó en los últimos dos años tras las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales de la AFIP.

El juez declaró cinco propiedades en la capital federal, un lote en Pilar y tres autos. También, una colección de cuadros y esculturas.

Ricardo Lorenzetti registraba unos $25 millones hace dos años cuando todavía era presidente de la Corte. En total, el juez declaró tres inmuebles y un auto en la ciudad de Rafaela, así como también acciones en Ratio SA, una sociedad por la cual la diputada nacional Elisa Carrió lo había denunciado.

Además, Lorenzetti también detalló dinero en efectivo y una cuenta bancaria en el exterior con más de $9 millones, algo que el juez ya contaba antes de entrar a la Corte.

Rosatti

El caso de Horacio Rosatti es similar: de 2017 a su fecha duplicó su patrimonio. En la declaración jurada se muestra la compra de una casa en Recoleta que financió con un préstamo UVA de Banco Ciudad por un millón, detalló La Nación.

El patrimonio total de Rosatti roza los $7 millones y también cuenta con otras cinco casas en Santa Fe.

Highton

Elena Highton de Nolasco declaró bienes por $13 millones en 2017. Sin embargo, el informe muestra una evidente falta de detalles a diferencia del resto de los jueces de la Corte.

Al igual que sus colegas, la jueza también declaró inversiones en inmuebles y automóviles.

Maqueda

Juan Carlos Maqueda expuso un total de $6,7 millones hace dos años, así como también activos en propiedades y dinero en efectivo por más de un millón de pesos.

Alberto Fernández llegó algo molesto al auditorio colmado que lo esperaba. El tumulto que había en la puerta dificultó sus planes para entrar y caminar entre las butacas. Envuelto en aplausos, flashes y esquivando celulares que lo apuntaban a la cara, el precandidato presidencial logró llegar al escenario de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde presentó a su propia Carta Abierta, un grupo de intelectuales que se bautizó Agenda Argentina.

El exjefe de gabinete se sentó entre una veintena de referentes de distintas agrupaciones de académicos que pasadas las 13 terminaban una ronda de discursos que coincidieron en la misma urgencia: ampliar aún más el espacio que lidera la fórmula de Fernández con Cristina Kirchner para sacar del poder a Mauricio Macri . Fue una jornada en la que Fernández se mostró moderado, pero en la también volvió a arremeter contra los jueces que, según él, «deben actuar dignamente».

Entre los dirigentes de Agenda Argentina está el Grupo Callao (creado por el propio Fernández hace una década), el Espacio Atahualpa (entre los que figuran la extitular del Banco Nación Delfina Rossi), el Grupo Fragata, la Usina de Pensamiento Nacional y Popular, entre otros.

El breve discurso de Fernández se mantuvo en esa línea. Con algo de autocrítica y cuestionamientos a los medios y al Gobierno, el precandidato pidió que en octubre lo elijan hasta los votantes de Macri.

«Sé que muchos votaron a Macri y están desilusionados. Por favor, no se equivoquen dos veces. Son argentinos de bien que fueron defraudados. Los necesitamos a ellos también. Hay que decirles que hacen falta», dijo Fernández, que subía el tono de voz a cada minuto y que no mencionó el reciente acuerdo electoral con Sergio Massa .

Sí habló sobre el tigrense minutos antes, en declaraciones a La 990 Radio. «Él es representativo de un espacio electoral y sin duda significativo. El massismo existe. Su ingreso [al kirchnerismo] representa esta vocación de unir fuerzas para dar vuelta esta página que empezó a escribirse en 2015», señaló.

La atomización que hasta hace pocos meses primaba en el peronismo y el kirchnerismo fue un error que justifica, según Fernández, la premura por lograr una mayor unidad frente a las elecciones. «Este tiempo nos reencontró a los que estábamos divididos. ¡Qué error cometimos! Hace falta que nos unamos todos. La Argentina que nos merecemos no es la de Macri», agregó el precandidato.

En ese sentido, dijo el exjefe de gabinete, Agenda Argentina colaborará a «movilizar del debate», para «volver a los mejores años de la política».

En una frase que puede interpretarse como una respuesta a las críticas que aseguran que como Presidente solo sería una marioneta de Cristina Kirchner, Fernández aseguró no creer en «la política de la obediencia» y destacó la importancia del «pensamiento» al momento de hacer política. «Tenerle miedo a un intelectual es tenerle miedo al pensamiento», agregó.

Fernández también destinó una parte de su discurso para referirse al revuelo que generaron sus dichos y los de otros dirigentes respecto de lo que ocurriría con el Poder Judicial en un eventual regreso del kirchnerismo al poder. «Ahí hay discusiones de estos energúmenos que dicen que voy a cerrar la Justicia. Son estupideces. No voy a borrar con el codo lo que enseñé por 35 años», dijo, en relación a su experiencia como docente de derecho. Y agregó: «Lo que pasa es que no quieren que discutamos que uno de cada dos chicos son pobres».

Horas antes, Fernández había dicho en Twitter que el periodismo decía «disparates» sobre el rechazo a las iniciativas de modificar el funcionamiento de la Justicia.

Minutos antes, Fernández había arremetido una vez más contra la Justicia y las causas de corrupción de exfuncionarios kirchneristas. «Todos creemos que la justicia no está funcionando bien y por lo tanto tenemos que revisar entre todos una alternativa. Esto no quiere decir avasallar la independencia del poder judicial, quiere decir hacernos cargo de un problema que tenemos», dijo a La 990 Radio. Y agregó: «Le voy a exigir a los jueces que actúen dignamente».

En los diez minutos que habló, Fernández dio algunos indicios de las prioridades que tendría su administración. Para ello usó el ejemplo de Fútbol para Todos. «Creo que la Argentina por delante es muy difícil. Me apena que alguien a quien no le alcanza el sueldo no pueda disfrutar del fútbol y me voy a ocupar de eso, pero hay muchos problemas para resolver antes», dijo.

Asimismo, dio indicios de que su gestión le daría un tono distinto a la política exterior. «Hay un mundo que quiere que sigamos comprándole tecnología aunque estemos nadando en una laguna de petróleo. No podemos ser tan tontos», sostuvo.

El precandidato estuvo acompañado en el auditorio por figuras como el diputado nacional Daniel Filmus , el legislador Mariano Recalde , la diputada Victoria Donda y Gabriela Cerruti. El evento también contó con la adhesión del diputado Facundo Moyano , que no asistió.

Por: Alan Soria Guadalupe – La Nación

Este martes se realizó el sorteo de los magistrados, que en marzo, formarán parte del tribunal encargado de llevar adelante el proceso.

RAWSON – Un juez de cada jurisdicción de Chubut participará del juicio de la denominada Causa Embrujo. Se trata de la investigación que involucra a ex funcionarios provinciales y familiares vinculados a delitos contra la administración pública.

Tras el sorteo realizado en Rawson, el Tribunal que realizará el juicio, quedó compuesto por: la jueza Marcela Pérez (Madryn); Ricardo Rolón (Esquel); Alejandro Soñis (Comodoro Rivadavia); Fabio Monti ( Trelew ) y Jorge Novarino (Sarmiento).

Fuente: ADNSUR

La Corte Suprema de Justicia resolvió hoy que los jueces que hayan asumido después del 1 de enero de 2017 deben tributar impuesto a las ganancias al revocar una medida cautelar al respecto.

Fuentes judiciales informaron que en un fallo del máximo Tribunal determinó que los nuevos funcionarios deben tributar ganancias en tanto que aquellos funcionarios que lo sean con anterioridad a esa fecha no pagarán el impuesto.