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Mario Das Neves

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Lo reconoció en diálogo con Radio Chubut el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Carlos Simionatti. El dato es revelador de que aquel anuncio, realizado al principio de la actual gestión por el fallecido gobernador, fue solo una expresión de deseo o una promesa de tono meramente político.

Simionatti admitió además que le costó mucho al IPV sostener el flojo nivel de obras porque el gran desafío cuando él fue convocado era reactivar los planes en marcha que se habían paralizado por falta de recursos.

El funcionario también manifestó su preocupación por los actos de vandalismo que se produjeron en el barrio km. 14 de Comodoro Rivadavia que estaba a punto de entregarse.

En tal sentido el titular del IPV descartó que haya existido una intencionalidad política como se deslizó y más bien lo encuadró en algún acto de vandalismo juvenil, similar al que se produjo en las escuelas.

A la hora de repasar los planes más recientes, Simionatti recordó que comenzó el proceso licitatorio para ejecutar 95 viviendas en Rawson, 28 en Trevelin y 36 en Valle Chico, además de viviendas aisladas destinadas a docentes y policías en distintos puntos de la geografía chubutense.

 

 

Lu20

Mediante una extensa y detallada investigación, los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli ampliaron la imputación contra uno de los involucrados en la causa “Revelación”. Se trata de Gonzalo Carpintero Paterson al que ahora le imputan el delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con omisión maliciosa de datos en carácter de autor”. El juez Sergio Piñeda escuchó atentamente los nuevos cargos contra Carpintero y ante la no oposición del defensor Federico Ruffa, dejó abierta la investigación en función de estos nuevos cargos.

En la descripción de los hechos, los fiscales dieron cuenta de manera detallada la evolución patrimonial de Carpintero que durante 13 años –desde noviembre del 2004 hasta noviembre del 2017- solo ocupó cargos públicos con ingresos formales en concepto de sueldos que no se condicen con la evolución de sus gastos y patrimonios que incluyen desde costosos inmuebles, emprendimientos comerciales como una moderna rectificadora y vehículos hasta numerosos viajes a lugares turísticos del exterior con su familia y en algunos casos, numerosos amigos.

La investigación de Iturrioz y Nápoli también efectúa constantes cuestionamientos a los órganos de contralor del Estado provincial como el Tribunal de Cuenta de la Provincia e incluso de la Municipalidad de Trelew por donde también paso Carpintero. Cada declaración jurada de bienes al ingresar en los numerosos cargos públicos que ocupó, tuvo nulos o defectuosos controles por parte de esos organismos, según entendieron los fiscales.

Al momento de describir la forma presuntamente irregular en que se intentó “blanquear” los bienes, en la investigación los fiscales también hicieron referencia a la esposa de Carpintero, sus padres y uno de sus hermanos. Los querellantes Christian Martínez y Javier Stampone por la Fiscalía de Estado y Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación de los fiscales.

En el 2004 solo un WW Gol

En la descripción de los hechos los fiscales indicaron que “analizada la documentación respectiva surge que el patrimonio de Carpintero por aquel entonces estaba conformado por un único activo, un vehículo automotor Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.6, cuyo valor declaró en la suma de $ 20.800; en tanto el pasivo estaba conformado por deuda bancaria ante el Banco Río por $ 4.000 y por un crédito prendario por la suma de $ 9.000. Los valores así plasmados informaban un patrimonio neto equivalente a $ 7.800. Los valores expuestos traducidos en valores medianamente constantes implican que el patrimonio neto del por entonces funcionario equivalía a casi tres (3) sueldos de los que este percibía mensualmente”. Ese año había sido designado Director General del Menor y la Familia, en lo que fue la primera de las tres gestiones del ex gobernador Mario Das Neves.

Agrega que en noviembre del 2007 fue designado Ministro del Menor y la Familia. “Tal presentación ya marca un hito relevante en cuanto a la evolución patrimonial del requerido. Así se aprecia que abandona los automóviles del segmento “A” (sedanes pequeños) y adquiere ya una pick-up de alta gama, en el caso una Ford, Modelo Ranger del año 2.003”, indicaron los fiscales.

En seis meses 125% de aumento de su patrimonio

Agrega que en febrero del 2008 es designado presidente del Instituto de Asistencia Social. En su declaración jurada de bienes ante el  Tribunal de Cuentas provincial anuncia que en el lapso de seis (6) meses (la última estaba fechada el 14/12/2007) la fortuna nuevamente acompañó al funcionario. En ese sentido puede verse que el Activo continuó la tendencia en alza, toda vez que ahora como vehículo automotor se declara una Pick-Up de la Marca Toyota, Modelo Hilux, valuada por el presentante en $ 90.000. Al mismo tiempo aduce también ser propietario del 50% de un “Bote Viking” por un valor de $ 10.000 e idéntica participación sobre un “Motor Yamaha” equivalente a $ 15.000. Una vez más no existen deudas, no hay pasivo, alcanzando el patrimonio neto la suma de $ 115.000 (+ $ 65.000), cifra que denota en crecimiento patrimonial del orden del 125% en un periodo de 6 meses, período en el que percibió en concepto de haberes (único ingreso) alrededor de $ 38.000. Un análisis rápido informa que ahorró más de lo que le ingresó, casi el doble, sin que tenga ningún otro ingreso legal y legítimo por el periodo escrutado”.

Los fiscales también dieron cuenta del cargo de  vice ministro coordinador de gabinete, al que asume en septiembre del año 2010 y luego como ministro de esa misma cartera. “Los padres del requerido comenzaron a incrementar de forma relevante su patrimonio, aunque hayan omitido registrar a fines tributarios tal redimensionamiento”, dijeron los fiscales en alusión al mismo periodo de tiempo investigado.

Honorarios como abogado

Carpintero es abogado pero los fiscales están convencidos de que nunca ejerció esa actividad. El fiscal Iturrioz dijo que “la investigación y el seguimiento del patrimonio de Carpintero y sus familiares llevó mucho tiempo”. Agregó que “intentó justificar su patrimonio en su trabajo jurídico pero consultadas las autoridades que ejercen el gobierno de la matrícula y los estrados judiciales de la provincia, no registra actividad profesional que le hubiera permitido embolsar ingresos”.

En la imputación destacaron que “cierto es que el concernido declara haber percibido en concepto de “Honorarios Profesionales” por el ejercicio liberal de la profesión de Abogado, la suma de $ 399.700 durante el año 2.016. El dato es falso. De esa suma un alto porcentual (casi el 78%, es decir $ 309.800) corresponden a servicios jurídicos prestados en favor de Juan Ignacio Blasco, quien reconoció jamás haber acudido al asesoramiento profesional de Carpintero, ni haberle abonado suma alguna en ese concepto. Mientras que el saldo restante pretende justificarse como generados por servicios jurídicos prestados en favor de: Chacra 187 SRL ($ 35.900) de propiedad de sus primos Cristian Antorino y Ángel Gastón Mirantes, y de su propio contador, Federico Matías Gatica -este último también imputado y detenido por la causa Embrujo- ($ 54.000)”.

Controles que no se hicieron

Los fiscales también cuestionaron a organismos de control del Estado que debieron haberse expedido respecto de las irregularidades detectadas en la declaración de bienes de Carpintero cada vez que asumía en un cargo distinto en la función pública. Para Iturrioz “Carpintero tuvo una actitud maliciosa al hacer su declaración jurada de bienes. En muchos casos nunca presentó su declaración jurada al dejar el cargo y nadie lo controló”. Su observación también incluye su paso por la Municipalidad de Trelew donde fue secretario de gobierno del ex intendente Máximo Pérez Catán entre diciembre del 2011 y diciembre 2012. Posteriormente Carpintero se desempeñó como jefe de asesores de Mario Das Neves como diputado nacional en el 2014. Y Luego en diciembre del 2015, como secretario privado del tercer mandato de Das Neves como gobernador.

“Entre diciembre del 2011 y el 2015 incrementó su patrimonio 18 veces más, teniendo en cuenta además que  en el año 2012 no percibió ningún sueldo”, indicaron.

Viajes al exterior

En la investigación los fiscales dieron cuenta también de los viajes de placer de Carpintero junto a familiares y en algunos casos numerosos amigos. En este sentido destacaron viajes a Panamá, a Brasil varias veces, Estados Unidos, Chile, el alquiler de una casa en el costoso balneario La Paloma, en Uruguay,  para 14 personas por el que se pagó 4.500 dólares, viajes a Cancún con su padre Carlos, su hermano Sebastián, primos y amigos “Los viajes denunciados revelan que el ahorro –formidable- verificado no se condice ni por asomo con un nivel de vida austero y que se compadezca con sus –magros – ingresos. Quizá a manera de ejemplo vale citar que en el viaje a Cancún, el imputado adquiere un costoso reloj marca: Tag Heuer el que de acuerdo al certificado tiene un valor de referencia (en la página oficial de la marca) de 5.900 euros. Si las variables económicas fueron pródigas con el concernido, no lo fueron menos con su grupo familiar ampliado, que incluye a su esposa, padres y hermano”.

Familiares

La investigación incluye a la evolución patrimonial de familiares directos de Carpintero, como su esposa, sus padres y uno de sus hermanos. En este sentido dieron cuenta de las adquisiciones de inmuebles y vehículos, además de la construcción de una millonaria residencia en el barrio Bonorino de Trelew y la ejecución de una planta rectificadora de motores, circunstancias que involucra a su padre. Así se refirieron ante el juez Piñeda, de “dinero volcado en una vivienda de la calle Fray Luis Beltrán, la construcción de un taller de rectificación en la calle Cadfan Hughes y un chalet en la calle Pablo Neruda en el barrio Bonorino. Esta última con materiales de alta calidad por el que pagaron casi 3.150.000 pesos. En mano de obra pagaron durante dos años una suma total de poco más de cuatro millones de pesos”, se indicó.

Con un claro mensaje de «unidad», Carlos Linares retribuyó el gesto de Gustavo Mac Karthy, que asistió al acto de lanzamiento del comodorense a la gobernación, participando de la presentación oficial de Florencia Papaiani como candidata a intendenta de Trelew.

Cuestionó al Gobierno provincial y al candidato a la reelección, Mariano Arcioni, poniendo énfasis en quien llevó al actual gobernador a la vida política.

«Das Neves estaría afligido porque en Chubut no funcionada nada, no funciona la educación, la economía y la administración», sentenció Linares en el lanzamiento de Papaiani a la intendencia de Trelew, que se realizó en el Consejo de Localidad del Partido Justicialista.

En el plano local, le agradeció a Papaiani «por darle vida al Consejo de Localidad» y efectuó un llamado para «volver a transformar en una trinchera» el Consejo de Localidad.

En el plano nacional, Linares volvió a distinguir a la expresidenta de la Nación y dijo que Cristina Fernández de Kirchner «es un nuestra compañera indiscutida».

Dijo que lo «enaltece» competir en las PASO del 7 de abril con Mac Karthy y calificó a César «Kuky» Mac Karthy -que estuvo presente en el lanzamiento de Papaiani- «como la historia viva del peronismo» en la provincia.

 

 

 

El Chubut

Hoy se cumple un año de la detención de Diego Correa, Diego Lüters, Natalia Mac Leod, Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. Luego se sumarían otros 7 imputados. La causa se bautizó El Embrujo y ayer, en una audiencia en la Oficina Judicial, se confirmó que el juicio oral y público empezará el martes 12 a las 8.

El 7 de marzo de 2018 una ola de detenciones, entre ellas la de un exfuncionario de extrema confianza del exgobernador Mario Das Neves, desató y puso en evidencia los presuntos mecanismos de corrupción dentro del Gobierno para defraudar al Estado.

La denominada causa «Embrujo» derivó en una docena de causas paralelas, como el aprovechamiento de una catástrofe para recaudar fondos.

Otra causa emblemática, que no solo sacudió a la política sino también al sector empresario que integraba «el club de la obra pública», fue «Revelación», que terminó con casi 30 empresarios imputados (algunos fueron beneficiados con la probation) y cerca de 10 funcionarios, entre ellos, los principales ministros de la gestión Das Neves y que continuaron con el actual gobernador Mariano Arcioni.

Hoy se cumple un año de aquella mañana que tuvo su génesis en Velero Vesta 127 con las detenciones de Diego Correa (exsubsecretario de Unidad Gobernador) y su pareja Natalia Mc Leod. En paralelo, también fueron detenidos Diego Luthers (secretario de Correa en Unidad Gobernador), Sandro Figueroa (tío de Mc Leod), Juan Carlos «Tato» Ramón. Días después, arrestaron a Daniela Souza, quien se encontraba en el extranjero. Más tarde cayó el contador Federico Gatica y otros exfuncionarios como Rubén Darío Reinoso (Logística), Christian Gisande (Viviendas Oficiales) y los hermanos de Correa y Mc Leod.

La labor que desplegaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams puso de relieve un modus operandi defraudatorio a gran escala, generando un rechazo y un repudio masivo de la sociedad, que se expresaba por las redes sociales y con comentarios en las páginas web.

A un año de la causa de corrupción más trascendente de la historia de la provincia del Chubut, «Embrujo» entra en su etapa decisiva para conocer la verdad sobre los hechos que involucran a 12 personas, una de ellas, la mano derecha de quien fuera tres veces gobernador de Chubut y que Arcioni lo mantuvo en su cargo hasta que fue detenido.

 

 

 

El Chubut y Jornada

Chusoto evocó a Das Neves a 15 años del triunfo que lo llevó a la Gobernación.

Se cumplen hoy 15 años desde que Mario Das Neves ganó la elección que lo llevó por primera vez a ser gobernador del Chubut. Ese 9 de noviembre de 2003 venció al entonces gobernador radical, José Luis Lizurume, que buscaba la reelección y al que aventajó por algo más de 8 mil votos.

Ese momento fue recordado por el partido Chubut Somos Todos, a través de un pronunciamiento en que señaló que «se trató de un comicio muy particular en el que tuvo injerencia directa el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien el 31 de octubre en un acto institucional en Puerto Madryn se ubicó equidistante de ambos competidores, al pronunciar la recordada frase: «Mi amigo Cacho (por Lizurume) y el compañero Mario».

«No tenía un interés particular por quien ganara. Había asumido hacía relativamente poco, con bajo caudal de votos y necesitaba construir poder», recordó el presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán, quien reconoció no obstante que «esas palabras molestaron a nuestros militantes».

Esa campaña en la que Mario Vargas acompañaba como candidato a vicegobernador a Mario Das Neves fue muy distinta a las actuales. «Con menos logística y más artesanal», rememoró Pérez Catán.

El Chusoto consignó asimismo que «las giras por el interior provincial, Das Neves las hacía a bordo de una camioneta Chevrolet blanca, que fue la que lo llevó a recorrer en más de una oportunidad las localidades de la provincia del Chubut. Quien mayor confianza tenía en obtener el triunfo y así desplazar luego de 12 años a la UCR del gobierno provincial era Das Neves. Muchos de sus propios colaboradores no estaban seguros de ganar, sin embargo con su voluntad inquebrantable Mario Das Neves siguió adelante y logró llegar por primera vez a la Gobernación del Chubut».

«La llegada de Das Neves al gobierno implicó la implementación de una serie de transformaciones sociales generales, basadas en la aplicación de políticas públicas apoyadas en objetivos tales como equidad, integración social y territorial e inclusión», subrayó el partido fundado por el tres veces gobernador.

Solicitan quiten el nombre del ex Gobernador Mario Das Neves a un sitio público en la ciudad de Puerto Madryn, debido a los hechos de corrupción que envuelven al ex gobernador.

Integrantes del FRACh, de la ciudad de Puerto Madryn han entregado en el Concejo Deliberante de la ciudad en mano a cada concejal para ser tratado sobre tablas, una nota donde le solicitamos a este organismo que derogue la ordenanza N° 10.106 por el cual le fuera adjudicado al playón multipropósito, continuo al muelle Luis Piedra Buena, el nombre de Gobernador Mario Das Neves.

Además de considerar una decisión apresurada tal nombramiento porque el mismo fue presentado a menos de un mes de su fallecimiento, entendemos que la profunda crisis que hoy atraviesa la provincia fue causada en gran parte durante la gestión del mandatario fallecido.

“No nos olvidemos que su persona es acusada de actos de corrupción y de acciones poco éticas y morales para con sus deberes en la función pública. Hoy la justicia está investigando su accionar, como la de muchos de quienes fueran sus funcionarios, frente a la indignación y a la sorpresa de miles de chubutenses”.

Asimismo considero Martinelli Germán y el historiador Muzcnik Sergio, apropiado que renombren el mencionado playón con nombre “10 de septiembre de 1984”, haciendo alusión a una jornada histórica para Puerto Madryn conocida como “El Madrynazo”, con el sentido de mantener viva la historia de nuestra ciudad y así lo expresaron en su petición.

Ignacio Ferreyra de las Casas, abogado defensor del empresario Fernandor Quistani de la empresa Habitar S.A. responsabilizó al ex gobernador Mario Das Neves y al gremio de la UOCRA por el armado del sistema de corrupción del que –según sus propios conceptos- fueron víctimas las empresas al obligarlas a pagar determinadas sumas de dinero a cambio de poder cobrar los trabajos realizados.

El pretexto fue el de no dejar obreros desocupados, con la excusa además de mantener el concepto de “la paz social”, de la que también se hicieron eco en esa ciudad “los intendentes de turno”, según los conceptos del abogado en la audiencia de este viernes realizada en la Oficina Judicial de Rawson.

El abogado dijo que en toda la historia de esa empresa que lleva adelante obras públicas desde hace 23 años, nunca fueron intimados. Ni se les pidió retornos en los gobiernos de los ex gobernadores Carlos Maestro y José Luis Lizurume. También incluyó al año 2004, el primer año de la primera gestión de Mario Das Neves. “Desde ese año este sistema absolutamente corrupto y perverso perforó  al Estado provincial de manera sistemática. Terminó recién a fines del año pasado. Por qué persistió tanto tiempo? –se preguntó-. Solo para mantener 30 ó 40 empleos. Si algún empresario quería apartarse del sistema no podía hacerlo por el accionar de la UOCRA y los intendentes de turno que bajo el pretexto de mantener la llamada paz social, aceptaron cualquier mecanismo de violencia. Porque la UOCRA es sinónimo de violencia. Los tiroteos son habituales en esa ciudad. Incluso en una oportunidad balearon a Quistani cuando se encontraba por tareas que se estaban haciendo en una escuela del padre Corti”, destacó.

Agregó que su cliente Quistani tuvo que enfrentar a “Los dragones”, el ala más dura del gremio de la UOCRA. “Ese grupo destruyó el yacimiento petrolero más importante que había, el de Cerro Dragón. Qué podía hacer Quistani contra “Los dragones” si ni siquiera la policía provincial, la Gendarmería o la Policía Federal pudieron con ellos”, se preguntó el abogado.

Fernando Quistani de la empresa Habitar S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia está investigado por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz por el delito de cohecho activo. Según la investigación, el Gobierno del Chubut le adeudaba a esa empresa una importante cantidad de obras, sin que confeccionara la orden de pago por parte del Ministerio de Economía. Según la acusación Quistani “sabiendo que Correa en carácter de Secretario de la Unidad Gobernador era quien decidía que empresas constructoras percibían  las acreencias con el Estado Provincial y cuáles no, promediando el año 2016 se reunió con éste y le ofreció pagarle con dinero en concepto de dádiva para que Correa ordene los pagos respectivos”. Correa cumplió a través del ministro Oca. Quistani debió pagar 256.280,90 pesos para poder cobrar casi 13 millones de pesos por las obras ejecutadas”.

El ex secretario de la Unidad Gobernador Diego Lüters relató en una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson este viernes cómo fueron los pagos de “retornos de la obra pública”. En el marco de la causa “Revelación”, apuntó contra el ex secretario privado del gobernador, Diego Correa, y relató que con el certificado de orden de pago se llamaba al ex ministro de Economía Pablo Oca y que Correa cerraba el grifo y obligaba a empresas a tener que sentarse con él. Dijo que las reuniones con empresarios eran “en una oficina contigua a la de Correa” y aseguró que el ex secretario privado del gobernador tenía “colaboradores en Comodoro (y otras ciudades) para la recaudación”.

Diego Lüters, en la primera audiencia desarrollada en la Oficina Judicial de Rawson/Daniel Feldman
“Él (por Correa) con una clave y usuario me enviaba a mí muchas veces siete números que hacen a una orden de pago. Ahí se consultaba, se imprimía e ingresaba al despacho. Hasta ese momento era una tarea normal. No había nada extraño”, manifestó.

Aclaró que “después acá empieza lo que es la parte de lo que entiendo que eran los retornos que entregaban las empresas constructoras hacia Diego Correa”. Precisó que “una vez ingresado a la oficina encuentro un escritorio con demasiados papeles, carpetas, sin saber cómo ordenarlo y armarlo y me entrega a mí una cierta cantidad de cheques donde me pide que le haga otra planilla más. En esa planilla que armo con los cheques se mencionaban las empresas, el banco emisor del cheque, el monto, la fecha de vencimiento y por mi conocimiento bancario le ponía en otra celda si era para cobro por ventanilla o era para ser depositado en cuenta corriente”.

Relató que “tanto los cheques y las reuniones que mantenía con empresarios eran en una oficina contigua a la oficina de él, que está en el pasillo de los gobernadores”.

Lüters presentó “una copia de parte de los cheques que se recibían” y aclaró: “cuando digo lo de retornos y por qué me doy cuenta o él me dice que esto era de la obra pública es porque si bien los cheques eran todos emitidos para empresas constructoras era porque ya él necesitó que yo le vaya armando las diferentes planillas y me fue explicando un poco más cómo era el mecanismo. Por eso me mandaba constantemente mensajes de Whatsapp con números de órdenes de pago o me decía que iba a venir una persona X que era dueña de una empresa constructora y para que no quede registro en Casa de Gobierno en el ingreso por Vachina y Belgrano yo salga al pasillo y avise a los policías que iba a ingresar por la peatonal Fontana, por donde pueden ingresar sólo el gobernador y los funcionarios, para avisar que iba a ingresar alguien a ver a Diego Correa”.

Sobre una reunión mantenida con el empresario Patricio Musante, dijo que “él les comunicó que todo iba a seguir igual, que no iba a haber cambios en la metodología, que les entregaba su número de teléfono para que cualquiera que necesite lo empiece a llamar”.

“Entiendo yo ahora que es el retorno de la obra pública y que en esa reunión lo que transmite es que hablen con los empresarios para que se vuelva a fijar el sistema ya que iba a estar él, Diego Correa, a cargo de toda la operatoria”, agregó el exfuncionario detenido.

“Lo que se habló y termino ubicando en la planilla que mencioné es que se iba a cobrar el 3% para la obra vieja y el 5% para la obra nueva, lo que se subdividía en el 2,5% si era en efectivo y 3% si era cheque y un 4,5% en efectivo y un 5% si era obra nueva”, especificó y detalló que “obra nueva era lo que se iniciaba en este tercer mandato del gobernador” Das Neves.

“En Comodoro Rivadavia y Esquel tenía una suerte de colaboradores para la recaudación del efectivo o cheques que le entregaban las empresas que se hacían en la oficina contigua al pasillo de la privada del gobernador”, contó Lüters.

El exfuncionario dijo que “en algunas oportunidades cuando se iba el gobernador a las 14 o 15 horas (Correa) me pidió que vaya al despacho con su mochila o alguna bolsa y me pedía que saque lo que había ahí. Si bien en algunas oportunidades eran sobres, en otras era dinero en efectivo, que lo agarraba, lo guardaba, se lo llevaba a su oficina y se lo entregaba a él”.

“En la gran mayoría de los cheques aparecen las firmas de los choferes”, detalló y añadió que Correa “me pidió a mí y en alguna oportunidad accedí” pero “yo no era partícipe de ir a cobrar (los cheques). Él siempre decía que no importaba, que vaya y se cobren, lo que generó una especie de discusión con Diego”, añadió en su declaración.

“Como el flujo de gente que ingresaba y salía a la oficina del gobernador era bastante siempre me daba los cheques a mí y yo le decía a alguno de los choferes o al cadete que fueran, los mandaba por orden de Diego al Banco del Chubut, hacían el cobro por ventanilla y me traían el dinero en efectivo a mí. Yo simplemente lo guardaba en el cajón o en la famosa mochila”, relató Lüters y agregó que “cuando él quedaba solo en el despacho ingresaba y le entregaba el dinero”.

Sobre los montos de los cheques, mencionó que “él lo que les pedía a las empresas es que sean inferiores a $50 mil para que puedan ser cobrados por ventanilla. Si eran mayores a ese monto lo depositaba en la cuenta corriente de dos empresas de él. Si los cheques eran mayores a $50 mil “me pedía que le saque una fotocopia y que en la planilla se los marque y ponga que se los había entregado a Federico Piccione, de Comodoro Rivadavia)”.

“Al principio lo venía a ver a Diego como una amistad y al tiempo ya era más seguida su visita a Casa de Gobierno,aproximadamente una vez por semana”, sumó el ex funcionario de la Unidad Gobernador y aclaró que su trabajo “no era opinar ni decidir nada en Casa de Gobierno sino simplemente hacer lo que Diego me pedía”.

 

 

ADN Sur

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños «Lava Jato» que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como «emergencia climática», «el embrujo» y «revelaciones», que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. «Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa», aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa «Revelaciones» junto a Héctor Iturrióz.

«Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves», reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado «cuadernos de las coimas«

Uno de los empresarios que declaró como «arrepentido» frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de «retornos» por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: «Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'».

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

«La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa», destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

«Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones», agregó el funcionario judicial, y amplió: «Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico», agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: «La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado».

Parodi, por su lado, amplió: «Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas».

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae

Oscar Peña, imputado en la causa «Revelación» por los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito, pidió declarar ayer ante los fiscales de la causa y lo hizo acompañado por su abogado, Javier Kadomoto.

El empresario de Esquel brindó una versión de los hechos muy parecida a la que describió en su momento quien fuera presidente de la Cámara de la Construcción en el Valle, Patricio Musante, al sostener que la situación de su empresa en la etapa en que acontecieron los hechos investigados «era catastrófica», lo que lo llevó a tener un pasivo de casi 80 millones de pesos, producto de los pagos que se veía presionado a realizar.

Sostuvo el empresario que entró en «una bicicleta con certificados, pagos y adelantos que le hacía el Banco», llegando a la situación de despedir a 200 empleados de Peña Construcciones.

Das Neves lo mandó a hablar con Cisterna

Según la declaración de Peña, en el verano de 2016 le planteó al gobernador Mario Das Neves la situación de ahogo financiero que padecía su empresa, y el mandatario lo mandó a hablar con el entonces ministro Coordinador, Víctor Cisterna (actualmente cumpliendo prisión preventiva por ésta misma causa).

Cisterna le habría dicho que tenía que pagar una coima del 5% de las nuevas obras, 3% por obras viejas o el 1,5% para destrabar los certificados. Y agregó Peña ante los fiscales que el entonces ministro lo derivó a hablar con Pablo Bastida, quien en la actualidad también cumple prisión preventiva domiciliaria sospechado de ser el «valijero».

Dando continuidad en su relato, Peña contó de aquel encuentro con Bastida que éste le indicó que debería mostrar voluntad de pago y empezar a aporar, en principio, 150 mil pesos. Reconoció Peña que empezó a pagar a la caja negra de la política con cheques, a falta de dinero en efectivo, y así logró destrabar los certificados.

El llamado de Correa

Coincidente con el relato de otros empresarios que también buscan el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, Peña relató además que, una vez que Cisterna dejó el Ministerio de Coordinación de Gabinete, recibió el llamado telefónico del subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa.

Eso acontenció -según la declaración del empresario- en febrero de 2017, momento en que Correa le habría informado que el modus operandi se mantenía pese a la salida de Cisterna.

Con su declaración, Peña también se presentó como «víctima» de presiones de los funcionarios imputados, accediendo al pago de coimas para poder trabajar con su empresa constructora.

Logró así acceder a la audiencia que se realizará hoy en Rawson (lo hará por videoconferencia desde Esquel), donde se debería definir el pedido de «probation» de los empresarios Musante, Torraca y Salaberry.

 

 

El Chubut