En poco menos de dos semanas, más precisamente el 1 de agosto, entrará en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Si bien son muchos los que consideran que la nueva norma que regirá gran parte de las acciones de la sociedad argentina traerá importantes soluciones, otros consideran que perjudicará algunos aspectos y significará un retroceso en determinadas políticas civiles.
Uno de esos puntos perjudicados por el nuevo Código Civil está íntimamente relacionado con el cuidado del medio ambiente y el acceso a los recursos naturales: la modificación del espacio libre sobre la ribera de los ríos y los llamados caminos de acceso público a las riberas.
Según explicó a MDZ el abogado ambientalista Enrique Viale, en el (hasta ahora) actual Código Civil, el artículo 2639 establece que «los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna».
Pero el artículo 1974 del nuevo código, que es el único que hace alusión a este tema, indica que «el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de QUINCE (15) metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo». Este espacio físico será denominado camino de sirga.
Es decir que, a partir del 1 de agosto, quienes tengan propiedades cuyos límites toquen un río podrán reducir el espacio libre más de la mitad, e incluso se eliminará el concepto de camino público, por lo cual el libre acceso a las riberas de los ríos estará a merced de los propietarios de estos terrenos, los únicos que podrían disfrutarlas.
Para Viale, el impacto de la futura norma «es enorme y monstruoso» y reiteró que «el nuevo Código Civil no solo ha reducido de 35 a 15 metros, sino que además se le quita el carácter de camino y calle pública, el cual además tiene un altísimo valor biológico, ya que son verdaderos corredores protectores de los ecosistemas».
Según explicó el letrado, «el camino de sirga es una restricción al dominio, como ocurre en las ciudades, y el camino actual no tiene esa denominación».
«Cuando se crea el primer Código Civil a fines del siglo XIX, este camino público tenía como principal fin poder impulsar a través de bueyes las embarcaciones que no tenían propulsión a motor, con una soga llamada sirga. Con el correr de los años, la doctrina y la jurisprudencia, este camino público empezó a ser interpretado con una doble función: acceso a un recurso natural público y protección de la biodiversidad», recordó.
Sin embargo «lo que hace el código nuevo es volver a la vieja concepción, lo cual es absurdo. También es una forma de eliminarlo, reduciéndolo de tamaño a 15 metros y sacando su carácter de calle o camino público», aseveró.
Viale aseguró que «detrás de todo esto está claramente la especulación inmobiliaria que afecta todo el país» y destacó que esta nueva norma «limitará el accionar de organismos nacionales y provinciales», como el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza, que controla las riberas de los ríos.
De hecho, el abogado ambientalista reconoció que esta nueva situación validará las irregularidades cometidas por muchos propietarios de terrenos y añadió que «la falta de aplicación de lo que existía, que obligaba a realizar acciones dificultosas y que terminaban en el ámbito judicial, será mucho peor con esta nueva legislación».
Finalmente, Viale señaló que «hay dos proyectos de ley en el Senado nacional» para revertir esta situación «pero no tienen tratamiento». A ello sumó que «es muy difícil tomar una acción judicial, ya que es una situación compleja porque es una modificación legal. Lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo en los debates y las audiencias previas»