Quieren saber si de esos equipos fueron conocidos los detalles del viaje del fiscal federal Guillermo Marijuan a Estados Unidos. Estaban en poder de tres personas, una de ellas un militar retirado.
Tras el operativo en la oficina de Pan American Energy (PAE), la Justicia federal pudo quedarse con dos teléfonos móviles con el objetivo de develar de dónde vinieron las amenazas al fiscal federal Guillermo Marijuan. El allanamiento, o requerimiento de información como denominó la compañía en un comunicado, tuvo lugar el martes en Buenos Aires.
Esta es una nueva causa que involucra a la empresa de los hermanos Bulgheroni. Marijuan recibió amenazas que concretamente le decían que había personas involucradas a PAE que sabían de su viaje a Estados Unidos, el itinerario que realizaría y que era para recabar información sobre las presuntas coimas pagadas para que la empresa renegociara el contrato de Cerro Dragón, en 2007.
El fiscal Jorge Di Lello, a cargo de este caso, intentará establecer si desde los teléfonos secuestrados se hicieron averiguaciones sobre el itinerario de Marijuan en Estados Unidos y si hay vínculo con la amenaza. Los móviles estaban en poder de personal de seguridad y se hallan bajo sospecha dos personas, entre ellas un militar retirado, según información que pudo obtener El Patagónico.
Las amenazas están relacionadas con la investigación que lleva Marijuan sobre los presuntos sobornos pagados a funcionarios nacionales y provinciales para extender por 40 años el contrato del yacimiento Cerro Dragón. British Petroleum (BP), la otra socia mayoritaria de PAE junto a Bridas, hizo una autodenuncia que expuso esa posible situación en un organismo de Estados Unidos.
EL COMUNICADO
«La empresa es por completo ajena a las amenazas denunciadas por el fiscal Marijuan y está a plena disposición de las autoridades. En todo momento, su actuación ha sido apegada a la ley y deja constancia de su íntegro respaldo al desarrollo de las actuaciones judiciales», señaló PAE en un comunicado enviado en la noche del martes a los medios.
La Securities and Exchange Commission (SEC) recibió la autodenucia y se conoció en Argentina a través de una nota de Clarín. El dato motivó investigaciones y solicitudes de documentación de distintos ámbitos. El ex senador Mario Cimadevilla –hoy al frente de la unidad especial de investigación de AMIA- obtuvo información sobre la certificación de reservas de la Universidad de Cuyo que habría contribuido a disminuir entonces el valor del yacimiento.
El Patagónico
