Los legisladores del Frente para la Victoria Edith Garro y Alejandro Marinao, solicitaron al Honorable Congreso de la Nación que se dé urgente tratamiento al proyecto que retrotrae el Camino de Sirga a los treinta y cinco metros establecidos originalmente en el antiguo Código Civil.
Con la vigencia del nuevo Código Civil y la reforma del artículo Nº 1974, se redujo la extensión en el Camino de Sirga a 15 metros.
”Existen tanto en el Congreso como en el Senado diversas iniciativas con el objeto de retrotraer el Camino de Sirga a los treinta y cinco metros establecidos originalmente en el Código Civil anterior al que se implementó el año pasado”, explicó Garro.
Al respecto finalizó que “se debe detener el avance de los propietarios de tierras lindantes con cursos de agua y, fundamentalmente, restringir la voracidad inmobiliaria sobre esas tierras”.
Cabe recordar, que los senadores Silvina García Larraburu y Miguel Pichetto impulsaron una modificación para “purgar constructivamente” la nueva regulación del “Camino de Sirga” que redujo en 20 metros la franja libre que deben respetar los propietarios de inmuebles linderos con cauces o lagos “aptos para el transporte por agua”.
La reforma y actualización del Código, que en su artículo 1974 lleva de 35 a 15 metros, pasó inadvertido para los ciudadanos y organizaciones que bregan por la defensa de las costas libres.
La corrección redactada por Larraburu y acompañada por Pichetto propone restituir al Camino de Sirga su dimensión anterior y restringir toda construcción o “acto que menoscabe” el libre tránsito sobre esa franja de terreno de 35 metros.
Pero además introduce una aclaración importante en relación a los derechos ciudadanos sobre ese espacio de tránsito público al señalar que “todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios”.
También crea el artículo 1974 bis que hace extensible la servidumbre de tránsito a los ríos, lagos y montañas ubicados dentro de una propiedad privada o colindante con un inmueble particular que tengan interés público.
Fuente: El Cordillerano