La región lidera el índice no sólo de víctimas fatales en manos de las fuerzas de seguridad sino también de desapariciones forzadas.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el 2 de diciembre en Plaza de Mayo su informe de la situación represiva en el país, donde se destacan los casos de asesinatos en manos de fuerzas de seguridad. Hace dos décadas que esta institución presenta todos los años este informe. Desde diciembre de 1983 hasta la primera quincena de noviembre de este año se produjeron 4960 asesinatos por las fuerzas represivas del estado, según el relevamiento presentado. En ese período se registraron 74 casos en Chubut. Solo en el año 2016, hasta dicha fecha, se produjeron 259 asesinatos en el país, dando un promedio de una muerte cada 25 horas.
Big Sur entrevistó a María del Carmen Verdú, abogada y principal referente de CORREPI, para que detalle la significancia del informe y dé una interpretación de las causas que hacen posible estas escabrosas cifras. “La primera y contundente conclusión es que nunca hemos tenido un crecimiento tan importante de la cantidad de casos de personas asesinadas a través de las distintas modalidades represivas del aparato estatal en tan poco tiempo como este año”, comienza su exposición la abogada. Y, amplia: “Porque en diez meses y medio, que es el rango de fecha que abarca el archivo desde el 10 de diciembre de 2015 a unos días antes del 15 de noviembre, además de los 259 casos, si vos hacés el promedio por día de gestión llegás a la conclusión de que estamos en un promedio superior al que tuvo Cristina Fernández en sus dos últimas gestiones, que era hasta ese momento el récord absoluto, y con un promedio de una muerte cada 25 horas, lo que supera en tres horas el promedio que teníamos en los últimos doce años”. Luego de adelantar que durante lo que quede del 2016 seguramente se superen los 300 asesinatos, aclara que todos los años cuando llegan a Plaza de Mayo “con el informe hay muchísima información del año en curso que todavía no nos ha llegado”. Detalla que del total de casos “el 47 % son por gatillo fácil, el 39% es muerte en comisarías o cárceles, sumado estás arriba del 80 por ciento”.
La Juventud
Del informe se desprende que, sin dudas, el principal sector apuntado por las fuerzas uniformadas es la juventud. Sobre el particular, Verdú destaca que “yo siempre lo defino diciendo que es un puñetazo en la boca del estómago cuando ves que el 52% del total (de casos) eran pibes de 25 años o menos. Y si sumás los de menos de 35 estás casi en el 90%”. Recalca que “donde más se advierte el tema del bajo promedio de edad es en el gatillo fácil porque si vas a los casos de muerte bajo custodia, como hay muchos que ocurren en cárceles, ya de pronto tenés de 18 años para arriba. Pero en los casos de fusilamientos de gatillo fácil el grueso son pibes de 15 a 20 años”. Consultada si las víctimas pertenecen a los sectores populares, es contundente en su respuesta: “Prácticamente un cien por ciento. O sea, los pocos casos que tenés que corresponden a sectores medios o altos son pibes que estaban con la pinta o con la actitud equivocada o en el lugar equivocado. No tenés casos de gatillo fácil en Recoleta, Barrio Parque o Puerto Madero de gente que vive ahí”.
Femicidios
Por primera vez la Correpi realizó el desagregado de cuántos de los casos de mujeres asesinadas se corresponden a femicidos. La abogada señala que “del universo de víctimas mujeres, el 66% son femicidios”. Su lectura al respecto es que esto demuestra “cómo se potencia la violencia patriarcal cuando se cruza con la represión estatal”. Además, relaciona que dichas cifras son muy compatibles con los datos del “análisis de los casos que registra la Casa del Encuentro, donde sobre el total de femicidios ellas obtienen que uno de cada cinco, o sea el 20%, son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad”.
Patagonia lidera el ranking represivo
Otro de los datos relevantes del informe es el papel que juegan las fuerzas de seguridad provinciales. Allí se observa que más de la mitad de los asesinatos corresponden a este tipo policías. Obviamente, si se toman los casos netos provincia de Buenos Aires lidera este triste ranking. Pero si, en cambio, se realiza un promedio por millón de habitantes, Santa Fe pica en punta, seguida por Tierra del Fuego, Mendoza, Chubut, Buenos Aires y La Pampa. También se registra un “crecimiento de Gendarmería y Prefectura, Policía Federal, fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con el despliegue de fuerzas federales en el resto del país”, afirma Verdú.
Frente a la consulta de por qué la Patagonia y nuestra provincia en particular registran índices tan elevados de asesinatos en manos del estado, la abogada sin dudar responde que “Chubut y en general las provincias de la Patagonia siempre han tenido un lugar relevante en materia de represión, no solamente con sus propias fuerzas policiales, que bastante tiene para que se escriba al respecto. Los grupos especiales de las policías de las provincias del sur en particular tienen características muy militarizadas, entre otras cosas por la necesidad de contener las grandes movilizaciones de trabajadores, petroleros, docentes, etcétera, que han sacudido la zona en años recientes y lo siguen haciendo. Y sobre todo Chubut tiene una particularidad central, que es el número de desaparecidos. Es una de las provincias con mayor cantidad de desaparecidos de todo el país”.
Pueblos originarios
La situación de opresión que viven los pueblos originarios es un tema recurrente en las provincias patagónicas. En el último el tiempo viene siendo portada de la mayoría de los medios de comunicación de la provincia a raíz de las declaraciones del gobernador Mario Das Neves contra la comunidad que recuperó tierras al empresario Benetton en la zona de Cushamen. “Si vos tomás el listado de los 4960 casos ordenados por lugar vas a ver que los apellidos del sur del país son todos de origen mapuche. Así como si tomás los del norte del país vas a encontrar un montón de apellidos que es donde advertís la etnia qom, quechua o guaraní”, comienza su explicación Verdú. Y, sigue: “Los integrantes de las diversas etnias de pueblos originarios forman parte de los sectores más pobres y oprimidos de nuestro país. Entonces, obviamente, sobre todo en las regiones donde son población mayoritaria como es el caso de estas provincias de la Patagonia, son también los que ponen la mayor parte de la carne de cañón frente a la represión estatal. Y si a eso le sumás que el tema de la tierra y vivienda es uno de los ejes fundamentales de la represión contra sectores organizados, eso explica también que haya muchísimos casos en los que no se trata de simple hechos de gatillo fácil donde podría llamarse Pérez el pibe, sino que tiene que ver con los negocios inmobiliarios que desde el poder se defienden”.
Una política de Estado
Como se dijo más arriba, el gobierno de Mauricio Macri en menos de un año de gestión se lleva el 5% de las víctimas en manos de las fuerzas represivas, marcando un claro crecimiento respecto a las gestiones anteriores. Sin embargo, ello no implica que los gobiernos que le precedieron tuvieran un accionar que los aleje en demasía. Durante los doce años de gobiernos kirchneristas el promedio de asesinatos de estas fuerzas fue de un caso cada 28 horas. Del total de las 4960 personas caídas, el 43% corresponden a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y el 20% a la de Néstor Kirchner. Las presidencias de Menem le siguen con el 14%, luego el gobierno de la Alianza con el 10%. El tándem Puerta-Rodríguez Saá-Duhalde alcanzó el 6% y Raúl Alfonsín un 2%, siempre de acuerdo al informe presentado.
La representante de Correpi enfatiza que estas cifras son la expresión de una “política de control social. Por eso se potencia en momentos de profundización de la crisis donde más necesita el aparato estatal disciplinar”. Por control social Verdú entiende que son “las distintas herramientas (del Estado), como el sistema de detenciones arbitrarias, la militarización de los barrios populares, con la vía libre para el gatillo fácil, la tortura y por ende las muertes en lugares de detención, que tienen como objetivo a través del amedrentamiento”. Y enfatiza que el “mensaje es bien simple, si vos desde la cuna le enseñás al pibe de barrio que por estar parado en la esquina tomando una birra con los amigos lo podés interpelar, interceptar, pedirle el documento, llevártelo preso, molerlo a palos, matarlo en la comisaría o pegarle un tiro por la espalda si se escapó, y no pasa nada. Imaginate lo que puede pensar ese pibe que le puede pasar si decide organizarse y salir a protestar porque la salita del barrio no tiene médicos o porque la escuela tiene el techo que se cae a pedazos, o porque lleva un montón de tiempo buscando laburo y no lo consigue”.
Por Iván Marín Big Sur