Marcelo Cano Director de Desarrollo Humano Juan Martín Bortagaray Presidente IPV Chubut
de la Subsecretaria de Vivienda y Hábitat de la
Nación.
Ante declaraciones que han circulado en los últimos días en medios periodísticos en relación a que el Estado Nacional centralizará la ejecución, distribución y manejo de fondos en lo referente a planes y programas de construcción de viviendas -salteando a los gobiernos provinciales y sus respectivos institutos de vivienda-, se aclara que desde la creación misma de los Planes Federales de Vivienda, el Estado Nacional cumple el rol de financiar proyectos de vivienda presentados por los Entes Ejecutores Provinciales.
No se pretende cambiar este rol ya que depende de la capacidad operativa de los Institutos de Vivienda Locales y su conocimiento irreemplazable de la problemática de vivienda a nivel territorial, a fin de que los recursos disponibles se vuelquen a lo que realmente interesa: la reducción de déficit habitacional a lo largo y ancho del país.
En el mismo sentido, se ha planteado durante las últimas sesiones del Consejo Nacional de la Vivienda el fortalecimiento de los institutos provinciales a partir del proyecto de modificación de la Ley FONAVI, proyecto que prohibiría la libre disponibilidad de los fondos y obligaría nuevamente a todos los gobiernos provinciales a destinar los fondos a obras en materia de vivienda, tal como fuera el espíritu original de la norma, modificada en 2001 por la Ley de Emergencia Económica.
Asimismo, ha circulado una versión según la cual la provincia del Chubut no habría recibido fondos nacionales para construcción y mejoramiento de viviendas durante los últimos dos meses. Al respecto, se resalta que entre el 21/05/2017 y el 20/07/2017 el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chubut ha recibido un total de $59.624.152,99 provenientes de fondos del Estado Nacional.
De hecho, en el transcurso del 2017 la Nación ha girado a dicha provincia $359.428.933,54, lo que representa un 4,4% del total de fondos ejecutados para planes de vivienda. Es decir, que se ubica quinta a nivel nacional en cuanto a financiamiento por cantidad de hogares, y sexta en el país según cantidad de hogares con déficit habitacional.
Además la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación tiene suscriptos un total de 13 convenios con la provincia del Chubut, que corresponden a 1136 viviendas, por un monto superior a los 700 millones de pesos. Asimismo, se acordaron un convenio por 3 mil microcréditos del orden de los 45 millones de pesos; y dos obras con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano dependiente de la mencionada Secretaria, por un monto mayor a los $49.24 millones.
También cabe recordar que a mediados de mayo, luego de la catástrofe natural que generó inundaciones históricas, se enviaron 50 módulos de emergencia habitacional a Comodoro Rivadavia por intermedio del Programa de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad, iniciativa del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, implementado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat y ejecutado a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
También se ha criticado la propuesta de que intervenga el sector privado en los planes de vivienda federales, insinuándose la reducción del compromiso del Estado para construirlas y derivar los recursos necesarios a tal fin. En este sentido, es fundamental transmitir que el objetivo del Estado Nacional es seguir otorgando soluciones habitacionales, proveer más financiamiento a la problemática y acercar a todos los actores interesados a fin de encontrar la mejor solución. Hoy la Argentina necesita cerca de 1.5 millones de viviendas nuevas. Si se estima en un millón de pesos la vivienda promedio, el problema requeriría $1.500.000.000.000, lo cual equivaldría a 100 veces el presupuesto anual de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Para avanzar en reducir el déficit habitacional será necesario multiplicar el aporte del Estado, incluyendo al sector privado, y reorientar los recursos a aquellas familias más vulnerables, con mayores urgencias, incorporar nuevas tecnologías de construcción y desarrollar los créditos hipotecarios. Esta importantísima tarea será imposible de cumplirse sin el apoyo y la guía de los Institutos Provinciales de Vivienda.
Finalmente desde el Estado Nacional se quiere aclarar que la asignación de cupos hoy -a diferencia de gestiones anteriores- se da teniendo en cuenta el déficit habitacional cuantitativo de cada provincia, y la cantidad de proyectos presentados por los distintos organismos provinciales, municipales o entidades intermedias, para cuya aprobación se evalúan diversos indicadores de déficit, sustentabilidad y urbanismo. Y se resalta que dentro de la reglamentación específica del Plan Nacional de Vivienda, a través de sus diversas líneas de acción, se sigue contemplando explícitamente tanto a organismos provinciales como municipales (así como a instituciones intermedias del tipo sindicatos, ONG´s, cooperativas, etc.) como posibles solicitantes de co-financiamiento para proyectos de construcción de viviendas nuevas, mejoramientos habitacionales, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura integrada o regularización dominial.
