La legislación boliviana prohíbe el contacto de la víctima con el agresor durante el juicio. Varias organizaciones han pedido la destitución de la magistrada.
La jueza boliviana Giovana Gómez permitió esta semana que una niña de ocho años declarara en un juicio delante del hombre que está acusado de violarla. El hecho no ocurrió en el campo, sino en Santa Cruz, la principal metrópoli del país.
Gómez respondió a la oleada de críticas que su decisión despertó echándole la culpa a la parte acusadora: “»Ellos (la Fiscalía) la han traído, ellos me han solicitado”, dijo a la prensa.
Tanto las leyes bolivianas de defensa de los derechos infantiles como las que protegen a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual prohíben el contacto de la víctima con el agresor. Sin embargo, por el escaso presupuesto del que pueden disponer los jueces, el uso de “cámaras Gesell” (habitaciones acondicionadas para observar a un niño sin que él note la presencia de los adultos) es limitado.
La jueza será investigada por la organización disciplinaria de la judicatura. Varias organizaciones han pedido su destitución.
Lo sucedido muestra la crisis en la que se encuentran los servicios de justicia del país, que las autoridades han reconocido como una “tragedia” y la gran tarea pendiente del gobierno de Evo Morales. Éste ha tratado de renovar el crónicamente deficiente poder judicial por medio de la elección popular de los principales magistrados, lo que ya sucedió en 2012 y volverá a ocurrir este año.
Hasta ahora la reforma no ha logrado sus objetivos y sigue en cuestión la idoneidad del personal judicial, su sobrecarga de trabajo y su dependencia de los poderes políticos y económicos. Alrededor del 80% de los reos no cuenta con sentencia y un juicio previsto para un año puede llegar a durar una decena.
En estos días también ocupa la atención de la prensa otro caso ilustrativo de los problemas de la justicia: la policía descubrió que los jueces habían declarado culpable por asesinato a un hombre inocente que terminó con una condena de 30 años de prisión por parecerse físicamente al verdadero autor del crimen. Los involucrados fueron destituidos.
El País