La rúbrica fue con el Ministerio de la Defensa Pública. A partir del mismo, se instalarán, en principio, oficinas itinerantes en el Área 12, Área 16, barrio Gregorio Mayo y Área 23. La iniciativa se pondrá en marcha el 7 de noviembre, adelantó el defensor jefe de la Circunscripción Judicial Rawson, Ricardo Nassif.
La intendenta Rossana Artero firmó este miércoles un convenio entre la Municipalidad de Rawson y el Ministerio de la Defensa Pública que tiene como objetivo principal la colaboración mutua para articular acciones de acceso a la Justicia. En ese marco, la Municipalidad en un trabajo conjunto con las Asociaciones Vecinales garantiza el espacio para que los abogados de la Defensa Pública se instalen en los barrios, donde habrá bocas de atención para la comunidad.
El convenio fue firmado en el despacho municipal, con la presencia del defensor jefe de la Circunscripción Judicial Rawson, Ricardo Nassif, otros funcionarios de la Defensoría General, el secretario de Gobierno, Jorge Aleua, la secretaria de Familia, Norma Cerrudo, y la directora del Servicio de Protección de Derechos, Vanesa Freeman.
En base al convenio, la Municipalidad inició el trabajo con las Asociaciones Vecinales para generar oficinas itinerantes en los barrios que en principio se instalarán en Área 12, Área 16, Gregorio Mayo y Área 23. Allí, los vecinos podrán recibir asesoramiento sobre distintas temáticas, como divorcios o cuotas alimentarias, teniendo en cuenta que en este último caso se registran varios casos de incumplimiento.
«Es un convenio muy importante que surgió espontáneamente entre las instituciones y que fuimos trabajando este año», dijo Nassif. «Esto viene a dar un cierre para preparar una serie de medidas que tienen que ver con el acceso a la Justicia llevando los abogados de la Defensoría a los barrios», añadió.
Al respecto detalló: «Hemos elegido, después de unos meses de trabajo, cuatro barrios donde vamos a llevar a cabo esta mesa de entradas itinerante. Será un día en cada barrio: Área 12, Área 16, Gregorio Mayo y Área 23, que abarca Puerto de Rawson».
Allí «de 8 a 12 horas van a estar nuestros abogados con un empleado administrativo que va a estar todo el año, un día a la semana en cada barrio asesorando a la gente para tratar de dar una respuesta más directa».
Acerca de los trámites precisó: «Nosotros realizamos asesoramiento en cuestiones civiles y de familia, como violencia de género y violencia familiar. Es decir, una persona que quiera divorciarse, que quiera dividir los bienes, puede asesorarse en sus oficinas y veremos si podemos hacer el trámite porque la nuestra es una Defensoría de pobres y de ausentes. Es decir, dirigida a las personas carentes de recursos y la persona que requiera nuestros servicios tiene que tener un ingreso no mayor a los 17.000 o 18.000 pesos».
«Pero además nosotros acompañamos en el juicio como abogados de parte. El resto de los trámites, que tiene contenido patrimonial, tenemos un convenio con el Colegio de Abogados que cumple una función muy importante allí y se encarga de muchos temas», agregó.
Adelantó que el inicio de la propuesta será el 7 de noviembre, «una vez que pasen las elecciones, y a partir de la firma de este convenio empezamos todo un trabajo de difusión anticipándonos para que la gente sepa que en su barrio va a tener un abogado con un espacio físico que facilita la Municipalidad de Rawson, y los profesionales del Ministerio de la Defensa Pública».
«Este es el primer convenio de este tipo con Municipalidades y es demostrativo de un diálogo entre las instituciones que es muy rico. Yo estoy en Rawson desde el año 2013 como defensor, este año asumí como defensor jefe y la verdad es que me he encontrado con una apertura y un trabajo en redes muy rico, a tal punto que por ejemplo la Defensoría forma parte de la Mesa de Salud Mental», explicó.
De acuerdo con lo firmado, se establece la «mutua colaboración entre las partes en el desarrollo y coordinación de acciones a los fines de promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a la justicia, poniendo énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad, procurando actuar de manera flexible y coadyuvando para alcanzar niveles de eficiencia en el ejercicio de la función pública, cumpliendo con sus fines y objetivos».