Ariel Salazar fue detenido cuando fue a visitar a su madre. El principal imputado por la muerte de la médica Natalia Vargas fue apresado por entorpecimiento de la investigación. En tanto, también se investiga a los empresarios responsables de la compañía del servicio y del sitio donde se realizaban los saltos.
La investigación por la muerte de la médica Natalia Vargas, que se produjo cuando realizaba un salto de parapente, sigue su curso. De este modo, la justicia de Tucumán logró detener a Ariel Salazar, el responsable de guiar a la víctima durante la actividad y el principal imputado por su muerte.
Salazar está imputado por el delito de «homicidio culposo». Y se bien se trata de una instancia excarcelable, el supuesto instructor quedó detenido por entorpecer la causa.
A lo largo de las últimas dos semanas, Salazar se había ido de su domicilio y había comenzado a escaparse de la justicia. Por eso, para la detención se empleó un mecanismo particular: una policía se hizo pasar como una alumna de parapente para poder encontrarlo. Una vez hallado, lo siguieron hasta que se produjo la detención definitiva, justo cuando estaba por ingresar al domicilio de su madre.
El juez Francisco Pisa había ordenado la detención el último viernes y se tardó cuatro días en poder llevar a cabo el procedimiento. Salazar había dicho que vivía junto a su madre, pero no era cierto. Días antes, agentes habían visitado la casa de la madre para buscar las cámaras que registraron el accidente y había solo dos camas, donde dormían la señora y un hermano del acusado.
Gracias al operativo de camuflaje de su agente, se pudo conocer que el hombre residía en un domicilio nunca antes revelado junto a su novia.
La situación de Salazar es más que comprometida. En primer lugar, debido a un testimonio que se contradice con las palabras de la mayoría de los testigos y de los especialistas.
El supuesto instructor de vuelo declaró en su momento que justo antes del accidente, Vargas entró en una suerte de ataque de pánico y eso fue lo que la hizo caer al vacío.
Sin embargo, gracias al video que se filmó en el instante preciso del despegue, se pudo corroborar que la joven residente en Alemania no tenía puesto el arnés de seguridad de la manera correspondiente.
La Justicia solicitó al acusado los registros de la tarjeta de memoria de la cámara Go Pro con la que se hizo el salto, pero el imputado negó poseerla. Hasta ahora, el dispositivo audiovisual nunca fue encontrado.
La fiscal María del Carmen Reuter interrogó a tres testigos y allegados a Salazar respecto a lo que pudo haber sucedido con esa cámara. Los testimonios fueron tan contradictorios que se analizan imputaciones por el delito de encubrimiento.
El otro punto en contra de Salazar es, nada menos que el de los permisos para brindar el servicio de los vuelos de parapente.
El presidente de la Federación Argentina de Vuelo Libre, Pablo Jaraba, declaró ante la justicia y aseguró que Salazar «no estaba habilitado para hacer la práctica biplaza ni era instructor» y que «No es un piloto profesional; ni siquiera cumplió con lo básico del curso».
La causa también abrió puertas respecto a los vuelos de parapente en la provincia de Tucumán. La investigación intenta confirmar que las empresas que brindan el servicio y las compañías responsables de los sitios donde se realiza la práctica tuvieron conocimiento sobre accidentes previos en los vuelos y apelaron a un «manto de silencio» para mantener el negocio intacto.
Tanto la fiscal Reuter como sus pares, Mariana Rivadeneira y Diego López Ávila intentarán demostrar en los próximos días la responsabilidad en el caso de los titulares de Loma Bola y de la compañía que ofrecía el servicio. De avanzar la causa, se podría llegar a presentar imputaciones por «homicidio con dolo eventual».
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