En una audiencia realizada por el sistema de teleconferencia realizada el sábado último en horas de la tarde, la jueza de Puerto Madryn Estela Eizmendi, resolvió la libertad para Gustavo Benardi, el imputado por las usurpaciones en Playa Magagna que había sido detenido por desoír las citaciones judiciales y que, según la fiscalía, con esa conducta tenía previsto no ser sometido a juicio oral y público.
La decisión de la detención fue tomada el viernes por la jueza Mirta Moreno. A instancias del defensor Oscar Romero, esa decisión fue revisada por los jueces Ivana González y José García que optaron por un tribunal unipersonal para la decisión última. Así fue que la Oficina Judicial de Rawson organizó una audiencia que se realizó por teleconferencia y que estuvo a cargo desde Puerto Madryyn por Eizmendi.
La fiscalía
Las partes insistieron con sus posturas ya expuestas en las audiencias anteriores. Por un lado, la fiscal general Griselda Encina insistó con la prisión preventiva, argumentando que Benardi ha demostrado no querer sometido a juicio oral y público, con las reiteradas ausencias ante las citaciones de la Oficina Judicial de Rawson. Encina se encargó de destacar el desinterés de Benardi por someterse a la Justicia del Chubut. “Cuando empezó debate del juicio oral, tras un planteo de la defensa, Benardi dejó de ir a las audiencias. Dejó su número de teléfono, pero no lo atendió más y ni su abogado defensor pudo tener contacto con él. Pero hay que tener en cuenta su comportamiento en audiencias anteriores. El 2 de mayo del año pasado, tampoco se presentó a la audiencia preliminar. En ese momento tuvo una actitud reticente y ahora su conducta se repite durante el debate oral. Ahora estoy pidiendo su detención para asegurarnos la continuidad del debate”, indicó.
La defensa
Por el otro lado la postura del defensor Romero que insistió que la prisión para su cliente en esta instancia “es una pena anticipadas, sin que haya sido aún hallado culpable de nada” y que “no existe el peligro de fuga –Benardi tenía pedido de captura pero se presentó el viernes voluntariamente- y que no puede entorpecer la investigación teniendo en cuenta que el trabajo investigativo ya fue realizada y que solo resto el juicio oral y público”. Argumentó además que si sus co imputados (cuatro de los imputados por las usurpaciones que fueron sometidos a juicio oral) fueron hallados culpables y condenados a una pena de seis meses de prisión de carácter condicional “es más grave ahora que quede detenido a la pena que puede llegar a recaer en su contra si es hallado culpable”.
“Sin señal de celular”
Ante los jueces Garcia y González, el imputado prefirió explicar las razones de su ausencia destacando que se dedica a las tareas rurales trabajando en la reparación de molinos y construcción de galpones en establecimientos agropecuarios del interior provincial. Dijo que durante el debate y en un cuarto intermedio de algunos días, se fue a trabajar al interior donde no había señal de celular y que intentó regresar pero tuvo una rotura en su camioneta que lo obligó a permanecer más días en el campo.
Finalmente Eizmendi resolvió la libertada para Benardi con la obligación de no ausentarse de la zona y firmar periódicamente el libro de permanencia en la Oficina Judicial.
Cabe recordar que en juicio oral y público –Benardi fue solo a una audiencia y luego no dio más señales de vida- cuatro imputados fueron hallados culpables de delito de “usurpación con clandestinidad”, una mujer fue sobreseída y ocho reconocieron el delito y aceptaron destruir las casas que habían levantado a cambio de ser sobreseídos. La denuncia de usurpación de los terrenos, fue realizada en el año 2015 por los abogados querellantes Jorge Rubeolo y Gonzalo Torrejón, representantes de la familia Galina, propietarios de las tierras usurpadas. Allí no obstante existe además casi un centenar y medio de construcciones levantadas de manera clandestina.
Para juzgar la conducta de Benardi se deberá realizar un debate oral y público nuevo.
