El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, presentó sus argumentos para que la Justicia no siga adelante con 783 cargos por corrupción en su contra relacionados con una adquisición pública de armamento a finales de los años 90.
La presentación se realizó ante la Fiscalía, al borde de cumplirse el plazo marcado por este organismo para que el mandatario expusiese sus argumentos, según declaró el portavoz de la Procuración Nacional, Luvoyo Mfaku, al canal ANN7.
La acusación pública, encabezada por el fiscal general Shaun Abrahams, estudiará ahora los razonamientos de la defensa como último paso antes de determinar si inicia los trámites para que se lo procese.
De acuerdo a los medios locales, la decisión podría conocerse en un plazo de dos semanas, informó la agencia de noticias EFE.
Los cargos contra Zuma se remontan a 1999 y fueron presentados por la Fiscalía en 2007, poco después de que derrotara al entonces presidente de la República, Thabo Mbeki, en el congreso para elegir al siguiente líder del partido gobernante desde el fin del “apartheid”, el Congreso Nacional Africano (CNA).
Las acusaciones tenían relación con una adquisición pública de armamento y, en 2009, con Mbeki ya fuera de la Presidencia, la Fiscalía retiró los cargos al considerar que se habían presentado como venganza política contra Zuma.
En mayo de 2016, impulsados por la opositora Alianza Democrática (AD) -que recurrió la decisión al considerar que la Fiscalía actuó bajo presión política-, los cargos fueron restaurados por la Justicia sudafricana.
En octubre pasado, el Tribunal Supremo de Apelación (TSA) rechazó el último recurso presentado por el presidente y, por tanto, la iniciativa sobre cómo continuar quedó en manos de la Fiscalía.
La propia continuidad de Abrahams -visto en el país como sumiso con Zuma- se mantiene en vilo ya que a finales de 2017 el Tribunal Superior de Pretoria invalidó su nombramiento como fiscal general, al considerar que su entrada y la salida de su predecesor se habían realizado de forma ilegal, y dio un plazo al gobierno para nombrar uno nuevo.
Estos casi 800 cargos de corrupción no son el único escándalo que salpica al presidente sudafricano, cuyo segundo y último mandato permitido expira en 2019.
En 2016, los tribunales lo obligaron a devolver medio millón de euros de fondos públicos que gastó de forma ilegal en la reforma de su residencia privada.
Derivado de ese caso, la Justicia ordenó recientemente que el Parlamento redacte un marco de normas para regular la posible destitución del presidente del país.
Los jueces tomaron esta decisión tras considerar que el organismo legislativo falló en su misión de que el presidente rindiera cuentas por aquel episodio.
Otro frente abierto para el jefe de Estado es la investigación en curso de un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se acusaba a Zuma y a otros altos cargos de favorecer desde el gobierno a una familia de empresarios afines, los Gupta.
Mientras, crece la presión, tanto interna desde dentro de su partido como externa, para que Zuma renuncie a su cargo.
El propio comité ejecutivo del CNA, que desde diciembre se encuentra bajo el liderazgo del vicepresidente, Cyril Ramaphosa, reconoció que hay conversaciones en curso para analizar esa posibilidad.
El oficialismo busca así despegarse de la imagen de corrupción e ineficiencia que arrastra el gobierno de Zuma.
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