Mientras la Corte Suprema argentina debe resolver si confirma la extradición de Jones Huala, que es requerido en el sur de Chile por el incendio de 2013 en el fundo Pisú Pisué, los mapuches mantendrán sus protestas a ambos lados de la cordillera.
El activista indígena está detenido desde junio del año pasado en Esquel y desde entonces en varios ataques incendiarios a empresas forestales por el lado chileno se han hallado panfletos de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM, organización hermana de Resistencia Ancestral Mapuche, RAM) y de Órganos de Resistencia Territorial que piden la liberación del referente.
Ese mismo mes, fue la última vez que representantes de los Estados de Chile y de la Argentina se reunieron para abordar la violencia mapuche.
En Buenos Aires, el subsecretario del Interior chileno, Mahmud Aleuy, visitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para intercambiar información sobre un supuesto contrabando de armas entre grupos indígenas a través de pasos fronterizos ilegales.
Por ese caso detuvieron en varios lugares de Chile a ocho comuneros, en una acción que fue llamada Operación Huracán.
Pero resultó un montaje que arrastró a un escándalo a Carabineros, la policía chilena.
El nuevo gobierno de Sebastián Piñera hereda no solo la extradición de Huala, sino también ese enredo policial.
El mandatario entrante propuso para la Araucanía una especie de Plan Marshall y dio seis meses de plazo a un ministro y a un intendente para que lo elaboren.
Debe tener tres ejes: fortalecer el Estado de Derecho, proveer de inteligencia policial a la zona y combatir el drama económico y social de la región más pobre de Chile.
Los mismos seis meses calculan -tanto la defensa de Huala como el fiscal que lo acusa- que le tomará a la Corte Suprema argentina definir sobre la extradición.
A diferencia de Michelle Bachelet, que evitó referirse a terrorismo para tocar el asunto mapuche, el jefe de gobierno entrante dijo esta semana que su convencimiento es que en la Araucanía sí hay terrorismo.
«No tenemos las mejores expectativas, pues lamentablemente se ha transformado en una política de Estado de todos los gobiernos de turno aplicar la discriminación y violencia hacia los mapuches», dijo a LA NACION Juan Carlos Reinao, jefe de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches.
Aunque no quiso referirse a la extradición de Huala, por ser un proceso en curso, Reinao sí manifestó que en el mundo mapuche se perdió la confianza en el sistema judicial chileno desde los montajes de la Operación Huracán.
Y acusó al gobierno de Chile de «coordinar con sus pares trasandinos una política represiva» contra los mapuches.
Llegar a junio sin definir la extradición del lonko es para organizaciones como la CAM agudizar un conflicto que puede abordarse antes desde la política.
El movimiento de defensa de Huala está activo en la Araucanía y es posible que, de concederse su salida a Chile, las protestas se intensifiquen, porque el Ministerio Público chileno ya advirtió que pedirá un proceso con el acusado en prisión preventiva.
