La iniciativa mantendrá su propósito fundamental: el aborto legal hasta la semana 14 de gestación, y una vez superado ese plazo, podrá requerirse la práctica en caso de embarazo producto de violación, riesgos para la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; o “diagnóstico de vida incompatible con la vida intrauterina”.
Pero uno de los cambios más relevantes al proyecto original tiene que con el derecho a la objeción de conciencia, que finalmente quedará plasmado en el articulado. Con dos importantes detalles: la objeción de conciencia será individual -no institucional- y los médicos que deseen ampararse en ella deberán inscribirse en un registro previo, de modo de garantizar que haya otro profesional que practique el aborto.
La tercera y última modificación consiste en incorporar consejerías de atención integral pre y post aborto, a cargo de equipos interdisciplinarios. Esta propuesta estaba contemplada en otros proyectos, como el de Daniel Filmus (FpV-PJ), y según publicó Parlamentario, su inclusión fue vital para definir algunos votos indecisos.
La polémica en torno al aborto en adolescentes también quedó zanjada. Cuando la mujer tenga entre 13 y 16 años, el proyecto remitirá al artículo 26 del Código Civil y Comercial, donde “se presume que (…) tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”.
“Quedará por siempre la discusión de interpretación respecto a qué tratamiento son invasivos y cuáles no”, se resignó una diputada firmante del proyecto de la Campaña.
El debate se dará en las comisiones de Legislación General -cabecera-, Salud, Familia y Mujer, y Legislación Penal. La intención es emitir dictamen el martes próximo, y debatirlo al día siguiente -miércoles 13-. Dado que el despacho no tendrá los siete días de vigencia reglamentarios, será necesario habilitar su tratamiento con dos tercios de los votos.
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