Para el próximo lunes a las 8.30 está previsto que el fiscal general Osvaldo Heiber y el defensor Marcelo Gélvez realicen los alegatos en lo que constituye ya la etapa final del juicio oral y público por el faltante de 600 mil pesos del Colegio María Auxiliadora de Rawson, hecho por el cual se encuentra imputada Erica Juy que realizaba tareas de administradora al momento de constatarse el faltante del dinero, en marzo del año 2013.
Tras haberse escuchado a los testigos en el marco de las pruebas del debate, en la audiencia de este viernes declaró la imputada que reafirmó haberle dado mediante la entrega de sucesivos montos, todo el dinero a la hermana Luigina Silvestrini, la directora del establecimiento. Dio cuenta además de cierta inseguridad que representaba su oficina para guardar el dinero teniendo en cuenta que se hallaba muy cercana a la puerta de ingreso de la escuela, que existían varias copias de la llave de una caja fuerte empotrada en una pared y que varias personas tenían las claves del sistema de alarma de esa dependencia. “Me pidieron luego que devolviera el dinero y cómo iba a devolver lo que nunca había tenido?. Yo se lo había entregado a la monja”, destacó. En otra parte de su extensa declaración y siguiendo la línea de su abogado defensor, puso en duda la conducta de la monja. En este sentido expresó que “la hermana Luigina viajaba mucho y nunca supimos dónde iba. Decía que siempre lo hacía en colectivo y después nos enteramos que algunos viajes los había hecho en avión”.
Juy referenció también como viene soportando desde el punto de vista personal, la acusación que desde hace cinco años pesa sobre ella, la repercusión social del hecho en el que se encuentra involucrada destacando que “soy la persona más interesada en que se sepa la verdad”.
La causa fue llevada a juicio oral y púbico tras la denuncia realizada por el abogado Carlos Ramallal en carácter de apoderado legal del Colegio María Auxiliadora de Rawson. La investigación fue iniciada por la fiscal general Griselda Encina, tuvo un traspié al punto tal de que tuvo que intervenir el Superior Tribunal de Justicia que convalidó la elevación a juicio oral del caso, y en esta etapa del juicio oral, el trabajo le correspondió al fiscal general Osvaldo Heiber.
El monto de dinero que se investiga como faltante y que le costó el puesto a Juy, pertenecía al llamado fondo de resguardo. Estaba destinado a la previsión de situaciones financieras de crisis. Se conformaba con el pago de la cuota mensual de los alumnos y tenía como objetivo asegurar el pago de personal y otros inherentes al funcionamiento del establecimiento educativo. El hecho se encuadra en el delito de “retención indebida”, previsto en el el artículo 173, incisos 2 y 45 del Código Penal.
En principio los alegatos se iban a realizar inmediatamente después de terminar con la ronda de testigos, pero el fiscal general Heiber pidió al juez Marcelo Orlando un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a fin de poder contar con el suficiente tiempo para analizar todo lo que se dijo durante los tres días en que desfilaron los testigos de las partes.
