El fiscal federal Ramiro González imputó hoy a Mario Quintana, secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete del presidente Mauricio Macri. De ese modo se inició la investigación judicial para determinar si Quintana cometió algún delito al poseer acciones que le otorgan el control de la empresa Farmacity y al mismo tiempo ser uno de los principales funcionarios del gobierno nacional.
Quintana, empresario que desde 2015 se sumó a la Jefatura de Gabinete que encabeza Marcos Peña, presidió el directorio de Farmacity hasta ingresar como funcionario nacional. Pero conservó el tres por ciento del paquete accionario. A su vez Quintana tiene participación en la sociedad Partners I que posee acciones nominativas «clase A» que representan el 53% de los votos de Farmacity. Por lo cual tendría control sobre la compañía.
Esa información se publicó en el diario La Nación en abril pasado. En mayo fue ampliada en la primera emisión del programa Periodismo Para Todos que conduce Jorge Lanata. Y un día más tarde en el programa de radio de Gustavo Sylvestre se aportaron otros datos. A partir de eso, Daniel Igolnikov (un denunciante habitual contra funcionarios macristas) se presentó ante la Cámara Federal para que se investigue si Quintana cometió un delito. Se cuestiona –porque podría ejercer influencias desde su cargo- que aun siendo el vicejefe de Gabinete tuviera poder de decisión en la compañía a pesar de haber renunciado como presidente del directorio.
Farmacity tiene, por ejemplo, una demanda que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no ha podido establecerse en la provincia de Buenos Aires. La empresa accionó judicialmente porque la Legislatura bonaerense sancionó una ley que no permite que ninguna sociedad anónima ni fondo de inversión sea dueño de farmacias. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires falló a en contra de Farmacity y por eso la empresa apeló a la Corte Suprema de la Nación. La Procuración General de la Nación dictaminó- de manera no vinculante- en abril pasado que esa ley es inconstitucional y ahora la Corte Suprema de la Nación debe dictar sentencia.
Quintana, luego del cuestionamiento sobre su posesión de acciones que permiten controlar a Farmacity, dijo que había renunciado a la presidencia del directorio. «A partir de ese día no tomé ninguna decisión, ni tuve ningún influencia, ni participé en ninguna reunión de directorio, no participé en nada que tenga que ver con la compañía», argumentó. Y agregó: «Como funcionario de este gobierno jamás tuve ninguna participación directa o indirecta, en ninguna decisión que pudiera afectar los intereses de la compañía»
El caso -donde se investiga un posible tráfico de influencias y además si hay conflicto de intereses- le tocó al juez Ariel Lijo, quien durante 2018 está de turno con González. El fiscal impulsó la investigación e imputó a Quintana. Y según pudo confirmar Infobae a través de fuentes judiciales, pidió entre las medidas de prueba que la Oficina Anticorrupción que envíe al juzgado todas la declaraciones juradas de Quintana, y -si existieran- actuaciones o investigaciones administrativas realizadas sobre el funcionario en cuestión y algunas sociedades vinculadas al caso.
También solicitó González que la Inspección General de Justicia informe la composición de las diferentes sociedades vinculadas con Farmacity y Quintana.
Como en la denuncia se establece que se debe investigar si Farmacity fue favorecida para proveer remedios al PAMI, el fiscal requirió algunas medidas en ese sentido.
El fiscal quiere saber si algunas de las empresas donde tiene acciones Quintana son proveedoras del Estado nacional. Para eso solicitó que el Ministerio de Modernización informe al juzgado. Algos similar solicitó del PAMI: debe entregar información al juzgado sobre la contratación de proveedores de medicamentos. Si Farmacity figurara entre las contratadas se deberá enviar al juzgado el legajo.
Respecto del pleito que Farmacity llevó hasta la Corte Suprema de Justicia para poder ingresar a la Provincia de Buenos Aires, González quiere que se informe cómo circuló el expediente y en qué fechas se tomaron decisiones importantes. Y que la Jefatura de Gabinete del gobierno de María Eugenia Vidal remita el expediente por el que se autorizó a Farmacity a operar en la provincia.
Además, González solicitó las copias de los programas de radio y TV que el denunciante utilizó como base para su denuncia. El caso recién se ha iniciado. El juez Lijo recibió el pedido de pruebas que hizo González esta mañana no bien comenzó el horario de atención en los Tribunales.
Infobae
