El Gobierno le pidió a la Justicia Federal que investigue el accionar de los abogados Luis Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.
Se trata de los letrados que viajaron a Chubut en septiembre y se presentaron como miembros de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). El Tribunal de Disciplina de Córdoba le abrió un proceso disciplinario a González Quintana, mientras la APDH nacional se distanció de él y confirmó en un documento que no integra ni integró la institución.
El pedido para despejar dudas sobre el comportamiento de los abogados fue presentado por Fernando Soto, representante legal del Ministerio de Seguridad de la Nación. La denuncia del Gobierno apunta a que afectaron la imagen del país en el exterior, generaron enormes gastos operativos y actuaron por fuera del mandato profesional al aportar información falsa a la Justicia. A Cabaleiro y González Quintana podrían multarlos y hasta quitarles la matrícula.
La sospecha del Ejecutivo es que los profesionales ofrecieron a la Justicia y organismos internacionales informes con testimonios y datos falsos que entorpecieron la investigación, según informó Clarín. También consideran que fueron los impulsores del documento enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU, en el que se aseguraba que el joven había sido víctima de una “desaparición forzada” por parte de Gendarmería Nacional el 1° de agosto de 2017. Para eso habrían presentado los testimonios de Matías Santana y del llamado Testigo E (Lucas Naiman Pilquiman), que contaron que habían visto cómo golpearon y se llevaron al artesano de la orilla del río Chubut.
Soto manifestó en su presentación que el abogado González Quintana construyó un relato al dictar una secuencia al amigo de Maldonado, Ariel Garzi, durante una charla telefónica. Se trata de una de las grabaciones que el juez Gustavo Lleral, que entendía en la causa, había ordenado destruir, una decisión que la fiscal federal Silvina Ávila cuestionó. «Las comunicaciones se realizaron entre Garzi y el imputado para que el primero le contara y ‘cerrara’ el relato de cómo habían sido los hechos que había presenciado Lucas Pilquiman», indicó Soto.
El Tribunal de Disciplina de Córdoba le mandó una notificación a la fiscal Ávila en la que le informó del proceso iniciado en contra de González Quintana por faltas a la profesión que saltaron a la vista en la investigaciónde la fiscalía. «El abogado queda sospechado de haber ‘intervenido ante organismos internacionales de Derechos Humanos, invocando una inexistente representación de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos'», señalaron.
La institución agregó que «el abogado habría hecho afirmaciones no veraces ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y/o ante la Organización de Naciones Unidas, relatando hechos de suma gravedad que supuestamente responsabilizarían al Estado argentino por una supuesta intervención de sus fuerzas de seguridad en la desaparición de Santiago Maldonado”.
En ese sentido, remarcó que, «a raíz de estas manifestaciones no veraces se aplicaron medidas cautelares de carácter internacional en contra de la Argentina» y que eso tuvo una «repercusión nacional e internacional. Por eso se resolvió por unanimidad abrir un proceso disciplinario en contra del letrado”.
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1° de agosto de 2017 y lo encontraron 78 días después, el martes 21 de octubre, en el río Chubut. La causa de muerte fue “asfixia por sumersión coadyuvado por hipotermia», según consta en la causa judicial.
La autopsia se hizo en noviembre bajo la dirección del titular del Cuerpo Médico Forense, Luis Mario Ginesín, y ante la presencia de 55 especialistas de parte en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Buenos Aires. En mayo, el juez Lleral rechazó el pedido del Ministerio de Seguridad de cambiar la carátula. Así, la muerte del joven se seguirá investigando como «desaparición forzada».
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