Las polémicas máquinas de voto electrónico que iban a ser utilizadas en nuestro país en las últimas elecciones serán usadas este domingo en los comicios nacionales de la República Democrática del Congo. Un informe de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos reveló que los aparatos habían sido «creados para las elecciones argentinas de 2017».
Según publicó el diario The Washington Post, las máquinas compradas por el gobierno del Congo fueron fabricadas por la firma surcoreana Miru Systems, la misma que creó las máquinas para las elecciones argentinas de 2017.
«Las máquinas finalmente no fueron seleccionadas para su uso en aquellos comicios por cuestiones de seguridad que las hacían vulnerables a hackers», dijo Sasha Lezhnev, vicedirector de políticas del Enough Project, una ONG que trabaja para la organizaciónThe Sentry.
El diario estadounidense indicó que el gobierno africano «avanza con planes de utilizar máquinas de votación en las elecciones presidenciales anticipadas de este año a pesar de alertas desde ONGs sobre la transparencia y credibilidad» del sistema.
La titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, consideró que «la investigación de The Sentry que prueba que las máquinas de la RDC fueron diseñadas y armadas para Argentina, con aportes de investigadores argentinos».
El año pasado, el juez federal Ariel Lijo sobreseyó al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en una causa en la que se lo investigaba por presunto abuso de autoridad por la supuesta compra de equipos y software para implementar el voto electrónico, pese a que el Congreso, en 2016, decidió no aprobar esa modalidad de elección.
El fiscal Guillermo Marijuan había pedido abrir una investigación contra Ibarra en base a una denuncia fue realizada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien pidió que se analizara un acuerdo suscripto con Corea del Sur para implementar el «gobierno electrónico».
La denuncia incluía un artículo periodístico del diario La Nación en el cual se afirmaba que ya había un acuerdo con funcionarios en Seúl para que Corea participe en la licitación de máquinas y software de voto electrónico, e incluso ya habían llegado las primeras máquinas al puerto de Buenos Aires.
Carreras pidió que se investigue si Ibarra pudo haber cometido los delitos de «malversación de caudales públicos», «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público». Lijo pidió información a distintos organismos públicos y la Aduana negó que hubieran llegado al país las máquinas para implementar el voto electrónico, mientras Ibarra hizo un descargo por escrito.
El ministro afirmó que lo único que había puesto en marcha era un «análisis de factibilidad» en momentos en que el Gobierno enviaba al Congreso un proyecto de ley para intentar aplicar el voto electrónico, pero sin ningún llamado a licitación, compra o «compromiso» alguno.
La Gaceta Salta