El juez Sergio Piñeda libró una nota al Gobierno provincial para garantizar la seguridad de Diego Luthers después de la declaración en la que involucró a nuevos funcionarios. Desde el área que conduce el ministro Federico Massoni alegaron que no pueden ofrecer garantías, que los detenidos «pueden atentar contra su vida», y sugirieron que le otorguen prisión preventiva para ser monitoreado con la tobillera electrónica.
El abogado defensor del ex funcionario provincial, Lisandro Benítez, solicitó en la audiencia de declaración de Luthers que garanticen la seguridad de su cliente y su familia después del testimonio que ofreció durante más de 8 horas.
Piñeda inmediatamente giró una nota al Ejecutivo provincial para que Luthers tenga todos los resguardos en la Comisaría Segunda de Trelew.
EL CHUBUT accedió en forma exclusiva a la respuesta al pedido de Piñeda, que elaboraron desde el Ministerio de Gobierno que conduce Federico Massoni.
La nota firmada por la secretaria general del Ministerio de Gobierno, Sara Genaisir, aclara que el pedido de Piñeda «es de imposible cumplimiento, toda vez que la institución policial al cuidado de detenidos no dispone de una celda individual en la cual el procesado pueda ser alojado, como así tampoco puede garantizar que el mismo no atente contra su vida, infrinja alguna lesión o bien pueda ser atacado en la nocturnidad por sus cohabitantes». En otro de los pasajes de la respuesta, evidencia que las celdas individuales existentes pero «se ecuentran ocupadas por personas privadas de la libertad en conflicto con el resto de la población carcelaria por hechos de una violencia significativa contra la integridad física de los internos».
En este sentido, advierte que Luthers «deberá compartir el pabellón con otras personas privadas de su libertad en cualquier centro de detención o comisaría en la que sea alojado».
Pero en el Ministerio de Gobierno se atrevieron a más y sugirieron que «el Estado provincial como medio paliativo ha puesto a disposición de los magistrados, para el caso de que su señoría así lo ordenara, la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica que permitan garantizar la integridad física exigida, en el resguardo de la prisión domiciliaria».
Vía Nicolas Gil Periodista de Diario El Chubut
