Como parte de la política del Gobierno provincial de acompañamiento y desarrollo de acciones en Derechos Humanos y reafirmando ese compromiso del gobernador Mariano Arcioni, Chubut será sede del “X° Consejo Federal para la lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas”.
El mismo se realizará en diciembre y la sede se definió en el último encuentro del Consejo Federal realizado en Mendoza, en el que participó la provincia representada por la subsecretaria de Derechos Humanos del Chubut, Carla Sánchez Galindo.
Este encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, con la presencia de la vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero y la coordinadora del Consejo Federal y Subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez. Allí “se trabajó en las comisiones permanentes para debatir las políticas públicas para profundizar la prevención y el combate del delito”, describió Sánchez Galindo.
Además, la funcionaria agregó que “se presentó el proyecto de Ley Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, orientado a la creación de un fideicomiso público de administración para los bienes muebles e inmuebles provenientes del delito de trata de personas, tendiente a la adopción de diversas innovaciones legislativas encaminadas a dar respuesta a los compromisos internacionales asumidos por el país, de los que se deriva la obligación de asistir a las víctimas de trata de personas, estableciendo los procedimientos adecuados que permitan a las víctimas acceder a las indemnizaciones y restituciones a las que son acreedoras”.
En consonancia con ello, la Ley N° 26.364 y su modificatoria, relativa a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, establece en el artículo 27 que “los decomisos aplicados en virtud de esta ley tendrán como destino específico un fondo de asistencia directa a las víctimas administrado por el Consejo Federal para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas”.
También “se trabajó sobre la guía de buenas prácticas para la realización de allanamientos en la investigación de los delitos de trata y explotación de personas, cuyo objetivo es generar lineamientos básicos acerca de la importancia que este acto reviste en las investigaciones judiciales”.
Además, se evaluó un texto con recomendaciones para el tratamiento respetuoso de la trata en los medios, “para contribuir en la prevención y persecución efectiva del delito, haciendo especial hincapié en la protección de las víctimas, desde una perspectiva de género y derechos”, concluyó.
