Los detalles que salieron a la luz la última semana sobre el enriquecimiento patrimonial de algunos exfuncionarios dejan en evidencia que los organismos creados para regular dicha función, como el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no alcanzan para cumplir la función asignada.
A medida que salen a la luz los detalles de la forma en que ex funcionarios públicos, hasta hace poco tiempo encumbrados en poderosos cargos políticos, se enriquecieron de forma escandalosa, surge una pregunta obvia: ¿qué hicieron los organismos de control, que en teoría tienen la función de verificar el patrimonio de quienes ejercen la función de gobierno? Y un segundo interrogante, que excede a la faz política: ¿por qué la mayor parte de la sociedad aceptó mirar para otro lado?
Dos casos tuvieron trascendencia en las últimas semanas, pero la lista seguramente es más amplia, aunque no hay certezas de que el sistema judicial vaya a extender su acción sobre otros hechos similares.
La investigación sobre Gonzalo Carpintero, un ex funcionario provincial, permitió conocer la evolución patrimonial desde su ingreso en la función pública, en el año 2004: concluyó un primer período en 2011 –con un sueldo promedio de 35.000 pesos mensuales y un patrimonio de su sociedad conyugal de 290.000 pesos, para reiniciar 4 años después con un patrimonio de 8 millones de pesos, cuando los ingresos totales en el período fueron de 1 millón de pesos, según la acusación que afronta por enriquecimiento ilícito. Más aun, los fiscales estiman que el patrimonio real asciende a unos 50 millones de pesos.
La teoría del caso que impulsa la fiscalía apunta a probar que ese patrimonio no fue obtenido en forma lícita, considerando que al iniciar su carrera política tenía sólo un pequeño automóvil VW Gol, mientras que las facturas presentadas para justificar dicho crecimiento no serían consistentes con servicios efectivamente prestados en el ejercicio de su profesión de abogado.
Como alambre caído
Independientemente de si se prueba o no la ilicitud de esa fortuna –Carpintero y todo acusado es inocente hasta que se le compruebe lo contrario-, queda en evidencia que los organismos creados para regular dicha función, como el Tribunal de Cuentas de la Provincia, no alcanzan para cumplir la función asignada.
En efecto, es extraño que la declaración jurada de bienes patrimoniales no fue presentada por el ex funcionario al momento de cesar en sus funciones, en el año 2017, pero al parecer no hubo intimaciones para cumplir dicho requisito. Cuando estallaron los escándalos que hoy se juzgan en la causa “Embrujo”, saltó a la luz que algunos de los principales implicados –como Diego Correa- no habían realizado las presentaciones que exige la ley de Ética Pública, tanto en el inicio como en el cese de las funciones, para lo cual se otorgan 45 días hábiles.
No es el único caso. Oscar Alarcón, ex director de Ceremonial, afronta también una acusación similar, por lo que deberá demostrar que ha sido un mago de las finanzas, según su propia declaración en el ejercicio de su defensa: los fiscales basan su acusación en que amasó un patrimonio de 1 millón de dólares, pero él asegura que el origen son dos plazos fijos en algunos miles de dólares desde el año 1999. No es entendible el modo en que, si se aplicó la ley de Ética Pública, el crecimiento del patrimonio que derivará en los próximos meses en juicio oral y público, pudo sortear los controles establecidos por una ley que contiene enunciados muy valorables, pero que ante de la luz de los hechos parece letra muerta.
Mirar para otro lado
Llama la atención que los problemas de corrupción no se transforman en tema de campaña, ni escandaliza de modo especial a la mayor parte de la ciudadanía. Parece haber más bien un acostumbramiento, alimentado acaso por las formas selectivas y deficientes con las que muchas veces actúa el sistema judicial, más allá de la voluntad de sus circunstanciales integrantes. Acaso las angustias económicas en el día a día no dejan margen para otra acción que una pasiva indignación. Tal vez un nuevo mecanismo para dotar de mayor transparencia al sistema debería ser parte de las propuestas de cara al 9 de junio, como también de las facturas a pagar en una hipotética cuenta social imaginaria.
Es cierto que, como dijo uno de los fiscales, “tal vez mañana los imputados puedan demostrar que ganaron la lotería o recibieron una herencia”, por lo cual estos, o muchos de los demás ex funcionarios que por estos meses desfilan ante los tribunales, serían totalmente inocentes.
Muchos pueden tener, basta con un repentino cambio en los vientos políticos, o con tocar las notas adecuadas en la siempre disonante melodía del poder, la posibilidad de un guiño favorable del azar. Una posibilidad que no les cabe, como es sabido, a la mayor parte de los ciudadanos de a pie. Muchos de ellos, vaya paradoja, ni siquiera pueden ya cumplir con la cuota del plan de ahorro, para llegar a su añorado “golcito” de dos puertas.
Por Raúl Figueroa para ADNSur