Los denunciados son docentes y directores de escuelas, por presunta retención indebida de haberes; es decir: por haber recibido haberes que no les correspondían y no haberlos devuelto.
Este lunes el Fiscal de Estado Adjunto, Cristian Martínez, en representación del jefe de gabinete, Federico Massoni, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se abra de manera genérica una investigación contra directores de escuelas y docentes. El presunto delito que motiva la denuncia es el prejuicio al Estado que resultaría de una metodología habitual en un pago indebido de salarios, que estiman en $ 38 millones mensuales, es decir, unos $ 456 millones al año.
A través de expedientes de algunas escuelas y una auditoría realizada por la Contaduría General, el Gobierno Provincial busca demostrar que se estaría ante acciones que podrían encuadrar en la presunta violación de los deberes de funcionario público –en el caso de los directores responsables- y presunta retención indebida, para aquellos docentes que se demuestre que lo han percibido.
Según esta denuncia, la maniobra es “un manifiesto ardid” de los directores de los establecimientos que omiten o retardan realizar los respectivos informes hacia el Ministerio de Educación para que el mismo organismo efectúe la baja de los haberes, como así también de aquellos agentes de la educación pública que reciben haberes indebidos en su cuenta bancaria y no los informan a través de los informes de devolución que deben presentar.
LA MANIOBRA
De acuerdo a la denuncia del gobierno, la maniobra consistiría en una “omisión por parte de los directores de los establecimientos educativos de informar al Ministerio de Educación el pago de haberes indebidos a los agentes cuyos cargos han dejado de prestar servicios, ya sea por renuncias, cambios de funciones, ceses de suplencias o licencias sin goce de haberes y sin embargo se les continúa abonando por varios meses los sueldos de los cargos como si los hubieran continuado prestando”, así lo informó ADN Sur.
Y a los docentes -aunque en ningún caso da un nombre y apellido en forma puntual-, los acusa porque “a sabiendas de que reciben mensualmente en su cuenta bancaria haberes indebidos por cargos u horas cátedras que no cumplen, no efectúan el trámite administrativo respectivo a los efectos de dar conocimiento de tal irregularidad y por ende de evitar de que lo sigan percibiendo”.