El exsenador colombiano Álvaro Uribe se convertirá este martes en el primer expresidente de ese país en tener una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, un caso que tiene en vilo a Colombia por las repercusiones que podría tener en la política interior.
La Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la máxima corte anunció el 24 de julio de 2018 que había obtenido las pruebas suficientes para investigar a Uribe, tras las denuncias del senador Iván Cepeda, los testimonios de testigos claves y las conversaciones interceptadas a un grupo de sus conocidos.
El pasado 16 de agosto de 2019, la Corte fijó el 8 de octubre, a las 8:00 de la mañana (hora local) como fecha para la indagatoria a Uribe. Tras esta cita, los magistrados tienen por lo menos diez días para determinar si siguen con la investigación o si archivan el caso.
«Amor por Colombia»
Horas antes de la comparecencia, el senador expresó que nunca se imaginó que su «amor por Colombia» le causara «dificultades judiciales».
«Nunca pensé que la defensa del honor y mi amor a Colombia me creara estas dificultades judiciales que enfrento con espíritu patriótico y con el estímulo solidario de miles de colombianos con quienes tengo gratitud del alma», afirmó.
Por su parte, Cepeda anunció que no asistirá a las audiencia de este martes, que se llevará a cabo en el Palacio de Justicia, para «evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte».
Los seguidores del político derechista han convocado una concentración en el Parque Nacional, en Bogotá, a partir de las 11:00 de la mañana (hora local).
Batalla legal de Cepeda y Uribe
Durante unas visitas a centros de reclusión en 2011, Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseveraron que el fundador del derechista Centro Democrático había propiciado la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.
A partir de 2012, se inició una batalla legal entre ambos, que se señalaban mutuamente de realizar compras de testigos para perjudicar al otro. Tras años de idas y venidas, en 2018 el caso fue retomado y tuvo un giro cuando la Corte Suprema decidió que paralizaba la investigación contra Cepeda y que abría una contra Uribe por presuntamente haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.
Esta comparecencia ha sido catalogada como clave en la historia del país suramericano por su significado judicial y político ante las denuncias hechas contra Uribe por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo.
¿Cómo empezó todo?
En agosto de 2011, Cepeda, del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo, sostuvo un encuentro en la cárcel con el exparamilitar Pablo Hernán Sierra García, alias ‘Alberto Guerrero’, como parte de su labor en la vicepresidencia de la comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Paz.
Sierra García afirmó que el Bloque Centro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) tenía como base la hacienda las ‘Guacharacas’,propiedad del entonces gobernador Uribe y su hermano Santiago, ubicada en San Roque, en el departamento de Antioquia. Junto a ellos estarían otras dos parejas de hermanos:
- Santiago (condenado por paramilitarismo en 2010 y dejado en libertad el pasado mes de enero) y Pedro Gallón Henado. Ambos relacionados con el asesinato del futbolista Andrés Escobar.
- Luis Alberto (paramilitar asesinado en 2005) y Juan Guillermo Villegas Uribe.
Este bloque de las ACCU se habría creado para proteger los predios de la hacienda de los Uribe debido a que, meses atrás, un grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se robó 600 cabezas de ganado y seis caballos de la propiedad de los Uribe, que además fue incendiada.
Adicionalmente, Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias ‘Guacharaco’ (detenido y condenado por de secuestro extorsivo y concierto para delinquir), trabajó como paramilitar en la mencionada hacienda y, en una entrevista con Cepeda, ratificó la información sobre Uribe y aseveró que el hermano del expresidente y uno de los Gallón Henao acordaron el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, donde Uribe ganó, según cronología del representante de la Cámara David Racero.
Reacción de Uribe
En 2012, Cepeda debatió en el Congreso sobre lo que le habían aseverado los testigos claves tras sus visitas para conocer la situación carcelaria en el país y denunció a Uribe, junto a los otros fundadores de las ACCU, por homicidio agravado, desaparición forzada, tortura, concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por omisión, apoderamiento y tráfico de hidrocarburos, fabricación de estupefacientes, abuso de autoridad y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles.
Como respuesta, Uribe lo señaló de cometer «abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada».
El entonces expresidente aseguró que el congresista había buscado a testigos falsos a los que había ofrecido beneficios penales, retribuciones económicas y su salida de Colombia, a cambio de incriminarlo en actividades relacionadas con el paramilitarismo.
Ese mismo año, la Fiscalía colombiana abrió una investigación y unificó el caso con las denuncias de Cepeda y Uribe. Monsalve Pineda ratificó lo dicho al congresista al ser interrogado por la Justicia.
A principios de 2013, un testigo interpelado a petición de Uribe desmintió lo dicho por Monsalve Pineda sobre el supuesto robo de las 600 reses.
A mediados de ese año y en 2014, Uribe amplió la denuncia contra Cepeda, tras un nuevo debate en el Congreso sobre el paramilitarismo en Antioquia. Dijo que se había excedido en sus funciones de senador, puesto que había visitado 21 veces a Monsalve Pineda, y ratificó sus denuncias de beneficios a cambio de vincularlo con las ACCU.
Investigación de la Corte Suprema
En 2014, ya Uribe era senador por lo que la investigación que llevaba inicialmente la Fiscalía fue remitida a la Corte Suprema de Justicia.
Un año más tarde, ante denuncias de presiones a familiares de Monsalve Pineda, la Corte interceptó el teléfono de su padre. Tras esta acción, quedaron en evidencia las llamadas de Villegas Uribe, uno de los fundadores de las ACCU, a los allegados de Monsalve Pineda para presionarlos a favor del expresidente.
En la víspera de Navidad, Uribe publicó en su cuenta de Twitter que sus comunicaciones estaban siendo escuchadas, lo que se debía a sus llamadas a los números interceptados previamente por la Corte.
Esta primera comparecencia ante la Justicia colombiana como consecuencia de la disputa legal con Cepeda ha polarizado las opiniones sobre el fundador del partido político actualmente gobernante.
El sector más conservador considera que se trata de una artimaña política, a menos de un mes de las elecciones regionales, para darle un golpe al partido más votado en las presidenciales donde Iván Duque obtuvo el triunfo.
Para sus detractores, es una ventana que se abre para que el senador sea investigado por otros presuntos delitos relacionados escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, paramilitarismo, masacres, entre otros, con sus gestiones como gobernador de Antioquia (1995-1997), como presidente de Colombia (2002-2010) y como senador (2014 hasta la actualidad).
El expresidente tiene 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, sin que antes haya ocurrido la fase indagatoria de este martes, así lo reseña RT.