El proyecto de ley que será tratado este jueves y aprobado por los diputados provinciales, pide autorización para que a través del Fondo Fiduciario se obtengan los recursos para que provincia pueda cancelar la deuda con la mayorista.
El martes 5 de Noviembre, el Gobierno de Chubut envió a la Legislatura un proyecto de ley en el que pide autorización para un endeudamiento de $365 millones para pagar la deuda de Servicios Públicos con Cammesa. La iniciativa, que será tratada y aprobada este jueves, establece «autorizar al gobernador a suscribir con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial él o los Convenios de Asistencia Financiera que resulten necesarios por hasta la suma máxima de $365 millones para ser aplicada a cancelar la deuda que la Provincia mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA)».
El diputado de Cambiemos, Eduardo Conde, se refirió al tratamiento que le darpan hoy al proyecto de ley: “Este es un tema que vamos a acompañar, cada definición que está tomando la Legislatura está dando cuenta de la necesidad imperiosa de seguir endeudando al Estado pero advertimos que no hay otra solución y encima si no lo hacemos, siempre está latente n la puerta la posibilidad de una nueva reacción social».
Asimismo, explicó que “la provincia le está debiendo a Cammesa 365 millones por el acueducto de Sarmiento-Comodoro, y hemos autorizado que a través del Fondo Fiduciario se obtengan estos recursos para cancelar la deuda con Cammesa porque de lo contrario, no nos sorprendamos que estemos llegando a los días de calor y empecemos con problemas en la prestación del servicio de agua y en consecuencia hay que darle solución.
El proyecto explica que la deuda con Cammesa supera los 364 millones de pesos y que «considerando el estado económico por el que atraviesa la provincia de Chubut, es necesario solicitar asistencia financiera al citado Fondo».
Recuerda además que la ley N°661 declaró la emergencia de los servicios públicos, remarcando que «el marco regulatorio vigente repsonde a la manda constitucional de cumplir con los servicios ásicos a la comunidad, a la obligación del Estado de desarrollar políticas tendientes a la protección de los usuarios y consumidores de bienes y servicios (…), en tanto es facultad de éste acordar con los municipios la delegación de los servicios públicos, garantizando los recursos necesarios a los fines de su prestación», publicó Diario ADNSUR.
