El gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
