Desde la institución de Comodoro Rivadavia se manifestó la preocupación provocada en el sector empleador de la provincia por la ley aprobada esta semana en la Legislatura que crea una nueva carga impositiva.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro acompañó el pedido de la Federación Empresaria de Chubut en el reclamo por la creación del Registro de Empleo, impulsado por el diputado provincial José Grazzini. Esta ley reglamenta que de manera obligatoria las empresas deberán aportar el 5% de la masa salarial por cada trabajador. Además establece que quienes contraten a ciudadanos nacidos o con residencia de 5 años en Chubut, seguirán aportando el 8 por mil a la Secretaría de Trabajo. Pero las que contraten personal de otra provincia, deberán aportar el doble, es decir, 16 por mil, por ese empleado.
Desde la cámara local se expresó la preocupación de sumar un nuevo impuesto. Al respecto, su presidente Guillermo Ceriani manifestó que “se atenta contra el libre empleo en el país, y teniendo en cuenta el difícil momento económico que atraviesa nuestro sector, sería de gran impacto en el desarrollo de la actividad, es un nuevo impuesto que se carga sobre el comercio”.
En ese sentido, se apoyarán las medidas legales en caso de ser necesario, que se tomen al respecto. Además, se lamenta que estas medidas sean tomadas sin antes consultar con los sectores comprometidos. Por último, Ceriani aclaró que se deben buscar otras alternativas que traten de incrementar el trabajo en la zona, que se haga gestión en el orden nacional para bajar impuestos por ejemplo.
Preocupación por discrecionalidad en el pago de la deuda provincial
En este contexto, se suma la incertidumbre en relación a la deuda del Estado Provincial con sus proveedores mediante la emisión de Títulos de Cancelación de la Deuda Provincial (TICADEP). Habiendo transitado más de un año y medio, de los $ 2883 millones de deuda certificada, se emitieron títulos para cancelar $ 750 millones que fueron dirigidos a sólo 5 empresas. Con este mismo monto, la Provincia podría haber solucionado el problema de deuda con 614 Pymes, es decir, el 95% de los proveedores.
Ante consultas de la FECh, ni el Ejecutivo ni el Legislativo provincial han logrado en explicar el criterio ni los procedimientos aplicados para la liberación de los títulos. De esta manera, esta irresolución dificulta cada vez más trazar un plan para continuar con el reclamo de cobro de por la vía administrativa, según información del portal Radio del Mar.
