Será el martes 10 de diciembre. Este lunes 2 el Gobernador del Chubut vetó la Ley que había sido aprobada por los diputados provinciales el pasado 14 de noviembre pero se trabaja en otra propuesta con el mismo objetivo.
El Gobierno de la Provincia confirmó que enviará el próximo martes 10 de diciembre el nuevo proyecto de Ley del Fondo de Infraestructura Escolar a la Legislatura del Chubut para su tratamiento.
Esta decisión fue tomada por el gobernador, Mariano Arcioni, tras vetar la Ley que había sido aprobada por los diputados provinciales en la sesión del 14 de noviembre.
A través del decreto N° 1348, el Ejecutivo informó que “actualmente la Fuente de Financiamiento 368 Bono de compensación de hidrocarburos, financia el mantenimiento y la infraestructura escolar en un porcentaje superior al indicado en el proyecto de ley, cercano al 15%”, señalando que “para el ejercicio 2019 se destinó presupuestariamente un 19,20%” proveniente de dicha fuente.
Además, el decreto agrega que “el artículo N° 74 de la Ley XVII N° 102 establece claramente que los fondos recaudados en concepto de Bono de Compensación de Hidrocarburos para el desarrollo sustentable deberán ser utilizados para realizar inversiones de infraestructura, diversificación de la matriz energética y productiva y ordenamiento urbano, a los efectos de que esas inversiones contribuyan con el desarrollo sustentable del territorio. Estos recursos no podrán ser destinados a solventar gastos corrientes”.
Asimismo, sostiene que “la afectación de recursos implica una restricción de la capacidad de manejo de los fondos públicos, es decir una limitación a la autonomía de la gestión pública. Y que la injerencia excesiva del poder Legislativo en las acciones del Gobierno, además de menoscabar la autonomía del Ejecutivo y restringir la facultad de administrar los recursos del estado, acarrea la necesidad de un control específico sobre esas afectaciones”.
Agrega finalmente que “la afectación de recursos con su consiguiente depósito anticipado en una cuenta especial, provoca una reducción de los fondos disponibles que, en el caso de gastos de capital, se pueden extender en el tiempo por varios meses, período en el cual esos fondos son inutilizados a la espera de que la obra y su trámite de ejecución presupuestaria avance al punto de su pago”.