La Justicia lo citará después de la feria judicial de invierno en la causa que investiga corrupción en la obra pública. El Presidente puede evitar presentarse y declarar por escrito. La vicepresidenta había solicitado su testimonial.
Con un listado de 180 testigos, el 10 de febrero se retomarán las audiencia del primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo de las audiencias, tiene entre las personas que serán llamadas a declaración testimonial al presidente Alberto Fernández, propuesto por su compañera de fórmula. Los Jueces estiman que será citado a mitad de este año.
El juicio inició el 21 de mayo pasado. Con trece imputados, la ex mandataria es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, sostiene el requerimiento fiscal tras analizar 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral. El requerimiento argumenta que operó una «estructura criminal» para beneficiar “al amigo presidencial”.
Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y Báez quien recibió medio centenar de contratos, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.
La Justicia sostiene que se instauró una «maniobra de corrupción» desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez»: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.
Ante estas acusaciones se defendió Cristina Kirchner durante más de tres horas cuando declaró a ocho días de jurar como vicepresidenta de la Nación. Todo respondió, según sus argumentos, al lawfare, la teoría que sostiene que se arman causas desde el poder judicial para perseguir dirigentes políticos opositores. Fue en ese contexto en el que acusó a los jueces del TOF 2 de ser parte de dicha doctrina y además, señaló que serán ellos quienes terminarán siendo juzgados por la historia, “a mí la historia ya me absolvió”, sentenció.
Fue la última de las indagatorias que se tomaron en el juicio y se dio comienzo a la etapa de declaraciones testimoniales. El Tribunal presidido por el juez Jorge Gorini aceptó las sugerencia de los imputados para armar el listado de 180 testigos que fue inaugurada por Margarita Stolbizer antes del inicio de la feria de verano.
«Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”, dijo Cristina Kirchner durante su declaración indagatoria en relación al presidente Fernández.
Durante el ofrecimiento de prueba, Alberto Fernández fue uno de los principales testigos que solicitó Cristina, para que declare en el juicio. Cuando realizó este pedido, lejos estaba la posibilidad de que lo elija como el candidato presidencial para las elecciones pasadas.
Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la maniobra «criminal y de corrupción», contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo (Báez) y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».
Uno de estos puntos refiere a las partidas presupuestarias que se volcaron a favor de Báez. En su larga declaración, Cristina Kirchner dijo que los fiscales se «olvidaron de la reforma de la Constitución del 94, donde se le dio rango a la jefatura de Gabinete y son quienes ejecutan los presupuestos». Y a continuación recordó que ella había pedido que, en consecuencia, los ex jefe de Gabinete de sus dos presidencias y de la de Néstor Kirchner sean citados como testigos.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el “bloque de ex jefes de gabinete” será citado para mitad de año. El 10 de febrero cuando se retomen las audiencia el ex diputado Fernando Sánchez subirá al estrado a declarar, como integrante de los denunciantes de la causa que tuvo su origen en 2008.
El extenso listado, incluye al Presidente que podría llegar a declarar a mitad de año en el juicio donde la principal acusada, es su compañera de fórmula. La duda que persiste en los Tribunales Federales es si sus dichos podrían verse condicionados respecto al momento en el que fue sugerido como testigo, y la actual situación política. Como principal autoridad del país, Alberto Fernández tiene la posibilidad de no responder por escrito y no presentarse en el juicio.
El ex jefe de Gabinete K había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Julian Ercolini que llevó adelante la causa de Vialidad- y dijo que iban a «tener que dar explicaciones». Las críticas de la ex Presidenta durante su indagatoria fueron más allá: acusó al TOF 2 de responder al lawfare y de «tener escrita la sentencia».
De la lista de testigos presentada por la defensa de la vicepresidenta, el Tribunal hizo lugar a sólo diez. Esa nómina incluye a Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Enrique Eskenazi, Eduardo Eurnekian y Carlos Wagner. Al respecto, el TOF 2 analiza la situación de cada uno de estos empresarios que en su mayoría, se convirtieron en imputados colaboradores en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.