La pausa duró menos de lo esperado. Mientras todos los caminos apuntaban a marzo como la fecha del resurgimiento de movimiento social chileno, las protestas recobraron su fuerza por adelantado y la violencia recrudeció en las calles, dejando un saldo de cinco muertos en las últimas 72 horas.
Un hecho específico reactivó el clima de tensión, que derivó en más de 159 eventos graves. El miércoles pasado, un hincha del club Colo Colo murió atropellado por un camión de Carabineros en las inmediaciones del Estadio Monumental, en medio de un enfrentamiento entre hinchas y la policía que se originó después de un partido del torneo de fútbol chileno.
Las imágenes de la muerte de José Mora, de 37 años, circularon profusamente en redes sociales y la reacción contra la policía no tardó en expresarse. El propio club Colo Colo repudió «categóricamente el violento, irracional y desproporcionado actuar de Carabineros de Chile» y la propia barra brava anunció que se opondría a la normal realización del torneo de fútbol.
En ese contexto, las protestas rápidamente se propagaron en la capital y el clima de tensión se agravó, además, con las polémicas declaraciones de la jueza que formalizó al policía que atropelló al hincha. La magistrada desestimó el dolo en la acción del carabinero y aseguró que se trató de una «conducta negligente justificada», lo que generó un áspero debate en diversos sectores de la sociedad chilena.
De forma casi automática, en los días posteriores hubo 20 ataques a cuarteles policiales. Se produjeron nuevos saqueos, y un hombre de 44 años murió en un incendio y otro recibió un balazo en la cabeza en medio de las protestas. También se registraron numerosas quemas de colectivos, ataques a sucursales bancarias y a sedes de municipios. Los incidentes dejaron un saldo de 124 detenidos y 46 policías heridos, que se sumaron a los 30 funcionarios lesionados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
«Chile vive una grave crisis en derechos humanos», manifestó Esmeralda Arosemena de Troitiño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al entregar las conclusiones preliminares de la visita que realizaron miembros de la institución entre el 25 y el 31 de enero.
El documento estableció que, en esa fecha, en Chile se produjeron «varios casos de abusos, detenciones y usos desproporcionados de la fuerza» por parte de agentes de seguridad del Estado, lo que respondió a una «falta de alineamiento de los estándares internacionales en la gestión de las protestas».
«Creo que esa violencia no es aceptable, debe terminar, y por eso reitero el llamado que hicimos ayer a tener una sola voz en contra de la violencia y a terminar con esta. Por cierto, todavía nos preocupa la violencia que se ha notado estos últimos días», respondió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera entregó su nueva hoja de ruta para 2020 e informó que el restablecimiento del orden público como una de sus prioridades. «Es absolutamente fundamental para poder avanzar en los tres anteriores recuperar el orden público y la paz social, condenar sin ninguna ambigüedad y con clara firmeza todo tipo de violencia y todo tipo de violentistas, que tanto daño le han causado a nuestro país», afirmó con dureza el mandatario, que enfrenta su peor crisis de popularidad, con apenas 6% de aprobación ciudadana.
¿Se ve una solución en el corto plazo? «La violencia en Chile persistirá por un buen tiempo. El escenario de seguridad es tan precario que cualquier evento puede gatillar nuevas olas de violencia», advirtió Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
«En marzo, por ejemplo, existirán fechas que animarán la protesta ciudadana. Me refiero al Día de la Mujer y al Día del Joven Combatiente. Estas fechas traerán consigo nuevos eventos de violencia, pues la demanda social legítima será aprovechada por grupos extremos para infundir temor en la población y pánico para el gobierno. Dado que el gobierno no es capaz de garantizar orden público ni Estado de Derecho, las facilidades para grupos violentistas son más que evidentes», explicó el académico a LA NACION.
Para la diputada del partido oficialista Renovación Nacional Ximena Ossandón, la violencia de estos últimos tiene un origen organizado.
«Ha tenido la complicidad de gente de partidos de izquierda, especialmente del Partido Comunista, que no condena estos hechos con la fuerza necesaria, y también la parte más extrema de mi sector (derecha), que tampoco quiere que termine violencia porque es el gran argumento para no cambiar la Constitución vigente actualmente en Chile.
Hay grupos más radicales de la sociedad chilena que no quieren salidas institucionales y que solo están pensando en provocar caos para desestabilizar el proceso constituyente que se inicia con plebiscito de 26 de abril», sentenció la parlamentaria.