Es el oficial Thomas Lane, quien depositó una fianza de 750.000 dólares. Según su abogado, lo único que hizo fue sujetar los pies del afroestadounidense años para que no pudiera patear. Los otros policías detenidos enfrentan penas de hasta 40 años de prisión.
Uno de los cuatro policías imputados por el asesinato del afroestadounidense George Floyd fue liberado bajo fianza en Minneapolis, mientras en la capital del país la tensión política creció aún más hoy con cruces más o menos directos entre la Casa Blanca, la oposición y la cúpula de las Fuerzas Armadas.
Aunque las protestas multitudinarias contra el racismo y la brutalidad policial amainaron en gran parte del país, el clima de tensión política se mantiene, tanto en la capital, donde el debate se instaló en las principales instituciones del Estado, como en Minneapolis, donde la comunidad negra no solo pide justicia por Floyd, sino cambios inmediatos.
El clima se tensó aún más en Minneapolis cuando se supo que el policía Thomas Lane, uno de los tres que observó cómo su compañero, Derek Chauvin, asfixió a Floyd hasta la muerte por ser sospechoso de pagar con un billete falso de 20 dólares, fue liberado tras pagar 750.000 dólares.
Chauvin está imputado por homicidio en segundo grado, mientras que Lane y los otros dos policías enfrentan los cargos de incitación y complicidad en el asesinato de Floyd y podrían recibir condenas de hasta 40 años de prisión.
El abogado de Lane, Earl Gray, argumentó frente al tribunal que, a diferencia de sus compañeros, él pidió que pusieran a Floyd de costado para que pudiera respirar y luego intentó revivirlo en la ambulancia, de camino al hospital, según el canal de noticias ABC.
Sin embargo, la familia y amigos de Floyd rechazan este argumento y ya pidieron que los cuatro policías que participaron del arresto fueran condenados.
En Washington, en tanto, el debate ya se centra en posibles cambios federales y en el rol que cumplió el presidente Donald Trump durante esta crisis política.
La gran sorpresa del día la dio el máximo comandante militar, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, cuando en un discurso en una universidad se lamentó de haber participado de la cuestionada foto de Trump con una biblia frente a una iglesia dañada por una de las noches de disturbios en la capital.
Para lograr esa foto, policías y, principalmente, la Guardia Civil reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que de manera pacífica rechazaban la presencia del mandatario y lo acusaban de apoyar el racismo y la brutalidad policial que casos como el de Floyd evidencian de manera sistemática en el país.
«No debí estar ahí», aseguró Milley y agregó: «Mi presencia en ese momento y en ese contexto creó la percepción de que los militares se involucraban en la política interna».
El comandante pidió disculpas y ratificó que las Fuerzas Armadas «defienden el principio de una fuerza apolítica que es tan fundante en una república».
Sus palabras -que recibieron el apoyo de uno de los más férreos aliados de Trump y un referente del ala más conservadora del Partido Republicano, el senador Lindsey Graham- se sumaron a una reciente seguidilla de desacuerdos entre los militares y Trump.
Esta semana tanto el secretario de Defensa, Mark Esper, como Milley hicieron saber a través de sus voceros que estaban abiertos a la propuesta de cambiar los nombres de las bases militares que fueron bautizadas en honor a comandantes de la Confederación, el régimen político del Sur que defendía la esclavitud durante la Guerra de Secesión.
A esto se sumó que los Marines anunciaron que prohibieron el uso de la bandera de la Confederación en sus bases y la Fuerza Naval adelantó que tomará la misma decisión.
Ayer, sin embargo, Trump rechazó de plano cambiar el nombre de las bases militares de Estados Unidos y hasta atacó a la senadora y ex presidenciable opositora Elizabeth Warren por haberlo incluido hoy como enmienda de una ley militar.
«¡Ojalá que a los senadores republicanos no los engañen con eso!», aseguró el mandatario, luego que la enmienda fuera aprobada en comisión.
Pero mientras Trump tuiteaba desde el avión presidencial en camino a Texas, donde tiene planeado discutir la reapertura económica del país en medio de la pandemia y participar de una acto de recaudación de fondos electorales, la bancada republicana en el Congreso empezaba a mostrar algunas internas.
El líder de la bancada oficialista en la cámara baja, Kevin McCarthy, no solo anunció hoy que está de acuerdo con prohibir en todo el país la técnica de estrangulamiento para las detenciones policiales -una parte central de un proyecto de ley contra la brutalidad policial que Trump ya rechazó-, sino que además sostuvo que no se opone a la idea de renombrar bases militares vinculadas con nombres de la Confederación, informó el canal CNN.
Esta ola de revisionismo histórico no se limita a los pasillos del Capitolio y la Casa Blanca.
Nuevas estatuas de Cristóbal Colón y de líderes esclavistas fueron derribadas en las últimas horas en diferentes partes del país.
En Saint Paul, capital del estado de Minnesota y ciudad gemela de Minneapolis, un grupo de manifestantes, entre los que había indígenas norteamericanos, derribó ayer una estatua de Colón situada frente al Capitolio estatal por considerarla un símbolo del genocidio contra los nativos.
Tras celebrar con cánticos y tambores, los asistentes afirmaron que decidieron tirarla abajo ellos mismos, ya que intentaron muchas veces hacerlo a través de un proceso político, pero sin éxito.
La escena se produjo bajo la mirada de la policía local, que no hizo nada para impedir el derribo, aunque luego protegió la efigie para que fuese retirada.
Dos eventos similares sucedieron el pasado martes en Boston, capital del estado noriental de Massachusetts, y en Richmond, capital del estado sureño de Virginia.
Richmond fue también anoche testigo del derribo de otro monumento: una estatua de Jefferson Davis, presidente de la llamada Confederación surgida durante la guerra civil estadounidense, que englobaba los estados sureños donde la supremacía blanca y la esclavitud rigieron con fuerza hasta finales del siglo XIX.
Según reportaron medios locales, la policía también presenció la escena sin intermediar.