El padre Juan José Soto Vargas, obispo de la Patagonia en Bariloche, denunció que “violan los derechos humanos de una familia en la Provincia del Chubut”.
La denuncia fue hecha a través de este medio de comunicación Cholila Online este sábado. El caso trata de una familia chilena integrada por 4 personas, entre ellos dos menores, que están varados en Chubut y no tienen donde alojarse.
La situación, al parecer está siendo atendida por el director del Hospital local, doctor Leonardo Boquet, el propio Intendente de Trevelin, Héctor Ingram, entre otras autoridades.
Sobre el caso, el padre Juan José Soto Vargas aseveró que “el gobierno de la Provincia del Chubut no ayuda a nadie. Tuvimos una comunicación con la ministra de Familia, donde le rogamos y suplicamos, para que atienda esta señora con dos bebes que fue expulsada del país”.
Viola Soto Barrientos tiene a su favor una resolución del ministro Federico Storani del año 2000, que les había dado una radicación a ella y a su familia.
Sin embargo, el padre dijo que “la expulsaron injustamente. Sumado a eso, en marzo dictan una medida cautelar para que ella no se acerque a la casa de la abuela, su mamá o hermanos”.
Ante este hecho “los jueces federales y provinciales meten la cabeza bajo la arena”, dijo.
“Hay un gobierno corrupto”
Para el padre Juan José Soto Vargas “Chubut tiene que ser severamente condenado por los organismos internacionales de derechos humanos, en ese sentido estamos luchando ahora. Porque hay un gobierno corrupto, que no respeta los derechos humanos”.
“Al padre de Viola, Juan José Soto Vargas, un exiliado chileno, le negó Massoni el ingreso a Chubut para visitar a su familia”, dijo.
Mientras que, “el hermano de Viola, el argentino Soto Barrientos, recién acababa de llegar a Chubut, cuando bajó del colectivo en Esquel lo detuvieron, brutalmente le pegaron, y le montaron una causa”, contó el padre.
De momento, esta familia chilena espera ser atendida y obtener una respuesta por parte de las autoridades, para reencontrase con sus demás familiares que viven en la provincia.
De una manera maliciosa y mal intencionado han inducido a Viola Soto Barrientos discapacitada conforme laudo comisión discapacidad bahía blanca, a renunciar, y retractarse, al pedido que por derecho le asiste, apelar la expulsión y con ello, la ejecución de expulsión es un hecho real la próxima semana.
Cabe acotar, que se han vulnerado los derechos de los niños ya que el intendente Trevelin negó auxilio y ayuda desde marzo a la fecha, ahora para figurar se hace el “buenito” y usa a Diario Chubut para justiciar la discriminación que cometió al negar ayuda no solo a esta familia sino a toda su familia chilena del taller mecánico “Los chilenos Barrientos” de Trevelin.
Es importante destacar que el caso se está ventilando en la comisión interamericana derechos humanos OEA y Alto Comisionado Naciones Unidas para los derechos humanos a cargo Michell bacheletm@ohchr.org.
Esto ocurre en la provincia Chubut, basado en una errada interpretación de la estrategia para combatir el corona virus, gestión que tiene como único interlocutor válido al poder Ejecutivo nacional y provincial, quedándose cruzado de manos impunemente el poder legislativo y judicial. De este modo el atropello a los derechos humanos es generalizado y sistemático. Es la acceso Habeas Corpus está como mínimo limitado, en un contexto de una Nación en estado y plan cóndor de excepción constitucional, quiere decir que la discapacidad no solo afecta las víctimas sino que afecta también a los victimarios, algo confuso pero dinámico.
Por causa estas 4 criaturas pretenden excepcionalmente habilitar aduana por Futaleufú
Surge el argumento que para concretar la expulsión y el destino de la familia extranjera, tienen que habilitar la Aduana de ambos países (Argentina y Chile) y a la inversa. Todo esto no es de poca monta, se dispone de un plan contingencia súper especial, en la región que ahora está cerrado todo avanzada río grande/ Futaleufú… Albergues, viáticos para los que lleven adelante los ilícitos consumado, coordinación entre autoridades.
En Chile esperan a Luis Orlando Jiménez Fuenzalida, las rejas carcelarias ya que tiene un largo prontuario 15 CONDENAS cumplidas, nunca tuvo acceso ni posibilidad de limpiar sus antecedentes, huyó a ARGENTINA y aquí la Patria grande ni siquiera le dio la posibilidad de pedir asilo POLÍTICO, a ninguno de los dos. Se ruega revertir el estado psicofísico de torturas en qué los empleados públicos han sometido a estás 4 personitas, como puedes entender que la juez menores Esquel, haya arbitrariamente, dictado sin derecho a defensa alguna, y judicializar algo doméstico producto del hacinamiento y dictar Judicial de prohibición acercamiento de la hija (viola soto Barrientos y sus 2 nietos) a la abuela Eliet Soledad Barrientos Gallardo, habitantes de Trevelin, es algo inaudito y poco serio.
Violación convención derechos humanos OEA, cidh, ser.25, «toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los inexistente jueces y tribunales, no hay como amparar a este grupo familiar, están afectados al derecho a la vida, y a la integridad física y psíquicas de la mentada Conexión Americana suscrita por Argentina ante la organización de Estados Americanos OEA. Lo anterior se ve reflejado en el contumaz interés en concretar la expulsión al grupo familiar que está fuera de las Leyes y Tratados y Constitución ARGENTINA. En suma es una amenaza directa a la vida y libertad de una humilde familia, el caso no fue debidamente ponderado por las autoridades que han y llevan al suplicio al grupo familiar. De su turno Chile sigue enfrascado en la constitución política de Pinochet.
En varias cortes han fallado contra personas en esta PANDEMIA, en el sentido que en el poder judicial chileno NO resulta admisible, que sean los tribunales quienes concurran en defensa derechos jurídicos y humanos de los ciudadanos, gestión afirma es privativa al Ejecutivo, es decir, al presidente Piñera y que no corresponde establecer justicia por otros carriles. Hace horas se publicó ley que quien infrinja cuarentena recibe cárcel inmediata y 5 años cárcel esto en Chile. Todo esto bajo el manto de jueces pinochetistas. La política estatal de Chubut frente a este caso ha sido negligente, aislada, predominante del gobierno Chubut frente actores sociales.
La política del palo y garrote, la del gallinero, la de la vaca empantanada. No hay que olvidar los jugosos sueldos que cobran los Magistrados, los políticos y los trueques por el silencio del colegio de abogados y afines. La Constitución de Pinochet es clara en el art. 45 inciso 1ro.» Los tribunales no tienen nada que hacer en tiempos estado excepción pandemias».
Es importante mencionar que Massoni le prohibió la circulación en Chubut a Juan José Soto Vargas, la negativa de no se asemeja a un documento legal, no tiene fecha, firma, ni escriben el nombre de Juan José Soto Vargas, por tanto, es un modus operandi igual que la dictadura, además Juan José Soto Vargas tiene domicilio legal en Trelew calle cuba 52 barrio Progreso Trelew CHUBUT.