El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas lanzó un fuerte llamado de atención a la Argentina al advertir sobre graves irregularidades en materia de detenciones, violencia institucional y restricciones al derecho a la protesta
Según C5N, el organismo internacional remarcó la necesidad de aplicar medidas inmediatas para garantizar estándares adecuados de derechos humanos.
Un informe que expone una situación “grave” en el país
En sus Observaciones Finales al séptimo informe periódico presentado por la Argentina, el Comité contra la Tortura (CAT) dejó asentado un diagnóstico crítico sobre las condiciones actuales en lugares de detención y el accionar de las fuerzas de seguridad en la vía pública.
El documento, aprobado en su 83° período de sesiones en Ginebra, incorpora aportes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y de una reunión confidencial celebrada el 11 de noviembre en Suiza. Allí se insistió en que el Estado debe adoptar medidas urgentes y transversales para evitar nuevas vulneraciones.
“Los tres poderes del Estado, a nivel nacional y provincial, deben asumir estas recomendaciones como una hoja de ruta para garantizar la dignidad humana”, destacó el organismo.
Condiciones de detención y prácticas cuestionadas
Entre los puntos más delicados del informe, el CAT advirtió sobre el uso prolongado de comisarías como centros de alojamiento, pese a no estar diseñadas para ese fin. Exigió que el país descontinue esta modalidad y establezca controles estrictos para evitar su repetición.
Además, manifestó preocupación por los denominados Regímenes de Alto Perfil y Alto Riesgo, donde se registran situaciones de aislamiento prolongado, restricciones severas de visitas y condiciones de vida por debajo de estándares internacionales.
El informe también llamó la atención sobre los hechos de violencia institucional denunciados en el penal de Piñero, en Santa Fe, especialmente los ocurridos el 2 de marzo de 2024, para los cuales reclamó investigaciones “prontas, imparciales y eficaces”.
Uso de la fuerza y protestas sociales
El CAT cuestionó diversas normativas del Ministerio de Seguridad relacionadas con el empleo de armas menos letales, el accionar de las fuerzas en manifestaciones y el denominado “Protocolo Antipiquetes”. Solicitó su revisión para que se ajusten a criterios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas.
El informe subrayó que no debe limitarse el derecho a la protesta social y advirtió sobre la falta de avances en investigaciones por abusos registrados en operativos recientes. Entre los casos señalados se mencionaron lesiones ocasionadas por balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y detenciones arbitrarias, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en episodios vinculados a comunidades indígenas en Jujuy.
Requisas invasivas y justicia penal juvenil
Otro aspecto alarmante fue la persistencia de requisas corporales invasivas, especialmente a mujeres, niños y niñas que visitan centros de detención. El Comité instó a que estas prácticas solo se lleven adelante cuando existan indicios concretos, se realicen bajo criterios de estricta necesidad y respeten la dignidad de las personas.
Finalmente, el organismo volvió a reclamar que se prohíba la detención de menores en comisarías, que no se reduzca la edad mínima de responsabilidad penal y que la privación de libertad sea una medida excepcional, aplicada en ámbitos separados de los adultos y con alternativas disponibles.
Las advertencias de la ONU vuelven a colocar el foco en las deudas estructurales de la Argentina en materia de derechos humanos y en la necesidad de avanzar con políticas públicas integrales que garanticen condiciones de detención adecuadas y un marco de seguridad respetuoso de la ley.
