La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones, Michelle Bachelet, indicó que la ONU estaba preocupada por las medidas y leyes en algunos países y que teme un “desastre” para los derechos humanos por las medidas que algunos países han introducido para contener el virus.
La República de Argentina, ha sido ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos (superando el caso Nüremberg como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial) al defender desde sus propios tribunales los delitos de lesa humanidad del periodo de la última dictadura militar que fue desde 1976 hasta 1983.
Sin embargo, en la Provincia del Chubut de Argentina, existe un Ministerio de Seguridad con la convicción de replicar los peores años de oscuridad de Argentina en materia de derechos humanos y de ilegalidad institucional, con la gran excusa de que la pandemia por COVID-19 así lo demanda.
El ministro de Seguridad, Federico Massoni, se arrogó la suma del poder público yendo en contra del orden constitucional. A pesar de que la Constitución Provincial Chubutense adhiere a la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) dispuesto por la Constitución Nacional Argentina, el ministro se puso a dictar normas a las cuales les dio un alcance general, es decir, para toda la población, cuando la ley se lo prohíbe ya que, se encuentra en cabeza del Poder Legislativo la potestad de emitir leyes y, excepcionalmente, en el gobernador -como el caso del Presidente a nivel Nación-, a través del dictado de un DNU (decretos de necesidad y urgencia). No hay constitución o ley que autorice a ningún ministro a dictar leyes o resoluciones de alcance general.
Esto conllevó a que el ministro Massoni impartiera órdenes arbitrarias e ilegales a la policía de la provincia, para detener personas y restringir aun más los derechos y garantías fundamentales de la gente.
Como consecuencia de este accionar ilegal, intervinieron en la Provincia del Chubut organismos de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, interponiendo un HABEAS CORPUS COLECTIVO y PREVENTIVO en contra de este ministro por las “denuncias sobre detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas; hostigamientos; propagación del Covid-19 a raíz de las detenciones ilegales; y hasta incluso la orden de una autoridad policial solicitando a sus subordinados que salieran ‘a detener gente’ porque así se lo pedían sus superiores políticos […] denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el Decreto Nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener gente. Todas estas conductas que detallaremos a continuación, resultan una clara evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que motiva esta presentación”, indicaron los abogados de Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Como era de esperarse la juez Moreno, a cargo de decidir en este habeas corpus, resolvió el cese de la totalidad de las resoluciones del ministro Massoni y ordenó que se cumpla con las resoluciones del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ante esta decisión judicial, el gobierno de la Provincia del Chubut, encabezado por el Gobernador Arcioni, esa misma noche, el día lunes 20 de abril de 2020, protegiendo a su ministro, permitió el ingreso sin control de mas de 300 vehículos a la provincia. El día 21 de abril en declaraciones públicas dijo para deslindarse de responsabilidades: “preocupa esa ventana que quedó por el dictamen judicial, en ese lapso ingresaron más de 300 vehículos sin ningún tipo de control”.
Amnistía Internacional Argentina, luego de todas las denuncias y de la vitalización de videos escandalosos en los medios nacionales, alertó sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante el aislamiento por el coronavirus en Chubut y exigió a la provincia información pública relativas al ejercicio de la competencia de las fuerzas de seguridad, manteniendo observada a la provincia en materia de Derechos Humanos.
Ahora bien, frente a este accionar de ilegalidad, contrario a derecho, violador de los derechos humanos y de las garantías fundamentales de las personas, dos abogados de la Provincia del Chubut, el Dr. Gastón BORDIER y la Dra. Cynthia CASTRO, interpusieron JUCIO POLITICO contra el Ministro de Seguridad Massoni por “[…] por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del Orden Constitucional, abuso de autoridad, comisión de delitos en el desempeño de sus funciones, Art. 246 inc. 3 y Art. 248 ambos del Código Penal […]. Además por impartir órdenes Ilegales a la Policía de la Provincia y la violación de Derechos y Garantías de la población en general, arbitrar detenciones sin orden de autoridad judicial competente, por atribuirse facultades extraordinarias que exceden su función, como lo es arrogarse funciones legislativas y emitir normas con alcance para toda la población chubutense, usurpando funciones propias del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en cabeza del Organo Gobernador; entre otras que se investigarán por parte de la correspondiente Comisión Investigadora”.
La Legislatura de la Provincia del Chubut, con 27 miembros, presidida por el vice gobernador Dr. Ricardo Sastre, son hoy los responsables de determinar hasta cuando un ministro utilizando la función pública, apañado por su Gobernador, va a continuar violando los Derechos Humanos en la provincia, Derechos Humanos, por cierto, que costaron conseguir a costa de sangre de miles de millones de hombres, mujeres y niños a lo largo de la historia de la humanidad.
En un país como Argentina, que ha sido pionera en la región latinoamericana en la defensa de los Derechos Humanos; es que en estos momentos, en que una provincia integrante de esa Nación, la Provincia de Chubut que transita por la noche en materia de Derechos Humanos; la Dra. Cynthia Castro, especialista en Derechos Humanos y firmante junto al Dr. Bordier del juicio político contra el ministro, cuando fue consultada sobre la posibilidad de que no se alcancen a juntar los votos necesarios para destituir a quien viola los Derechos Humanos en su provincia respondió “las probabilidades de perder a nadie debe disuadir de apoyar una causa que cree que es justa” y añadió sobre la legislatura chubutense, aplicando la frase de Platón “de noche especialmente es hermoso creer en la luz”.
