La canciller y el titular de Economía de Bolivia dieron positivo en coronavirus, ambos ministros se sumaron a la larga lista de funcionarios contagiados, con la presidenta de facto Jeanine Áñez a la cabeza, al mismo tiempo que su Gobierno advirtió hoy que podría expropiar hospitales y cementerios si la pandemia se agrava.
Los ministros han informado de sus pruebas positivas por medio de sus redes sociales: «He dado positivo a la prueba de la Covid-19. Por el momento, me encuentro bien y estoy asintomática. Si Dios lo permite, continuaré trabajando por Bolivia desde mi aislamiento en mi casa», publicó hoy en Twitter la canciller, Karen Longaric.
Horas antes, anoche, el flamante ministro de Economía, Oscar Ortiz, había informado en la misma red social que se había contagiado e informó que el Ministro de Desarrollo de Producción, Abel Martínez, se hará cargo de sus tareas durante su ausencia.
Ortiz asumió hace solo unos días, en un cambio de gabinete limitado que buscó retomar las riendas del país en medio de la profunda crisis sanitaria, económica y política que parece no tener fin a más de siete meses de la renuncia y denuncia de golpe de Estado del expresidente Evo Morales.
Los contagios de la canciller y el titular de Economía se sumaron al de la presidenta de facto Áñez y el de los ministros de Salud, María Eidy Roca; de la Presidencia, Yerko Núñez Negrette; de Minería, Jorge Fernando Oropeza; de Trabajo, Oscar Mercado, y de Justicia, Álvaro Coimbra. Este último es el único ya recuperado.
Además, están infectados el presidente del Banco Central, Guillermo Aponte, el comandante de las fuerzas armadas, general Sergio Orellana, y siete viceministros.
El número de bajas es tal en el Gobierno que, la semana pasada, el ministro de Defensa, Fernando López Julio, quedó temporalmente a cargo también de la cartera de Salud, pese a no tener ninguna experiencia en temas sanitarios.
Pandemia no solo golpeó al Poder Ejecutivo
Ademas de los ministros, hay una decena de legisladores infectados, entre ellos, la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
El diputado Julio Jiménez Llanque, también del MAS y también contagiado, falleció la semana pasada, aunque no está claro si fue por la Covid-19.
Hasta ahora, Bolivia registró 48.187 casos confirmados y 1.807 muertos por coronavirus.
En un país de unos 11 millones de habitantes, estas cifras lo sitúan entre los más afectados por la pandemia en el mundo en comparación con su población y por la tasa de fallecidos respecto a los casos positivos de la enfermedad.
Las autoridades sanitarias bolivianas estiman que el pico de contagio de la pandemia llegará recién entre fines de agosto y principios de septiembre.
Sin embargo, ya ahora hospitales de las principales ciudades del país -Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba- se declaran emergencia por falta de recursos humanos y materiales para atender el aumento de enfermos.
Cochabamba y Santa Cruz tienen cementerios en los que se excavan fosas de urgencia, una escena que se vio en otras ciudades bolivianas como la amazónica de Trinidad.
Con los sistemas hospitalarios y mortuarios al borde del colapso en varias partes del país, el Gobierno de Áñez advirtió hoy que podría expropiar hospitales y cementerios en caso de que la pandemia agrave la situación actual.
«En caso de que lleguemos a colapsar vamos también a intervenir cementerios privados», anunció el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
«No vamos a permitir que nuestra gente no tenga donde estar enterrada», agregó ante la prensa en Cochabamba, informó la agencia de noticias EFE.
Esta ciudad, una de las mayores de Bolivia con más de 600.000 habitantes, reporta desde hace semanas casos de familias que tienen que convivir con el cuerpo de un fallecido por coronavirus en sus casas porque el cementerio municipal está saturado y no puede recibirlos de inmediato para enterrarlos o cremarlos.
Bolivia declaró el estado de emergencia sanitaria desde fines de marzo, con una cuarentena que se ha ido flexibilizando y endureciendo de nuevo por fases en función de un mapa de riesgo por regiones y municipios del país.
