El abogado Gastón Bordier –uno de los que denunció al polémico ministro de Seguridad de Chubut y a otros miembros del gabinete del gobernador Mariano Arcioni—fue lapidario a la hora de definir los delitos que los funcionarios habrían cometido en la administración de la cuarentena por el Covid 19 en la provincia. No descartó que la mayoría de los miembros de la plana mayor de la policía también terminen imputados.
El letrado considera que al obedecer las resoluciones ilegales creadas por Massoni atentaron contra “los derechos y garantías fundamentales de las personas”, incumpliendo uno de los artículos principales de la Ley Orgánica Policial.
Bordier y su socia Cintya Castro acapararon la atención de los medios en Comodoro Rivadavia después de hacer la presentación denunciando penalmente al controvertido Federico Norberto Massoni, a su mano derecha; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani, quien dicho sea de paso presuntamente borracho destruyó el fin de semana un vehículo oficial en Comodoro.
Al ministro de Salud Fabián Puratich, a la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos y al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini.
A todos los denunció por delitos de acción pública que van desde abuso de autoridad –el menor o menos importante—hasta usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y otros ilícitos aún más graves que involucran hasta posibles maniobras de espionaje ilegal en cabeza de Massoni.
Los denunciantes sostienen que los nombrados cometieron delitos contra el Estado y la ciudadanía chubutense bajo el amparo del gobernador de la provincia.
Hicieron la presentación este miércoles, a media mañana, en la fiscalía a cargo del doctor Héctor Iturrioz, en Comodoro Rivadavia y a la par de la denuncia pidieron una “batería de medidas” que deberían cumplimentarse lo antes posible para que no pierdan su efecto.
“Acá no solo se ha violado los procesos de formación y sanción de las leyes, sino también todos los principios democráticos que nos rigen”, dijo Bordier al hablar de la denuncia contra Massoni y los otros funcionarios del Ejecutivo provincial.
“Esta causa puede tener muchas más aristas porque quien haya acatado estas resoluciones de Massoni (las que fueron invalidadas por una jueza Penal de Trelew) y las haya hecho cumplir también ha incurrido en el mismo delito que Massoni”, aclaró más adelante.
—¿Estamos hablando de la plana mayor de la policía, por ejemplo? Se le consultó. “Por supuesto, porque la Ley orgánica de la Policía del Chubut dice en su artículo principal que lo primero que debe cumplir la policía del Chubut es el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las personas”, explicó.
“Y si reciben una normativa que lo que hace es violar esos derechos y garantías fundamentales ellos podrían haberse negado a hacerlo. Entiendo yo que un funcionario policial de ese elevadísimo rango debe tener interpretación propia para poderle advertir a un ministro que no los haga cometer delitos. Yo como mínimo le exigiría eso a la plana mayor de la policía: tener criterio”, exigió.
Con relación a Puratich –al porqué lo denunciaron también penalmente- Bordier explicó: “Aquí hay que distinguir bien la persona de bien que pueda llegar a ser Puratich con la función pública. Él como funcionario público tiene responsabilidades y debe ser consiente de qué normativas puede y debe cumplir. Aquí lo que se le denuncia es haber violado el orden constitucional y atribuirse facultades que no le son propias”.
“Acá el único habilitado en la excepción, porque está prohibido por la Constitución arrogarse facultades legislativas, más allá del Poder Legislativo; es el gobernador. Ninguno de sus ministros y mucho menos los funcionarios de segundo rango de los Ministerios pueden arrogarse facultades legislativas con el ánimo de legislar para toda la población y esto es algo que Puratich debía conocer”, sostuvo.
Vale recordar que los delitos que se denuncian tienen que ver con una presunta mala administración de la cuarentena, la desobediencia al DNU del Presidente y a una disposición de la jueza Penal de Trelew Mirta Moreno.
Aunque también habría otros ilícitos y más graves. Ahí, aparecerían hechos de espionaje ilegal llevados a cabo por Massoni y su gente en los que estaría involucrado también su cercano colaborador; el subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal Federico Pérez Mariani.
Como ya se informó: los que también aparecen denunciados por una participación casi secundaria en las maniobras presuntamente ilícitas son el ministro de Salud Fabián Puratich y la subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de Salud, Jimena Marcos.
Al ministro de Gobierno y Justicia José María Grazzini, por ejemplo, que también aparece entre los denunciados, le endilgan “no haber cumplido con el protocolo nacional del Covid 19 –tal como se había comprometido delante de la jueza Mirtha del Valle Moreno—y sin embargo habría aceptado la transferencia de la plataforma provincial “Te Cuidamos”, que otorgaba permisos de circulación sin tener competencia la provincia para hacerlo.
La denuncia y sus fundamentos tienen varias fojas y hasta podría convertirse en una “megacausa”, porque los letrados denunciantes dejan lugar para que con la producción de las pruebas que solicitan puedan llegar a sumarse nuevos imputados.
