Al presentar su proyecto de zonificación minera, el gobernador Mariano Arcioni se rodeó del coordinador de Proyecto de Investigación de la Fundación Patagonia Tercer Milenio (Eugenio Kramer); el presidente del Servicio Geológico Argentino, (Eduardo Zappettini); el geólogo Carlos Scatizza (Universidad Nacional de la Plata); el ingeniero Mirco Muñoz (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y la socióloga Natalia Casadidio (Red de Académicos). Lo acompañaron intendentes, jefes comunales, diputados provinciales, legisladores nacionales, cámaras empresarias y algunos representantes gremiales.
Como contraposición a ese combo de legitimación pública, sectores académicos y científicos exponen fuertes posicionamientos que cuestionan la apertura a la megaminería en Chubut. A esa oposición de impronta académica se sumaron la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de Chubut. Se trata de una batalla argumentativa con dispares niveles de visibilidad.
Más de 350 trabajadoras y trabajadores de ciencia y técnica de toda la provincia de Chubut rubricaron el documento elaborado por Becarios de Organismos de Ciencia y Técnica (CONICET, INTA, Universidad, Agencia de promoción científica, Secretaría de Ciencia de Chubut) de Chubut en rechazo a los intentos de zonificación que pretende el gobierno de Mariano Arcioni.
«Estos pronunciamientos alertan en base a datos científicos desde diferentes disciplinas, sobre el alto riesgo asociado a la principal fuente de agua del territorio, así como de los múltiples riesgos socioambientales que afectarían de manera irreversible la salud y la vida de las comunidades y otros seres vivos», sostienen los becarios y becarias en un documento que fue anticipado por El Extremo Sur.
Desde una posición contraria a la que sostiene el equipo disciplinario que acompaña a Arcioni en la embestida, existe un abanico de profesionales y académicos que vienen elaborando documentos y posicionamientos empíricos y con rigurosos conocimientos científicos que están siendo ninguneados por el Estado.
Los precursores de esa apertura sostenida en saberes y conocimientos para ponerla a disposición de la población fueron sin dudas Silvia González, Marta Sahores y Lino Pizzolon, entre los más destacados. En 2002, cuando parecía un hecho la explotación del cordón Esquel, supieron advertir con datos y argumentos acerca de las consecuencias negativas de esa actividad extractiva, desconocida para por entonces para gran parte de los habitantes de la región.
En la misma línea surgió en las últimas horas un fuerte posicionamiento de académicos que cuestionan el intento de avanzar con la zonificación. Una postura que hasta el momento ha sido ignorada por los Estados provincial y nacional. El periodista Luis Clap cita a Rolando González-José, director del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) del CONICET, y su preocupación de que «el plan minero no considere el cambio climático». El biólogo, especialista en antropología, investigador principal del Conicet, manifestó su preocupación por el avance de los proyectos mineros en Chubut. En ese sentido, reveló que ni la comunidad científica ni las universidades nacionales con sede en la provincia -la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Tecnológica Nacional-fueron convocadas para analizar las polémicas iniciativas de zonificación.
González-José alertó sobre las consecuencias de la megaminería en la cuenca del Río Chubut: «Cualquier mala praxis pondría en riesgo el río, sumado a que el cambio climático no es auspicioso, ya que los pronósticos prevén una caída del 30 por ciento del caudal en los próximos años». La zonificación, que fue diseñada por el Servicio Geológico Argentino (Segemar), fue presentada por el Ejecutivo mediante dos reuniones virtuales.
En 2018, frente a uno de los últimos intentos anteriores para avanzar por la zonificación y ante la evidencia de que no se había realizado consulta alguna a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, docentes universitarios de esa casa de altos estudios emitieron un posicionamiento para recolectar adhesiones. A partir de esa experiencia, este año se direccionó el pedido formal a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales quien, a través de su Consejo Directivo, adhirió a un nuevo documento.
Pedido a la Legislatura
Esta iniciativa llegó hasta el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde tras una profunda discusión surgió la redacción de un posicionamiento nuevo de toda la institución a partir de su órgano máximo de decisión; rechazando la zonificación minera.
Frente a este nuevo escenario, los mismos docentes volvieron a generar un posicionamiento que recuerda lo expresado hace dos años, y plantean un franco rechazo a la zonificación minera y agregan un apoyo absoluto a la Iniciativa Popular que lleva el aval de más de 30 mil firmas. En ese sentido, los académicos reconocen la acción democrática de la ciudadanía chubutense y responsabilizan a las y los legisladores por la potencial conflictividad social que generaría una posible aprobación de la megaminería en Chubut.
«Quienes firmamos aquí, solicitamos a la Legislatura del Chubut que no dé tratamiento a las tentativas que impulsan la explotación minera en el territorio y pedimos que, en cambio, atienda la legítima voluntad del pueblo, expresada en la Segunda Iniciativa Popular. Vale apuntar que, hasta la fecha, en el presente período legislativo, es el único proyecto formalizado y público respecto de este tema, por lo que su tratamiento no debería ser postergado para dar lugar a un proyecto también referido a la cuestión minera que ingrese con posterioridad», señala en uno de sus párrafos el documento.
Ese documento señala: «Como científicos rechazamos las intenciones de planificación tecnocrática e impositiva sobre la democrática. Instamos al gobierno provincial a que genere acciones para el desarrollo territorial, potenciando las matrices productivas existentes y resguardando el rico ambiente de la provincia como soporte y medio de las actividades con el que se interactúa para lograr el bienestar humano. Nos ponemos a disposición para trabajar en pos del desarrollo territorial con la participación efectiva de los actores del territorio. Asimismo, y en vista de los hechos de represión ocurridos el 24 de noviembre sobre la Ruta provincial Nro. 1, que son de público conocimiento, repudiamos el accionar violento de las fuerzas policiales que muestra una vez más que la minería a cielo abierto atenta contra el Estado democrático de derecho, instalando no sólo una economía de enclave si no un Estado minero al servicio de intereses foráneos».
El otro posicionamiento que sacudió el escenario fue el documento que emitieron docentes de la Universidad de Chubut, una institución creada por el dasnevismo en el poder cuando -en plena enemistad con el kirchnerismo- montó su propia casa de altos estudios. «Estamos en desacuerdo con el desarrollo minero en Chubut», reza el mismo. Se suman así al sector académico de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Chubut (UTN-FRCh), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), CCT CONICET-CENPAT, INTA, becarias y becarios de Ciencia y Técnica de la Provincia, Filial Valle del Chubut de la Sociedad Argentina de Pediatría y trabajadoras y trabajadores de hospitales públicos.
Dime con quien andas y te diré que negocias
Para sostener esta última avanzada por la minería en territorio chubutense, al gobernador Mariano Arcioni se asoció con un importante equipo de protagonistas que exponen argumentos destinados a conseguir el cometido de habilitar la minería a gran escala.
Esta estrategia argumentativa se puso en marcha luego de que la actual gestión provincial produjera un descalabro financiero y sometiera a los trabajadores estatales con pagos escalonados, dos meses adeudados y un medio aguinaldo aún sin remunerar, además de la profundización del endeudamiento en el que venía cayendo Chubut.
En la presentación que semanas atrás hizo pública al proponer la zonificación, Arcioni se rodeó con el coordinador de Proyecto de Investigación de la Fundación Patagonia Tercer Milenio, Eugenio Kramer; el presidente del Servicio Geológico Argentino, Eduardo Zappettini; el Licenciado en Geología de la Universidad Nacional de la Plata, Carlos Scatizza; en representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el ingeniero Mirco Muñoz, y la socióloga, miembro de la Red de Académicos, Natalia Casadidio. Además lo respaldaron intendentes, jefes comunales, diputados provinciales, legisladores nacionales, cámaras empresarias y algunos representantes gremiales.
El rol del Segemar, un organismo descentralizado de la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se hizo explícito desde hace mucho tiempo. Históricamente contribuyó con la identificación de los bienes naturales como el petróleo en Chubut o en Neuquén, pero tuvo protagonismo en yacimientos como Bajo de La Alumbrera en Catamarca y Cerro Vanguardia en Santa Cruz.
Antes de Zappettini, el gobierno de Mauricio Macri había nombrado a Carlos Cuburu como secretario ejecutivo del Segemar. Fue a comienzos de 2016 y ocupó el cargo hasta mayo de 2019. Cuburu fue gerente de Minera Argenta (Aquiline Resources), la anterior operadora del proyecto Navidad hasta su venta a Pan American Silver en 2009.
Natalia Casadidio, socióloga y gran agitadora contra las asambleas en Mendoza cuando el año pasado se intentó derribar la ley 7722, figura como miembro de Red de Académicos para una Minería Sustentable. Los medios hegemónicos la presentan como una «red de profesionales» de distintas universidades, en una generalización que por vaga resulta incierta.
Casadidio, que vive en Salta y es graduada en la Universidad Nacional de Cuyo, fue catalogada por referentes mendocinos por su escaso rigor sociológico en sus planteos, al remarcar que las fuentes utilizadas para tildar de «ignorancia» a quienes resisten al avance minero en esa provincia cuyana sobre la ley 7722 estaba basada en sondeos realizado en redes sociales. Mendoza, al igual que Chubut, tiene más de 15 años con la coexistencia de actividades formativas sobre la actividad minera y un sólido movimiento socio-ambiental.
El proyecto presentado por el gobierno provincial «no tiene ningún criterio científico ni empírico», señaló recientemente Silvia De los Santos, abogada ambientalista y representante legal de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCH) en declaraciones a Radio 3.
De los Santos sentenció que el proyecto de zonificación es «clandestino», puesto que entre gallos y medianoche fue presentado como contraposición al tratamiento que tuvo la Iniciativa Popular que lleva más de seis años debatida en el seno popular.
Habría que destacar el incumplimiento del Acuerdo de Escazú acerca del acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Es un tratado internacional suscripto por 23 países de América Latina y el Caribe que define protocolos para la protección del ambiente y la participación ciudadana.
El acuerdo de Escazú surgió como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012 y el pasado 24 de septiembre, y Argentina se convirtió en el décimo país en ratificar su vinculación a este pacto regional.
La norma es clara y establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales, que contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud.
El proyecto de zonificación que impulsa el Poder Ejecutivo plantea en su Artículo 41 que las empresas mineras podrían ingresar a las escuelas públicas. De esta manera, el Estado habilitaría que impongan un potencial adoctrinamiento acerca de la mirada que alumnos y alumnas tendrían del proceso que viven en la región. El documento dice textualmente: «Desarrollar planes de capacitación para estudiantes de los distintos niveles escolares en la zona de influencias de las explotaciones, a fin de propiciar la radicación y asegurar la permanencia de poblaciones en las zonas de producción».
Fuente: El Extremo Sur