El gobierno del Chubut envió ayer a la legislatura un proyecto de ley para suspender, por el plazo de seis meses, los aumentos salariales que puedan dictarse en el seno del poder judicial.
El intento es que no se den aumentos por encima de los pactados utilizando acordadas, circulares o disposiciones internas por fuera de los acuerdos que se realizan a nivel central ya que la caja es una sola.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, Carina Estefanía, consideró insólita a la postura del gobierno que viene con notables atrasos salariales y todavía no pagó el medio aguinaldo, con lo cual sospechan que la intención es echarle la culpa a ellos de los severos problemas económicos que tiene el Estado provincial.
De paso recordó que los jueces tuvieron un incremento de apenas el 10% a lo largo de todo el año merced a un sistema de enganche que se estableció con la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Estefanía aseguró que los funcionarios judiciales de Chubut están por debajo de la media nacional en materia de salarios.
Y también aprovechó para quejarse por el proyecto de ley que fue sancionado por la legislatura del Chubut que cambia el mecanismo de enjuiciamiento de funcionarios judiciales en el Consejo de la Magistratura, tomando el modelo nacional y el de otras provincias que está probado, no funcionan bien.
Los magistrados sospechan que los cambios apuntan a sacarle poder interno a los mecanismos judiciales en el proceso de acusación para darle relevancia a los representantes populares, es decir a la política.
«No me gusta decirlo pero le pedimos al gobernador que vete la ley» que, además de ser imperfecta según ellos la perciben, fue inconsulta al poder judicial.
Aclaró que lo aprobado no es el proyecto original que presentaron los diputados, a punto tal que Andrea Aguilera, una de las autoras de la iniciativa, tomó distancia de la redacción que fue modificada en la comisión y se transformó en un texto totalmente distinto al que originalmente se presentó.