“El objetivo es regularizar todo a mediados de 2021”, dijo Arcioni al momento de anunciar el reperfilamiento de la deuda externa provincial, que en este mes de enero ya permitió un primer ‘alivio’, al reducir de 39 a 16 millones de dólares el vencimiento que debe pagar el próximo 26 de enero. La escalera por subir es todavía larga: para cancelar la deuda salarial con los estatales, el Estado necesita 15.000 millones de pesos.
El acuerdo alcanzado para prorrogar los vencimientos de deuda, que originalmente vencía en 2026 y ahora se extendió hasta 2030, es una de las fichas con las que el gobierno provincial apuesta a reencauzar la economía provincial.
Desde el punto de vista político, se ha sacado una “mochila” que hoy todavía cargan, con riesgo de default, provincias como Buenos Aires y Entre Ríos, esta última con una demanda internacional por parte de un grupo de bonistas. A ese panorama adverso se suma la reciente cesación de pagos declarada por Córdoba.
Desde la perspectiva económica, continúa la discusión en torno a las condiciones de la renegociación, a la que se ha cuestionado desde sectores de la oposición (y también desde el oficialismo nacional), con el diputado Gustavo Menna como cara visible, por no haber obtenido una mejora en la tasa de interés.
“No era posible mejorar la tasa, eso hubiera implicado un cambio en las condiciones del bono original y puesto en riesgo toda la negociación”, insisten desde el gobierno provincial, en respuesta a aquellos cuestionamientos. “Tampoco es cierto que haya crecido la deuda, porque eso pasa cuando se capitalizan intereses. En este caso, lo que hay es un interés por el plazo adicional que se ha conseguido hasta 2030”, argumentan desde Fontana 50.
Del otro lado, el cuestionamiento a la tasa del 7,75 por ciento se sostiene con lógica preocupación, considerando que el respaldo de regalías de la provincia podría haber logrado mejores condiciones que ésta. Algo que, parece lógico también deducir, se debió haber planteado en el 2016, al momento de discutir la colocación original del bono, con un antecedente de que tres años antes se había logrado una tasa de sólo el 4 por ciento. No es necesario redundar ahora con un planteo muchas veces formulado desde esta columna: los endeudamientos sin razón demandan una explicación contundente de cara a la sociedad que los está pagando.
Más allá de esa discusión técnica y también política, sobre condiciones que ahora ya no podrán modificarse, lo cierto es que la provincia cuenta hoy con un grado de desahogo financiero que, en principio, debería aprovechar con el fin de regularizar el funcionamiento mínimo del Estado, a partir de regularizar la deuda salarial con los empleados y jubilados del sector público. Así lo anunció el gobernador Arcioni en varias oportunidades. Pagar salarios en tiempo y cancelar las dos masas y media que adeuda es una módica meta de gestión, pero en el incendio de las arcas provinciales del último año y medio, resulta un objetivo inaplazable. La pregunta es: ¿alcanzará?
Un ‘ahorro’ de 2.000 millones de pesos por trimestre
La disponibilidad de dólares que cada trimestre se reservan para pagar los vencimientos de enero, abril, julio y octubre ha significado en este primer mes una masa adicional cercana a los 2.000 millones de pesos, según confiaron fuentes con acceso a los números chubutenses. Con ese recurso se pudo cancelar la masa salarial de diciembre y comenzar con el pago del aguinaldo de junio del año pasado, todavía por rangos.
Una disponibilidad similar se acumulará en los próximos tres meses, ya que en lugar de pagar 38,1 millones de dólares el 26 de abril, el vencimiento será del orden de los 16 millones de dólares. Es decir, un equivalente a alrededor de 2.000 millones de pesos, o unos 700 millones por mes.
Vale recordar que el monto que debe reunir el gobierno para cancelar toda la deuda con los estatales (una masa salarial atrasada para rangos 1, 2 y salud; dos masas salariales para los rangos 3 y 4, además del medio aguinaldo de junio y el de diciembre último) se estima en el orden de los 15.000 millones de pesos.
Cotejados así los números, podría deducirse que el ‘ahorro’ de este año (a razón de 2.000 millones por trimestre) sólo cubriría la mitad de la deuda salarial. En otras palabras, con la renegociación sola no alcanza para poner al día los sueldos.
Lo anterior demanda otra aclaración. Según ha informado el gobierno, el alivio total de la renegociación alcanza los 169 millones de dólares, que dejan de pagarse entre 2021 y 2023, para luego comenzar a devolver desde el año 2026. Es notorio que ese monto total, a la cotización actual, alcanzaría para pagar todos los salarios atrasados. Sin embargo, no debe perderse de vista que se trata de un monto acumulable en tres años, lejos de una disponibilidad inmediata.
Otras piezas del rompecabezas chubutense
La administración de Arcioni necesita de otras piezas, que no maneja por sí mismo, para resolver el rompecabezas salarial. Una, con buenas señales en las primeras semanas del año, se vincula al mercado petrolero internacional. En la medida que el precio del barril de crudo pueda sostenerse en torno a los 55 dólares, la provincia podrá aspirar, en combinación con un recupero de la producción caída el año pasado por la pandemia, a recuperar una bolsa de dólares por regalías más cerca de su promedio histórico, es decir por encima de los 25 millones de dólares mensuales, en lugar de los 20 millones que apenas arañó en la última parte del traumático 2020.
La otra variable depende de la economía nacional. Con el precio internacional de la soja en suba y la presión de los sectores exportadores en contra de la brecha cambiaria (entre un dólar oficial de 85 pesos y un mercado paralelo de 150 pesos o más) no es extraño imaginar que el tipo de cambio oficial pueda modificarse en los primeros meses de este año, aun por encima de lo previsto en el presupuesto nacional.
Así, cada dólar que ingrese por regalías, elevará su valor, como si se tratara de un tubo de oxígeno para una economía en terapia intensiva.
Un tercer elemento sí depende del gobierno provincial, pero requiere de su siempre escasa capacidad negociadora con el poder Legislativo provincial. Es que otra de las fichas que busca jugar el gobierno se vincula a la moratoria de Rentas, a fin de poder recuperar parte de la recaudación propia, que el año pasado cayó en un 30 por ciento. Sobre 21.000 millones de pesos que estaba previsto recaudar en el presupuesto del año pasado, una pérdida del 30 por ciento implica más de 6.000 millones de pesos, si es que son ciertas las menciones que se hacen de forma extraoficial sobre el impacto de la paralización económica derivada de la cuarentena. Así, ‘raspando el tarro’ y con algo de viento a favor, es posible que en la segunda parte del año la deuda interna haya sido saneada.
Claro que no todo se reduce, en una provincia prácticamente paralizada, al pago de salarios adeudados. El presupuesto 2021 tiene una escuálida proyección de obra pública, mientras crece la necesidad de incrementar recursos, siempre escasos, para un sistema sanitario jaqueado por la pandemia.
Además, en la agenda 2021 ya aparece el reclamo de recomposición salarial planteado por dirigentes gremiales estatales. “Sería como cortarse el otro brazo, después de haber amputado el primero”, fue la cruda imagen escuchada en ámbitos oficiales, frente a la expectativa planteada para volver a discutir aumentos sobre sueldos que, a casi dos años de haberlos concedido, aun no se pueden terminar de pagar.
