Rusia tensó este viernes sus relaciones con Europa, al decidir la expulsión de diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por participar en protestas no autorizadas convocadas por los seguidores del opositor Alexey Navalny, una medida que fue cuestionada por los tres países pero que también generó críticas de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso convocó al embajador de la misión diplomática sueca, el encargado de negocios polaco y el enviado de la embajada alemana para expresarles su rechazo por la participación de empleados en «manifestaciones ilegales» en San Petersburgo y Moscú.
«Los diplomáticos que participaron en los actos ilegales fueron declarados personas no gratas, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961», comunicó la Cancillería rusa, que explicó que esos actos son «inadmisibles» y no corresponden a su estatus, por lo que deberán abandonar Rusia en breve.
Las protestas del 23 de enero pasado fueron convocadas en defensa del opositor Navalny, a quien el martes pasado la Justicia le hizo efectiva una pena suspendida de tres años y medio de prisión
El gobierno ruso desplegó a sus fuerzas y varios simpatizantes de Navalny fueron detenidos.
La Cancillería de Rusia expresó además la esperanza de que en adelante las misiones diplomáticas «cumplan estrictamente las normas del derecho internacional».
Las repercusiones
La reacción europea ante la medida llegó de inmediato, no solo de parte de los tres países afectados, sino también de Merkel y de Macron, lo que, claro, le da otro vuelo a la polémica diplomática.
«Consideramos estas expulsiones injustificadas. Creemos que es otro aspecto más que se puede observar ahora mismo de que Rusia está muy alejada del Estado de derecho», indicó Merkel en la conferencia de prensa que compartió con Macrón.
El francés, en tanto, repudió “con la mayor firmeza posible lo que ha sucedido, desde el envenenamiento hasta la condena (de Navalny), y ahora la expulsión de los diplomáticos».
La visita de Joseph Borrell
Un dato central de la jornada, que parece agravar la decisión de Moscú, es que todo ocurrió mientras está de visita en la capital rusa el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que fue informado de la expulsión durante una reunión con el canciller Sergei Lavrov. El vocero del español, Peter Stano, condenó «enérgicamente» la decisión de Moscú y destacó que «debe ser reconsiderada».
Un rato antes, Borell había admitido que la relación con Rusia estaba en su nivel «más bajo» por el caso Navalny, aunque acordó con Lavrov buscar maneras de cooperar.
Pese a las múltiples diferencias, también en la situación en Ucrania, Siria o Libia, Rusia y la UE expresaron su deseo a cooperar «cuando haya un interés común», en palabras de Lavrov.
Borrell citó como ámbitos de cooperación «la cultura, la investigación, el Covid-19 (y) el clima», pero precisó que considera cruciales otros temas como los derechos humanos o las libertades políticas.
Suecia, por su parte, señaló que la expulsión de uno de sus diplomáticos es «completamente infundada» y dijo que así «se lo comunicó a la parte rusa».
El de Borrell fue el primer viaje desde 2017 de una alta autoridad de la UE y el canciller del bloque había defendido esa visita como vía para transmitir de primera mano la preocupación europea por la deriva represiva en Rusia, ante la oposición de los países del Este y los bálticos.
La conferencia conjunta no fue cómoda. Cuando Borrell habló de la situación de Navalny, Lavrov hablo de la violencia policial en países de la UE y trazó un paralelo con el encarcelamiento de los líderes independentistas catalanes en España.
«Están en prisión por organizar un referendo, una decisión que la justicia española no ha revocado pese a que tribunales de Alemania y Bélgica hayan fallado en contra. Ante esto, España ha defendido su sistema judicial y ha pedido que no se dude de sus decisiones. Eso es lo que queremos de Occidente en términos de reciprocidad», argumentó Lavrov.
Frente a la expusión de su representante, Suecia advirtió que «se reserva el derecho a reaccionar de forma apropiada», según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores difundida por la agencia de noticias AFP.
Y Polonia avisó que el incidente puede «profundizar aún más la crisis en las relaciones bilaterales», defendió a su diplomático porque solo estaba realizando «tareas oficiales» y no descartó otras medidas si Moscú no revoca «la decisión errónea».
Las cancillerías de Polonia y Alemania convocaron al embajador ruso en sus capitales para expresarles su malestar.
Navalny ante el tribunal
A Navalny le tocó otra vez este viernes comparecer ante un tribunal, acusado de difundir informaciones «falsas» e «injuriosas» sobre un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial que defendió en un video un referendo de 2020 para dar más poderes a Putin.
El opositor, que podría ser condenado a pagar una multa o a una pena de prisión, había calificado a los participantes en el video de «vergüenza para la nación» y de «traidores».
Durante la audiencia, Navalny, que denuncia una persecución por motivos políticos, acusó a los allegados del denunciante de utilizar al anciano para «ganar dinero a su costa».
Las protestas del 23 de enero fueron convocadas en defensa de Navalny, a quien el martes pasado la Justicia le hizo efectiva una pena suspendida de 3 años y medio de prisión.
El opositor ya pasó 10 meses bajo arresto domiciliario, es decir que, si su apelación no prospera, se enfrenta a dos años y ocho meses de prisión.
Después del juicio, en el centro de Moscú tuvieron lugar concentraciones «no autorizadas», de acuerdo al Gobierno ruso.
Navalny fue detenido el 17 de enero en el aeropuerto de Sheremetievo de Moscú, apenas llegado de Alemania, donde había permanecido desde fines de agosto tras un supuesto envenenamiento en la ciudad rusa de Tomsk.
La detención fue promovida por el Servicio Penitenciario Federal (FSIN), que subrayó que en los últimos tres años, Navalny violó en más de 60 ocasiones los términos de su libertad condicional al no presentarse a revisiones en el marco de un expediente penal por fraude.