Otra vez el controversial ministro de Seguridad violó la Ley que prohíbe entrar a una propiedad privada sin la autorización de un juez; con el agravante de que lo hizo mientras en el lugar se estaba llevando adelante un allanamiento. ¿Qué tenía que hacer ahí Massoni? Nada. Solo alimentar su enfermizo histrionismo y hacer “politiquería barata”, sacándose fotos junto a unas plantas de marihuana que la policía encontró en el lugar.
Hasta el momento no lo han denunciado por “violación de domicilio” y tampoco se ha registrado en la zona alguna presentación pidiendo que se anule el procedimiento.
Comodoro Rivadavia es el único lugar hasta ahora en el que “le han marcado la cancha”. Allí una jueza, la doctora Mariel Suárez le prohibió a Massoni ingresar a las viviendas que ella autorizó allanar en octubre del año pasado para buscar armas y otras evidencias que podían estar relacionadas con unos enfrentamientos a balazos entre grupos antagónicos, que se habían registrado en un barrio periférico de la ciudad petrolera.
La magistrada, haciendo cumplir la Ley, no admitió que el cuestionado y multi-denunciado funcionario provincial hiciera su show en esos procedimientos y lo aclaró posteriormente ante los medios de prensa que fueron a pedirle explicaciones de su decisión.
Es que Massoni, el gobernador o el mismísimo Presidente de la Nación, si se diera la oportunidad; no están autorizados por ninguna Ley para entrar sin la anuencia de un juez a participar de la realización de un allanamiento de morada. Es así de claro. Y menos a hacer una utilización política o proselitista de la diligencia judicial, como acostumbra el ministro de Seguridad en las ciudades de la provincia en donde jueces y fiscales se hacen los desentendidos o miran para otro lado.
Un juez es el único que tiene potestad para ingresar a cualquier propiedad privada y Massoni no es juez, es un funcionario que peligrosamente se excede en sus atribuciones y cae en barbaridades como las que hizo en Comodoro en las últimas horas, en donde mandó al GEOP a romperle las casas a personas que claramente nada tienen que ver con el robo de las vacunas que hubo en el hospital regional. Claro, él no va a pagar los juicios que esa gente buscará, seguramente, hacerle al Estado.
