La megaminería no sólo es sinónimo de contaminación ambiental sino también social e institucional. Lo que está ocurriendo en la provincia de Chubut es una demostración cabal de ello. En Chubut hubo un plebiscito, en 2003 donde el 82% de la población dijo NO a la Mina, y dos iniciativas populares (con decenas de miles de firmas ciudadanas) en 2014 y 2020/2021, en el marco de una lucha popular que lleva más de 18 años resistiendo, activa y de manera informada, las embestidas de la megaminería.
Pese a ello, una vez más, el lobby minero pretende instalarse en la provincia sin licencia social y cometiendo las tropelías institucionales más delirantes, dignas de una republiqueta. Hace unas semanas se conoció una cámara oculta del diputado provincial del PRO, Sebastián López, pidiendo «cien lucas» para actuar en favor del lobby minero. A pesar de lo flagrante y grotesco de la situación, este legislador no sólo no renunció, sino que consumaría su parte del “trato” al votar en la Legislatura provincial en favor del ingreso de la actividad extractiva.
“Por su parte, Leila Lloyd Jones, también diputada provincial, aseguró en un audio -que se viralizó- que la coima a los legisladores en Chubut para habilitar la minería a gran escala “es de 10 millones de pesos”.
Luego ratificó estos dichos en la Justicia, aportó elementos de prueba e incluso señaló al abogado del gobernador Mariano Arcioni, Guillermo Corneo, como el gestor de estas coimas.
Otra diputada, Zulema Andén, dijo a una radio provincial “el pueblo está de pie pero hay plata para comprar voluntad”. El resultado: persiguen a quienes se atrevieron a hablar y amenazan, incluso, con expulsarlas de la legislatura provincial.
Por último, se hizo público otro audio, pero ahora de un gerente de una de las empresas mineras que acechan a la provincia, promoviendo presionar a los dirigentes radicales para que apoyen la entrada de la gran minería.
Todo este manoseo institucional y moral no nos sorprende. En 2014, en otro embate minero, se viralizó la fotografía del celular de un diputado provincial recibiendo instrucciones de cómo redactar una ley de parte de un CEO de una transnacional minera, en plena sesión parlamentaria. En Chubut las grandes mineras, literalmente, pretenden redactar las normas.
Y frente a la evidente falta de licencia social y las crecientes movilizaciones, en su desesperación, el poderoso lobby minero busca engañar a la población tergiversando información y falseando argumentos. Doctrina del shock (crisis provocadas o exacerbadas para imponer modelos que suponen altos costos para los territorios y la población), activos Trolls en redes sociales, fakenews, e incluso costosas “publinotas”, en medios provinciales y nacionales, forman parte del arsenal del embate minero.
En una misma semana, dos canales de noticias nacionales contaron exactamente la misma «historia» sobre Chubut. Y el libreto de esa «historia» es puntillosamente el mismo que cuenta la transnacional minera y su lobby. La conclusión es clara: “Pauta minera mata periodismo independiente”.
También se detectó una publicidad recurrente, que aparecía en las webs y redes sociales de Chubut, donde supuestos vecinos de la provincia se mostraban abiertamente favor de la gran minería (autopresentados como «vecinos de la meseta»).
Una investigación de las asambleas locales descubrió que, en realidad, tanto el dominio de la página web referenciada, como las publicidades en las redes sociales, pertenecían y eran un invento de una consultora publicitaria de la ciudad de Buenos Aires que se jacta, en su presentación comercial, de tener como cliente a la minera Panamerican Silver, empresa que desde hace años busca ingresar en la provincia.
Lobby minero
Si el lobby minero busca violentar procesos ciudadanos, compra abiertamente a políticos y legisladores y genera una campaña mediática a su medida, todavía sin haber entrado a la provincia, imaginen qué podrían hacer si estuviesen instaladas.
Pero si todas estas cuestiones no fueran suficientes para rechazar a esta actividad es importante recordar que la megaminería, a diferencia de la minería tradicional, es inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar. Esto fundamentalmente por su (enorme) escala y su modalidad de explotación.
En la medida en que la gran minería avanza sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades por la utilización del agua, la tierra, energía y otros recursos.
Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Las tres mineras
Así, por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo; La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86 millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total provincial y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85% del consumo de la energía de toda la provincia.
En materia de explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de 493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país —La Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica— concentrarían un nivel de consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Asimismo no existe en el mundo ninguna región que haya logrado desarrollo socioeconómico con la gran minería (por el contrario).
Pese a las reiteradas promesas, la minería metalífera representa menos del 0,045% de la población económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, país minero, la minería ocupa el 2% de la PEA, contra el 23% agricultura, el 16% comercio y 10% manufactura.
Después de más de 20 años de explotación de la mina La Alumbrera, el paisaje socioeconómico de Catamarca es desolador: Los índices industriales y construcción cayeron y la pobreza es de los más altos nacionales y con la mayor cantidad de población asistida por planes sociales.
En Catamarca, con 25 años de megaminería en la provincia, el 67% de su población económicamente activa tuvo que recurrir al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el 50% en la provincia de San Juan.
Las regalías de la megaminería en San Juan generan menos del 1% del presupuesto provincial. Las regalías del proyecto minero Navidad solo alcanzaría para pagar el 1,6% de los sueldos públicos de la provincia de Chubut. Numerosos investigadores y científicos del Conicet han aportado argumentos en favor de la lucha de los chubutenses.
Es así en todas las partes del mundo: donde hay megaminería hay conflicto social y ambiental y saqueo económico. En Chubut hay un pueblo consciente, muy informado de lo que significa el ingreso de esta actividad en la provincia. Se trata de una de las luchas populares más emblemáticas, añejas y poderosas del país, que siempre ha buscado activar los dispositivos institucionales existentes para expresar la voluntad popular.
Por todo ello, es muy difícil que la megaminería a gran escala ingrese por la vía institucional-democrática. Sin embargo, la embestida minera y la degradación democrática es tal, que lo que sucede en Chubut nos advierte con claridad de un peligroso proceso de pérdida de ciudadanía. Si como argentinos no queremos que en nuestro país ciertas provincias se conviertan en mineralo-estado, donde el poder político sea hablado por la minería transnacional, debemos respetar las voces de la ciudadanía, que por la vía pacífica e institucional vienen diciendo que en Chubut NO hay licencia social para la minería.
Fuente: El Perfil
