Lo sostuvo el fiscal Marcos Nápoli, en diálogo con Radio 3, al repasar que la semana que viene comienza el juicio por la causa “Revelación”, una “de las más importantes que tuvo la Provincia”. El proceso se extendería por cerca de 15 días y no descartó que a partir de ésta se abran otras investigaciones por hechos de corrupción. Sostuvo que la Lista de Luthers “se va a exhibir con lujo de detalles”. Al banquillo de los acusados llegan ex ministros del Gobierno y empresarios.
En diálogo con Radio 3, el fiscal del caso “Revelación”, Marcos Nápoli, recordó que el miércoles 17 de febrero próximo está previsto que comience el juicio oral por la causa de corrupción que investigó una red de cobro de retornos de la obra pública.
Repasó que se intentará probar una “asociación ilícita” de la que participaron ex funcionario provinciales y empresarios de la construcción de Chubut, en un proceso que se prevé se extienda por cerca de 15 días, comenzando a las 9 de la mañana y extendiéndose hasta cerca de las 16.
En el proceso las partes expondrán sus teorías del caso, la cual, la de la Fiscalía es la de una “asociación ilícita, de proporciones importantes, donde se dedicaban a recaudar dinero y generar una caja importante para distribuir en sobresueldos a funcionarios”.
Ese dinero “tenía su origen en el pago de empresario de la construcción de retornos o coimas para que se agilice el cobro de las ordenes presupuestario de pago que tenienta los empresarios como acreencias contra el Estado”.
La maniobra, “le deba certidumbre de cobro a los empresarios -y- la posibilidad de cobrar antes que otros empresarios”.
En este contexto, repasó que al banquillo de los acusados habrá casi una decena de personas, ya que si bien en su origen el caso llegó a tener casi 60 empresarios imputados, de los cuales la mayoría fue accediendo a la suspensión de juicio a prueba (Probation).
De esta forma, serán juzgados Diego Correa (ex titular de la Unidad Gobernador), Diego Luthers (ex subsecretario de la Unidad Gobernador), Víctor Cisterna (ex Ministro Coordinador de Gabinete), Pablo Oca (ex Ministro de Economía), Alejandro Pagani (ex Ministro de Infraestructura), Martín Bortagaray (ex Ministro de Familia) y Gonzalo Carpintero Paterson (ex Secretario privado de la Gobernación); y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.
Precisamente, el Fiscal Nápoli se refirió a las Probation a las que fueron accediendo los empresarios, y reconoció que “para administrar mejor los recursos, la Fiscalía eligió direccionar para tratar de enjuiciar a los que mayor responsabilidad tenían en esto, en quienes el pueblo había depositado la confianza y tenían a cargo el manejo de la cosa pública, que son quienes tenían que dar explicaciones de todo este desfalco”.
Sobre este punto, el Fiscal repasó que de acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, el ex ministro Cisterna “era el organizador y luego cuando se aleja, toma la posta Correa y Luthers. Desde allí para abajo se encontraban Carpintero, Oca, Paganía y Bortagaray, entre otros”.
Ante este panorama, Nápoli destacó la labor desarrollada que permitió acceder a “nichos de corrupción” a los que no se había accedido, remarcando que “uno siempre escucha estas cosas, que se pagan coimas; pero escucharlo de primera mano y con los protagonistas, nos dio resultados y nos posicionó de modo tal que llegamos al juicio de una de las causas más importantes que tuvo la Provincia”.
Consideró que la causa, junto con “Embrujo”, tiene que ser el puntapié para mejorar los mecanismos de prevención. “Esto tiene que tener consecuencias en términos de prevención, en cómo hacemos para que esto sea el puntapié inicial para controlar con mayor efectividad los actos de Gobierno”, sentenció.
“Si podemos evitar las consecuencias o el resultado, nos podemos adelantar -y evitar- que los hechos se consumen, que la Provincia entre en un estado deplorable desde lo macroeconómico y que esto genere un impacto fenomenal en todas las áreas del Estado”.
Precisamente, sostuvo que “la corrupción ha sido uno de los puntos que ha influido en el desastre económico que vivimos, pero no el único”.
En otro tramo del diálogo con Radio 3 el fiscal Nápoli reconoció que la calificación de “asociación ilícita” es difícil de probar “porque requiere de ciertos parámetros técnicos y se tienen que demostrar varias aristas para demostrarlo”.
Estas son “demostrar que las personas se pusieron de acuerdo, que el acuerdo tenían como fin cometer delitos indeterminados y que hubo una permanencia en el tiempo. Además, esta comunión requiere de elementos subjetivos –para demostrar la voluntad de formar parte de la asolación, y esto- lo demostramos a través de indicaciones objetivas como los rastros de la comisión delictiva”.
“Toda esta malgama de datos objetivos (reunidos por los investigadores) hacen que podamos probar que estas personas conformaron esta asociación ilícita adrede y con intenciones de cometer delitos”, sentenció.
Finalmente, remarcó que en el proceso se reproducirán y expondrán elementos de importancia como la declaración de Patricio Musante, que declaró que el propio ex gobernador Mario Das Neves pedía los retornos; o la famosa “lista de Luthers”.
Precisamente, sobre la declaración del empresario Musante, el Fiscal subrayó que es importante porque “era el representante de una de las empresas más importantes de la Provincia y tenía cercanía con el Gobernador y las conversaciones privadas”.
En cuanto a la lista de Luthers, “se va a exhibir con lujo de detalles porque en una parte del juicio se trata de validar la lista, para demostrar que son auténticas y los datos son veraces, respecto a que se comprobaron los ítems de las anotaciones”.
“Hemos tomado de la cantidad, una porción para demostrarlas y que con ello las restantes también son verdaderas. En ellas aparecerían muchos funcionarios cobrando sobresueldos y gastos de la secretaria privada del Gobernador y del partido que gobernaba -y- todo eso será puesto de manifiesto en el debate”, apuntó.
Sobre el final, cerró anticipando que del caso se pueden llegar a desprender otras causas. “se pueden comenzar nuevas investigaciones si surge de los testimonios y de las pruebas que se han cometido otros delitos”, sostuvo.
Esto “lo puede ordenar el Tribunal de oficio y es deber de la Fiscalía”.
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