El sábado 13 de marzo el presidente Alberto Fernández visitó la zona de la Comarca Andina afectada por incendios de bosques desde el martes pasado y donde aún hoy continúan focos activos. Donde cerca de 500 viviendas fueron destruidas por completo o tuvieron daños parciales en Lago Puelo y El Hoyo.
Y donde al día de hoy se cobró la vida de dos personas: el peón rural Sixto Garcés y de una mujer de 51 años de Las Golondrinas, que se encontraba internada en Bariloche.
Alberto Fernández en su visita anunció la entrega de ayuda por $773 millones de pesos para las zonas de incendios. Pero las imágenes y la noticia fueron los incidentes que se sucedieron a la salida del centro cultural donde el presidente hizo los anuncios y la conferencia de prensa.
Rápidamente los medios nacionales y provinciales, miembros del Gobierno nacional y provincial y de la oposición acusaron a los activistas ambientales por los hechos y lanzaron una campaña de estigmatización contra quienes en la provincia defienden el agua y se oponen a la megaminería. Así el Diario Jornada en su editorial del domingo acusa al «ambientalismo, la izquierda y un antiperonismo siempre latente».
Ante esta campaña las organizaciones ambientalistas salieron rápidamente a denunciar que los que provocaron los incidentes, los que arrojaron las piedras contra la camioneta donde viajaba el presidente fueron dos policías de la provincia de Chubut que estaban infiltrados en la concentración y que abordaron para escaparse una camioneta Duster patente NZX 682 que pertenece a la División de Investigaciones de la provincia según consta en el Boletín oficial del municipio de Lago Puelo número 27/20, publicado el 17 de diciembre de 2020.
Un coctel explosivo: la visita del presidente, la crisis provincial, el crimen ambiental, la megaminería y las divisiones en el PJ
Como reflejan este domingo diarios y portales de la provincia y también nacionales, la provincia de Chubut concentra una grave crisis económica desde hace 3 años, que el gobernador Arcioni viene descargando sobre los trabajadores y el pueblo, cuya manifestación más clara es el atraso del pago en los salarios a los trabajadores provinciales desde el 2019. Ejemplo de ese ajuste es que le adeudan dos meses de salario a las brigadas de lucha contra el fuego.
A su vez, el gobernador y todas las fuerzas políticas con representación en la Legislatura provincial (24 de 27 legisladores son de distintos sectores del peronismo, todos aliados o integrantes del Frente de Todos) son promineras.
Alberto Fernández -que este sábado intentó despegarse del gobernador- se reunió en enero con Arcioni para apoyar la iniciativa de zonificación minera que habilita la explotación del 70% del territorio a manos de Pan American Silver y otras multinacionales.
En ese marco, la visita presidencial llegó en un momento en donde la bronca social es importante. Los incendios que arrasaron con miles de hectáreas de bosques, cientos de casas y con la vida de dos habitantes de la Comarca, por responsabilidad de los gobiernos que no ejecutan los presupuestos para el plan nacional de combate al fuego y ajustan este sector, son una fuente de enorme malestar.
¿Una provocación de Arcioni y Massoni?
Las imágenes de la patente del auto, el Boletín Oficial de Lago Puelo y la identificación de los policías por las organizaciones ambientalistas -además de que el gobernador llegó al encuentro del presidente Fernández con un micro completo en el que viabaja una patota de la UOCRA- podría abrir una nueva crisis en el gobierno provincial.
Que se trate de una provocación política montada por el oficialismo provincial no es algo a descartar. Al Gobierno de Arcioni le serviría para continuar su línea de criminalización y persecución a los ambientalistas que se organizan en la Unión de Asambleas de la Comunidad de Chubut y que se oponen desde hace 18 años a la megaminería. Se trata de una línea que se puede verificar en los ataques y acusaciones contra las comunidades mapuches por ser los promotores del incendio y así podemos seguir una larga lista de ataques del gobernador y su ministro de Seguridad contra los que luchan y los pueblos originarios.
Estos hechos tienen como marco que el Gobierno quiere aprobar la zonificación minera el 16 de marzo, luego de haber fracasado en su intento del 4 de marzo pasado donde decenas de miles se movilizaron en la provincia, se cortaron rutas y se ganaron las calles al grito de #NoEsNo.
En los próximos días veremos cómo se sigue desarrollando esta crisis política en la provincia. Pero ante estos incidentes crece la idea -como ante los incendios, la crisis económica, social y sanitaria que atraviesa la provincia- es que «Arcioni es responsable».