Mientras el juicio oral que se sigue en la Oficina Judicial de Rawson al ex juez Martín Alesi por una presunta usurpación de cargo permanece en cuarto intermedio, las miradas de abogados, funcionarios judiciales y políticos se dirigen ahora sobre el fiscal Daniel Báez, al revelarse en la audiencia la cacería que parece esto contra Alesi.
Cabe recordar que Báez imputó a Alesi haber ejercido como juez durante el mes de Septiembre de 2019, a raíz de una disposición cautelar del juez laboral de Trelew, Paulo Konig, luego revocada por la Cámara de Apelaciones. La resolución era clara. Alesi quedaba restituido inmediatamente en sus funciones. Pero Báez prefirió al parecer perseguirlo con el supuesto pretexto de que faltaba un acto administrativo del Superior Tribunal de Justicia para dar eficacia a la medida del juez Konig.
La persecución sería ilegítima y encarnizada de Báez contra el ex juez de Rawson contrasta con el rápido cajoneo de causas que aún conmocionan a la sociedad o por ejemplo que no investigue casos de abusos a menores.
“Báez debería estar destituido y procesado por varios delitos cometidos en la función opinan fuentes de Madryn a Cholila Online. Se sostuvo mucho tiempo por el apoyo de un sector de la política, a la que él mismo habría encubrido en sus delitos. También lo apoya el Procurador General Miquelarena. Lo tieneb como la espada de Miquelarena en Puerto Madryn. Baez habria Cajoneado casos resonantes: el descuartizamiento y asesinato de Rodrigo Colihuinca ocurrido en 2012 en Trelew, la corrupción dasnevista en el proyecto Ingentis, y hay serias sospechas por el sobreseimiento a los directivos de ALUAR, a pesar de que pericias probaron que 284 empleados fueron expuestos a sustancias cancerígenas”, afirmó un funcionario judicial off de records a Cholila Online
Hace unas semanas, la referente de la ONG Madres Víctimas de Trata, Margarita Meira, denunció a Báez ante el Consejo de la Magistratura, por omitir acusar en el resonante caso de abuso sexual infantil de Puerto Pirámides, que terminó con una dura condena a la madre de la víctima y a su pareja, gracias a la querella del progenitor del niño abusado. “Estos casos son terroríficos: ¿cómo puede ser que violen niños y un fiscal general mire para otro lado?”, reclamó Meira, reconocida en Italia como mujer del año en 2018 por su lucha contra la explotación sexual.
La tolerancia contra Báez no es casual: el polémico fiscal aprovecha que los medios de comunicación tradicionales no envían periodistas a cubrir las audiencias, sino que se limitan a utilizar como fuente las gacetillas de prensa que emite la fiscalía de Madryn. Son redactadas por Sebastián Torres, ladero de Báez que lo acompaña a todas partes con la misión de retratarlo como un funcionario idóneo, sagaz y comprometido con las víctimas. Nada más lejos de la realidad. “Quiere aparentar ser un fiscal duro, de serie policial estadounidense, cuando apenas es el Stornelli chubutense”, disparó un juez penal de la zona, molesto por el empleo de la comunicación institucional de la fiscalía que suele crear un clima de violencia social contra la judicatura.
Quienes siguen de cerca la causa armada contra Alesi, indican que Báez hizo un papelón en el debate. “Preguntó al Gobernador, al fiscal de Estado, al Superior Tribunal y a la Cámara de Apelaciones si repusieron a Alesi en sus funciones. Demostró que ignora cuál es el organismo competente y la ley aplicable. Son errores direccionales, titubeos, que no pueden pasarse por alto. Cualquier alumno de derecho sabe que una medida cautelar debe cumplirse inmediatamente y no está sujeta en su eficacia a un acto administrativo posterior de otro organismo”.
“Hay algo peor”, indicó una fuente de la fiscalía de Madryn. “El defensor de Alesi mostró la opinión de juristas de todo el país, que indican que la conducta del ex juez no constituyó delito”. Báez apenas pudo replicar que “yo creo que el código penal soporta mi acusación”, sin poder fundamentar cómo esa sola afirmación puede borrar el criterio de grandes profesores de derecho y servir de base para la acusación.
¿Báez se siente perdido? “La política le soltó la mano. En Enero festejó, se rumoreaba que iba a ser propuesto para integrar el STJ. Pero la denuncia de Meira por cajonear la causa de abuso sexual infantil es terrible, y la persecución contra Alesi y el juez Konig hizo que su pliego no pase hoy el filtro de Legislatura” indicó un diputado provincial, quien agregó además que “muchos pensamos que Báez era un fiscal con gran capacidad, pero oscuro como persona, siempre dispuesto a servir intereses de un sector político y de la interna judicial. Creo que nos equivocamos: no tiene ninguna aptitud intelectual, porque viene cometiendo errores procesales de principiante, y se deja usar por la cabeza del Poder Judicial en su cruzada para disciplinar a ciertos jueces independientes, no sabemos si comete estos errores adrede para que muchas causas se cierren sin culpables ¿como habría pasado con el asesinato del empresario pesquero Cacho Espinosa?
En las oficinas de los bloques de extracción peronista de Legislatura, se reconoce que la persecución de Báez contra Alesi y Konig tiene motivos claros: “Eran los únicos jueces de primera instancia de Chubut que podían animarse a poner un freno a la megaminería y hacer lugar a los amparos ambientales”.
No es una opinión aislada. En 2019, el Consejo Económico Social de la CGT regional denunció el “amedrentamiento” de jueces en Chubut, mencionando expresamente a Alesi y Konig, «cuyas resoluciones no convencerian a la corporación judicial condicionada por los intereses políticos». Alertó que a través de las “maniobras burdas de criminalización” por parte de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, “se buscaria atemorizar a los magistrados que actúan en medro de las garantías constitucionales”. El Consejo instó a la comunidad a estar alerta “ante la grave afrenta a la Constitución Provincial y al sistema demócrata», y señaló que “se busca remover a los jueces independientes que podrían intervenir en amparos contra la megaminería”.
En esa misma época, el sindicato de judiciales (SITRAJUCH) denunció que el Gobernador Mariano Arcioni y el ministro Massoni actuaban “contra jueces como Martín Alesi y Paulo Konig, que se destacan por resolver los casos que se les plantean de acuerdo a las Constituciones Nacional y Chubutense y los tratados Internacionales de DDHH; porque a Arcioni y a sus colaboradores, no les interesa el buen desempeño de la administración de Justicia. Buscan que nadie se anime a plantear la inconstitucionalidad de la precarización y regresividad de derechos que contienen sus políticas”.
Las internas judiciales, el disciplinamiento a los jueces, la instalación de la megaminería en Chubut a pesar de la oposición de la gente, y el claro mensaje a los magistrados de la cacería que les espera si intentan frenar la agenda de las empresas mineras que promueve el Gobernador, se entrecruzarian en el juicio penal que habría sido montado por el fiscal Báez contra el ex juez Martín Alesi.