La Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, lanzó la convocatoria 2021 para el «Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios», que este año cuenta con una asignación de $60 millones.
A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, se inicia la inscripción para el programa, que entregará recursos hasta un millón de pesos en Aportes No Reembolsables (ANR) para proyectos de capacitación y actividades de formación vinculadas a la economía del conocimiento.
Según informó el ministerio a iProfesional en un comunicado, las propuestas deben ser presentadas a través de los gobiernos locales, en conjunto con entidades productivas o educativas, por medio de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD), las cuales serán calificadas y aprobadas por la Subsecretaría de Economía del Conocimiento; los recursos asignados se pueden repartir en uno o varios proyectos, con una duración máxima de seis meses. La convocatoria estará vigente hasta el 31 de agosto o hasta agotar el cupo presupuestario asignado, lo que ocurra primero.
Tras el éxito alcanzado en la primera convocatoria desarrollada en 2020, en la que se asignaron más de $41 millones en ANR a 152 proyectos de capacitación en todo el país en actividades como impresión 3D, despliegue de fibra óptica, desarrollo de videojuegos, big data, software, industria 4.0 y producción audiovisual, entre otros, se decidió ampliar la cobertura del programa además de municipios, a comunas, provincias, y la ciudad autónoma de Buenos Aires.
El programa se creó con el objetivo de fortalecer las economías locales mediante asistencia financiera a las administraciones municipales para el desarrollo de capacitaciones y actividades de formación vinculadas a la economía del conocimiento, la transformación, reconversión tecnológica y desarrollo de la industria 4.0, que respondan a las demandas para fortalecer el desarrollo local y contribuir a la reactivación del entramado productivo.
Se enmarca en el «Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0» del Gobierno nacional, para alinear los factores productivos y promover la incorporación de tecnologías 4.0 al entramado productivo nacional, a fin de estimular el sostenimiento y la creación de empleo calificado, e incrementar la productividad del orden federal.
Reclamos de empresas por la economía del conocimiento
La publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 4949/2021 de la AFIP representó un avance en la reglamentación de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), sancionada y reglamentada en 2019, pero luego suspendida por administración Fernández en febrero de 2020, antes del inicio de su vigencia.
«La habilitación del proceso de inscripción por parte de AFIP era uno de los pendientes que, en el caso de las empresas informáticas, ponía en pausa el acceso a beneficios devengados desde enero de 2020 a más de 400 empresas», explicó Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, una entidad conformada por empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento, relacionadas con los mercados externos.
Según informaron desde esta entidad a iProfesional, el próximo paso que aguardan en «el proceso de recuperación de los beneficios devengados» es que «las empresas interesadas puedan acceder al TAD -sistema de Trámite a Distancia- para presentar su solicitud». Se trata de una instancia técnica que en Argencon se espera que ocurra a la brevedad.
De esta forma, las empresas que demuestren el «normal cumplimiento de sus obligaciones fiscales y previsionales» quedarán en condiciones de efectivizar beneficios devengados, a su valor nominal.
La misma disposición también inicia el período a partir del cual las nuevas empresas que quieran adherir al régimen promocional de la economía del conocimiento estarán en condiciones de presentar sus solicitudes de admisión. Para ello deberán demostrar el cumplimiento de las formalidades y requisitos exigidos por las normas publicadas a tal efecto:
El Decreto 1034 del Gobierno nacional, del 20 de diciembre de 2020.
La Resolución 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo, del 13 de enero de 2021.
La Disposición 11/2021, de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, del 12 de febrero de 2021.
«Este es el inicio de un proceso para impulsar a todas las industrias del conocimiento. Dada la amplitud de las actividades promovidas y las características específicas de cada una de ellas, estimamos que en el futuro la autoridad de aplicación, con quien mantenemos un diálogo abierto y fluido, irá publicando nuevas regulaciones que tipificarán con mayor precisión el sistema de requisitos que impone la Ley», estimó Galeazzi.
Otra característica del nuevo régimen es que el beneficio que se otorga a las empresas que operan en el mercado local es mayor que el de las exportadoras, ya que el bono de crédito fiscal que se establece solo puede aplicarse a la cancelación de impuestos de la propia empresa. Resulta estéril para muchas exportadoras que no acumulan una posición de IVA suficiente sobre la cual hacer efectiva la totalidad del beneficio.
Respecto de las previsiones de cuántas empresas se acogerán al régimen de promoción y cuándo, desde Argencon admitieron que es difícil hacer estimaciones precisas debido a que las empresas están en pleno análisis del balance entre los costos operativos, requerimientos y beneficios del régimen.
Sin embargo, a modo de referencia, vale este dato: en los 15 años de vigencia de la Ley 25.922, de promoción del software, se acogieron al beneficio poco más de 400 empresas.
Desde la Cámara de Industria Argentina del Software (CESSI), estimaron que hay 475 empresas del sector que realizan una transición de la Ley de Promoción del Software a la LEC y coincidieron con Argencon que estas compañías necesitan que se formalice el Trámite a Distancia.
«El mundo IT espera que la LEC pueda estar operativa de manera rápida y eficiente», advirtió esta cámara. «Queremos que este régimen funcione y estamos trabajando en conjunto para lograrlo. Le agradecemos al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación por la comunicación fluida que venimos manteniendo. Este ida y vuelta facilita el trayecto hacia un mejor camino, que garantizará que haya muchas empresas promovidas en el próximo plazo», afirmó Sergio Candelo, presidente de CESSI.
Exportaciones en caída
Mientras se aguardan estas medidas, se conoció un informe de Romina Gayá, economista especializada en economía del conocimiento y tecnología, que advierte que durante 2020, las exportaciones argentinas de servicios basados en el conocimiento (SBC) disminuyeron 6,5% en términos interanuales (i.a.) y se ubicaron en u$s5.650 millones, lejos del máximo de u$s7.147 millones de 2017. Las importaciones de SBC sumaron u$s5.340 millones (-0,4% i.a.) y el superávit (u$s310 millones) fue menos de la mitad que el de 2019, según este informe.
A pesar de la caída, el desempeño de las ventas externas de SBC fue mejor al de las exportaciones de bienes y otros servicios (viajes y transporte) que se vieron más afectados por la contracción de la economía mundial y las medidas de aislamiento adoptadas en el marco de la pandemia del coronavirus.
En este contexto, los SBC ganaron relevancia en las exportaciones totales (8,8%) y fueron el tercer mayor complejo, después del cerealero y el oleaginoso, destaca el informe de Gayá.
La contracción de las ventas de SBC al exterior se produjo por tercer año consecutivo. No obstante, durante 2018 y 2019 «la baja se explicaba principalmente por la depreciación del peso que reducía el valor en dólares de la facturación externa, aunque en términos reales seguían en aumento (especialmente en software y servicios de informática)», apuntó la economista.
En 2020, en contraste, «también disminuyó el volumen exportado, en un contexto de recesión global, pandemia y medidas con fuerte sesgo exportador como el cepo y la brecha cambiaria, los derechos de exportación y la incertidumbre regulatoria que imperó hasta la reglamentación de la ley de economía del conocimiento a fin de año», advierte el informe.
La baja de las ventas al exterior fue generalizada en todas las grandes categorías de SBC. «Los servicios empresariales, profesionales y técnicos (u$s3.417 millones) fueron el rubro donde se registró la menor caída (2,4% i.a.), pues los más relevantes -servicios jurídicos, contables y de administración- se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior», señaló Mayá. Las exportaciones de software y servicios de informática (SSI) retrocedieron 7,9% i.a. durante 2020 y se ubicaron en u$s1.670 millones.
A pesar de ello, el sector continuó creando empleo: «en el tercer trimestre de 2020 (último dato disponible), la cantidad de asalariados registrados en el sector privado había crecido 3% frente a igual período del año anterior (3.300 nuevos puestos de trabajo), mientras el empleo se contrajo 4,2% en SBC en general y 5,3% en el total de la economía», subrayó la economista.
La facturación al exterior por cargos por uso de propiedad intelectual (CUPI) (derechos de uso de patentes, marcas, derechos de autor, etc. y licencias de reproducción o distribución de software, películas, grabaciones, entre otros) disminuyó 21,4% i.a. durante 2020. Las exportaciones de servicios personales, culturales y recreativos (SPCR) -categoría en la cual sobresalen los audiovisuales- retrocedieron 23,5% y se ubican en el menor nivel de los últimos cinco años, advierte el informe.
