Con la firma de las Dras. Verónica Heredia y Marisol Carmona, la trabajadora judicial, Gisela C. presentó una demanda contra el estado provincial, por cesantearla en pandemia, y ejercer violencias varias contra ella.
En el Superior Tribunal de Justicia, se efectuó la presentación de dos escritos, una demanda, y una medida cautelar innovativa. En ellos, las letradas, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad, la nulidad, y la contravencionalidad de las resoluciones administrativas y el Acuerdo Plenario que se llevaron adelante y terminaron con la cesantía de Gisela.
Entienden que durante el proceso sumarial llevado a cabo únicamente por varones, se violentó y vulneró el derecho a defensa, al debido proceso, y el derecho a decisiones de las autoridades con perspectiva de género. A Gisela «se la discriminó laboralmente, y se la castigó por ser madre, y maternar en pandemia. Se criminalizó la protesta social, y se violentó el derecho a huelga, el derecho a vivir sin violencias. Estas decisiones e instrucción sumarial se llevaron adelante en momentos de gravísima crisis económica provincial, con tres meses de atraso en los pagos de salarios a empleados judiciales, y en un contexto de crisis sanitaria mundial por la pandemia del Covid 19 viviendo en aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). Razón por la cual se habían emitido Decretos tanto por el poder Ejecutivo nacional, como por el ejecutivo provincial, estableciendo la prohibición de despidos hasta Diciembre de 2021. Además, existía en la provincia un Acta Acuerdo, firmada el de 12 de marzo de 2020, suscripta por el SITRAJUCH con las autoridades del Poder Judicial, en el marco de la crisis económica y la falta de pago de salarios, establecía la concurrencia mínima para cada organismo, habilitando a sus titulares a disponer la dotación de personal, agotando los mecanismos de consenso a tal fin.
Se la juzgó por estar a cargo de los cuidados de su hija, se la dejó sin trabajo ni salario, y se la estigmatizó en una sentencia que fue difundida por los multimedios locales, por ser una ‘ñoqui’ del Estado. Se construyó sobre Gisela una denuncia arbitraria, a través de un proceso sumarial inconstitucional, que la acusa de inasistencias durante días de medidas de fuerza, en el que el sumariante, desestima todas las pruebas aportadas por su defensa.
Existen pruebas de que G.C. estaba sufriendo maltrato laboral, y probanzas que no existieron las inasistencias que se le adjudicaron, que Gisela mantuvo siempre informados a sus superiores de la situación personal, y que lo sucedido se origina en el marco de una situación de hostigamiento y violencia laboral denunciada por los trabajadores de los Juzgados donde prestaba servicio». Por todo ello la representación letrada planteó una medida cautelar innovativa hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En la misma, solicitan que se la reintegre a su puesto laboral, ya que la decisión la ha dejado desempleada, y sin sus ingresos salariales, que son de carácter alimentario.
“Ahora deberá conformarse un tribunal, y decidir en primera instancia, respecto a la medida cautelar, para la cual, los plazos son breves”, expresó ante las puertas del STJ la abogada Marisol Carmona.
Convocados por la Comisión zonal del Sindicato de Trabajadores Judiciales Sitrajuch Puerto Madryn, acudieron a acompañar a la trabajadora y la letrada presente: Claudia Barrionuevo Secretaria Gremial de Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CCTA) de Chubut, representantes de la ONG Instituto de Integración y Desarrollo Social, jubiladas judiciales, compañeras/os de trabajo de diversas localidades, y actuales representantes de la Comisión Directiva y la zonal Rawson de Sitrajuch. También manifestaron su solidaridad con la demanda, diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles, sociales y laborales nacionales y de la región.
La demanda refiere al incumplimiento de los principios básicos del derecho laboral, como mediación previa, aplicación de la ley más benigna al operario, gradualidad en las sanciones, etc. se suman la violación al derecho al debido proceso, al estado de inocencia, a la defensa en juicio, a la paridad de armas, a contrarrestar la prueba de cargo, a las decisiones de las autoridades con perspectiva de género, a la no discriminación laboral por tener una hija al cuidado, al trato digno, al honor, al trabajo, al salario, a la estabilidad del empleo público, a agremiarse, al derecho de huelga, a la familia, de la mujer, de la niñez, al derecho a vivir sin violencia. Por todo ello, el caso constituye un grave atentado contra los derechos de todos y todas las trabajadoras en la provincia, contra las infancias, contra la inclusión de la perspectiva de género en el abordaje de las causas judiciales. Expresa que Gisela, empleada ejemplar, trabajaba desde hacía 11 años en el poder judicial de Chubut, concursando cada categoría de ascenso, encontrándose en lista de mérito para un cargo de Prosecretaria a mediados de agosto de 2021, cuando los jueces de los juzgados laborales de Trelew le iniciaron el sumario.