La muerte de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió asesinado por su madre deja en evidencia que la Justicia llega tarde en los casos de violencia familiar. «La Justicia no escucha a los chicos», reclaman desde Infancia compartida.
Lucio Dupuy tenía 5 años. Murió el viernes a la noche en un hospital de Santa Rosa (La Pampa) al que llegó desvanecido de dolor. Su mamá, Magdalena Espósito Valenti (24), y su novia, Abigail Pérez (27), fueron detenidas y trasladadas a la comisaría tras el hecho ya que el pequeño presentaba politraumatismos y lesiones de larga data. Lucio fue asesinado a golpes.
Enseguida comenzaron a circular pruebas de la violencia a la que Lucio había sido sometido durante meses. El abuelo de Lucio declaró en el velorio del pequeño que «la propia madre y su pareja lo mataron, lamentablemente estas mujeres, estas cosas mataron a mi nieto a golpes”, agregó sin dudarlo.
Christian Dupuy, el papá de Lucio, le dedicó unas palabras a horas del entierro. «Me dejas con el alma rota buscando ‘el porque’ de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio…. tenías miedo y yo no me di cuenta», dice la conmovedora carta en la que le pide perdón al pequeño Lucio por no haber llegado a tiempo y no haber podido hacer nada.
El mensaje es doloroso. Y al mismo tiempo que exige justicia por Lucio, lanza un pedido a la Justicia para que no haya más «Lucios». El caso puso en debate las grietas de la justica en un tema tan esencial como la protección de los niños, niñas y adolescentes y dejó al descubierto las fallas del Estado en casos de violencia intrafamiliar.
«La puerta que este doloroso y lamentable caso nos abre es reclamar bien fuerte en esta coyuntura por una justicia que escuche inmediatamente a la infancia en un contexto pericial al momento de la denuncia y pericie a los referentes afectivos más cercanos en menos de 48hs», exigen los padres y madres de Infancia compartida. una organización creada en 2020 a partir de la explosión de casos de obstrucción de vínculo o impedimento de contacto.
Según Pablo Mangiarotti, la «nutrición afectiva» es un derecho de la infancia. Y la obstrucción de vínculo atenta contra el niño. «Se hace una utilización perversa de las herramientas que provee el estado», afirma y declara que en un 30% de los casos es la mujer la que pierde el derecho de ver a sus hijos. Adjudica el problema a las fallas en la justicia.
En primer lugar, declara que hay un alto porcentaje de denuncias de violencia y abuso que son falsas. Ante esta problemática, lanza una queja que llama a la acción urgente: «La justicia no escucha a los chicos», dice y sigue: «Tanto si la denuncia de maltrato es real como si es falsa hay un chico dañado atrás». En el primer caso, el daño o maltrato es evidente. En el segundo, según Mangiarotti, posiblemente haya manipulación y obstrucción de vínculo, dos actitudes que vulneran el derecho del niño a tener contacto regular con ambos progenitores.
Como ejemplo, Mangiarotti recurre a una de las historias que confluyen en el caso de Lucio. «El tío relató que tenía la tutela del chico, la mamá se arrepintió y en la comisaría le dijo que lo iba a denunciar por abuso si no se lo devolvía», cuenta e insiste con el dato de un estudio presentado por Marta Albarracín, investigadora de CONICET, que señala que dos tercios de las denuncias de violencia y abuso presentadas en contexto de separaciones conflictivas son falsas.
«La justicia falla en todos los aspectos», sentencia el representante de Infancia compartida. «Trada entre 3 y 4 años en resolver una dneuncia que podría ser falsa. Mientras tanto, u padreo una madre queda imposibilitado de ver a su hijo». Señala que es urgente que el Estado establezca protocolos de acción en defensa de las infancias. «Ante una denuncia que involucra a un niño -directa o indirectamente, porque aunque maltrato fuera hacia la madreo el padre el niño lo padece- el juzgado debería escuchar al niño dentro de las primeras 48 horas, quizás grabándolo para tener en el futuro el testimonio sin ‘contaminaciones’. Un cuerpo técnico debería acompañar y evaluar ese testimonio», dice.
«En segundo lugar, deberían ser entrevistados la madre y el padre. Sea quien fuera quien hace la denuncia porque el que primero la hace es quien ostenta cuidados del chico y no se sabe si en realidad es o no el victimario», detalla criticando la lentitud de la Justicia y la dinámica que en muchos casos acaba siendo injusta, en primer lugar, con el niño.
Mangiarotti es contundente al señalar que «lo de Lucio se podría haber evitado. No es cuestión de género: Falta perspectiva de infancia». Y en esta línea, detalla cómo se ignora la Ley 24.270 que exige castigo penal a quien impida u obstruya el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. «Nadie hace caso a esa ley, hubo menos de 30 condenas en casi 30 años. Lo primero debería ser proteger a los niños y cortar el vínculo con sus progenitores es maltrato», sostiene.
Desde la organización Infancia compartida enviaron cartas a Marisa Graham, defensora de los niños, niñas y adolescentes denunciando cómo se vulneran los derechos de más de medio millón de niños argentinos al negarles el vínculo con sus progenitores. Piden, entre otras cosas, estadísticas porque sin ver el problema no hay soluciones posibles. «No hacen más que esconder el problema de chicos vulnerados», concluye.